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Una instrucción con muchas lagunas

El proceso acumula errores y extravíos: partió de una grabación ilegal, las imputaciones se comunicaron con dos años de retraso y no aparecen dos autos de los 'pinchazos' telefónicos

Una instrucción con muchas lagunas

Una instrucción con muchas lagunas

Un proceso judicial que surge de una grabación realizada durante una reunión sin el conocimiento de la mayoría de asistentes, cuyas imputaciones se dan a conocer con dos años de retraso -por culpa, según el juez, de la falta de medios y, sobre todo, de un scanner-, en el que desaparece un auto clave -como es el del permiso para las intervenciones telefónicas-, en el que la Fiscalía pide una investigación para determinar si ese auto fue sustraído y en el que la ausencia de otro auto para autorizar los pinchazos vuelve a poner en peligro el proceso. La instrucción del caso Corredor, llevada por el Juzgado número 1 de La Laguna y que ha pasado por hasta tres jueces, ha sufrido importantes vicisitudes que han puesto en entredicho las garantías de los procedimientos judiciales, la seguridad en la tutela de los documentos, el propio caso en sí y ha puesto en una situación de indefensión a los imputados. Estas son las lagunas:

Grabación ilegal. La pieza principal del caso Corredor, en la que están imputados Fernando Clavijo, candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por CC, y otras 12 personas -entre ellas tres ediles de La Laguna-, parte de una grabación "ilegal" y "manipulada" realizada por un empresario de la noche. Es uno de los principales argumentos que ha esgrimido la defensa de Clavijo para pedir la anulación de las escuchas al entender que vulneraron los derechos fundamentales del alcalde lagunero.

Carlos Calderón, que era dueño del pub Sketch, situado en la zona de marcha de la ciudad universitaria conocida como cuadrilátero, denuncia ante la Policía en 2008 y luego ante la Fiscalía un año después que un agente municipal le ha pedido dinero para obtener favores en el control de los horarios. Asimismo, acusa a los responsables municipales, entre ellos a Clavijo, que entonces era concejal de Seguridad, de favorecer a determinados empresarios de forma ilegal, en especial a Evaristo González, principal imputado del caso. La denuncia se fundamenta en una grabación obtenida durante una reunión de Calderón con Clavijo y otros responsables municipales, sin que estos supieran que el empresario llevaba una grabadora oculta.

La defensa de Clavijo, además, aclara en su recurso que esa conversación tuvo lugar en 2005, es decir, cuatro años antes de que Calderón la llevara a la Fiscalía, así como que el hombre que lo acompañaba, el periodista Isaac Tacoronte, aclaró en una declaración ante la Policía que pudo ser manipulada. Incluso, la defensa del alcalde recuerda que ya Calderón intentó usar esa grabación en un pleito con el Ayuntamiento por una sanción contra el pub de su propiedad, en 2007, pero que el juez la descartó porque "suponía una grave intromisión en los derechos fundamentales" de Clavijo y los otros representantes municipales intervinientes.

Imputaciones con dos años de retraso. La tardanza del juez César Romero Pamparacuatro a la hora de emitir el auto de las imputaciones, que él mismo reconoce y atribuye a la falta de medios, hace que Fernando Clavijo sea acusado de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación apenas 63 días después de que el Consejo Político de Coalición Canaria lo designara candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Clavijo es elegido el 12 de septiembre de 2014 y Pamparacuatro firma el auto de las imputaciones el 13 de noviembre. En el documento, además, el propio titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna reconoce que si no hubiera sido por la falta de recursos, las imputaciones se habrían dado a conocer alrededor de dos años antes, en julio de 2012, cuando ha pasado un año de las últimas escuchas que realiza la Policía. Fernando Clavijo habría tenido tiempo suficiente para defenderse y tratar de evitar que el caso salpicara su candidatura pero le golpea de lleno en el momento más inoportuno posible.

También causa enorme sorpresa que el juez cargue en ese mismo auto contra el Gobierno de Canarias por no haberle dado los medios necesarios para llevar este y otros procesos, y detalla que la falta de un scanner le impide respetar los tiempos normales del procedimiento. El Ejecutivo rechaza la denuncia de Pamparacuatro y algunas instancias judiciales tildan de disparatado que el magistrado introdujera estas quejas en el mismo documento en el que detalla los posibles delitos cometidos, cuando debía resolverse al margen de esta instrucción judicial, ante los órganos correspondientes y por las vías establecidas para este tipo de reclamaciones.

Desaparece el auto que autoriza las escuchas. El caso Corredor da otro giro inesperado el 17 de diciembre cuando la opinión de tenerife adelanta que ha desaparecido el auto judicial que autorizó las intervenciones telefónicas de algunos de los imputados, un documento clave sin el cual se cae todo el proceso. El 21 de abril de 2010, la juez que abre el proceso a instancias de la Fiscalía, María Vega Álvarez, en ese momento titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, autoriza a la Policía pinchar los teléfonos móviles y fijos de, entre otros, el empresario y abogado Evaristo González y el propio Clavijo.

La secretaria del juzgado aclara el 25 de noviembre que ese auto ha desaparecido de los folios del sumario "por causas absolutamente desconocidas e inexplicables", motivo por el cual Pamparacuatro se ve obligado a ordenar su reconstrucción. La Fiscalía defiende que se puede reconstruir y, por tanto, validar las escuchas porque recibió su notificación y figura en el sistema Atlante de registro digital. Aclara, además, que se puede hacer sin necesidad de que esté o no firmado por la juez María Vega pues con su notificación es suficiente. Las defensas de los imputados, sin embargo, solicitan la anulación de las escuchas y algunas de ellas apuntan a que ese auto no aparece porque no existió.

El robo del documento. Pero aquí no iban a quedar las vicisitudes de la instrucción. Analizando algunas de las escuchas, la Fiscalía encuentra indicios de que el principal imputado, Evaristo González, acusado en este caso de múltiples y graves delitos -robo con fuerza, blanqueo de capitales, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales...-, puede estar detrás de la sustracción.

No es la primera vez, además, que sobre Evaristo González sobrevuelan las sospechas de irregularidades en los procesos judiciales contra él -ha tenido otros anteriormente que incluso le llevaron a prisión preventiva, como también ocurrió en el caso Corredor- y de tener contactos en los juzgados dispuestos a hacerle presuntamente trabajos sucios. La fiscal anticorrupción, ante estos indicios, pide el 28 de diciembre que se abra investigación sobre esta supuesta sustracción del auto de las escuchas, que Evaristo González niega. La provisionalidad de la sede de los juzgados laguneros, en un edificio alquilado y sin todas las garantías de seguridad, a la espera de que se concluyera el Palacio de Justicia de la Plaza del Adelantado es otra razón que puede explicar la posible sustracción del permiso.

Un segundo auto desaparecido. No era el único auto que iba a causar problemas ni María Vega y César Pamparacuatro, los únicos jueces que iban a participar en la instrucción. Justo el mismo día que María Vega autoriza las escuchas en el auto desaparecido, el 21 de abril de 2010, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica que la juez dejará el Juzgado de Instrucción número 1 para pasar al Juzgado número 1 de Menores de Santa Cruz de Tenerife. Entre que Vega se marcha y César Romero Pamparacuatro es designado, el 20 de agosto de ese año, su sustituto al frente del Juzgado lagunero hay una juez provisional, Matilde Flores. Esta toma el testigo de Vega y renueva mes a mes las escuchas, a petición de la Policía que investiga el caso, a través del correspondiente auto y los oficios de la secretaria judicial, papel que luego pasa a hacer Pamparacuatro, extendiéndose las escuchas durante alrededor de dos años.

Pero uno de esos autos de Matilde Flores no aparece en el sumario. Lo advierte Pamparacuatro el pasado día 5 en una providencia, en la que abre la puerta a las partes a pedir la anulación de esas escuchas en concreto, las efectuadas entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre de 2010. La juez sí firma el documento para autorizar otras averiguaciones -los requerimientos a varias empresas para que aporten información sobre viajes y actividades económicas de algunos de los investigados- pero no la de las escuchas. La Policía Nacional las lleva a cabo porque recibe un oficio de la secretaria judicial que las autoriza pero es imprescindible el aval de la juez para que tengan validez en el proceso. Es probable que la juez las permitiera verbalmente a la secretaria judicial pero se olvidara de añadir el auto correspondiente. Además, eran sus últimos días como titular provisional del Juzgado de La Laguna. Pero fuera por lo que fuera, la falta de ese documento puede desembocar en la invalidación de esos pinchazos telefónicos.

La última laguna. Según todas las fuentes judiciales consultadas por este diario, el magistrado César Romero Pamparacuatro debía haber revisado todo el proceso y advertir de todas estas cuestiones a las partes antes de imputar a nadie. Hubiese sido lo normal en esta instrucción judicial, para así salvaguardar las garantías procesales.

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