El informe sobre la Comunidad Autónoma de Canarias realizado por la Audiencia de Cuentas para el año 2013 concluye que tres empresas públicas isleñas recurrieron al endeudamiento sin contar con la preceptiva autorización. Se trata de Gestión del Medio Rural de Canarias (GM Rural), Gestión Urbanística de Las Palmas (Gestur Las Palmas) y Gestión Urbanística de Tenerife (Gestur Tenerife). El Ejecutivo regional regularizó las operaciones a posteriori.
El órgano fiscalizador detalla que en ninguno de los casos existía la autorización a que obliga la Ley de Hacienda Pública de Canarias en su artículo 94, trámite preceptivo "para la realización de operaciones de endeudamiento".
GM Rural renovó pólizas de crédito con entidades financieras por un montante total de de 1,9 millones de euros. En operaciones de idéntica naturaleza, Gestur Las Palmas alcanzó los cuatro millones de euros. "Además, para esta última, el límite autorizado inicialmente era de 1,6 millones", reza el texto del documento de la Audiencia de Cuentas remitido al Parlamento de Canarias, que, sin embargo, detalla que al final del ejercicio fiscalizado "no se había superado" dicho tope.
Además, Gestur Las Palmas percibió "préstamos de sus accionistas". La Administración Autonómica le inyectó 6,9 millones de euros, los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura, 654.840 euros, y Visocan, otros 76.840 euros.
Retornando a los endeudamientos sin autorización, Gestur Tenerife constituyó un préstamo a largo plazo por valor de tres millones de euros. A pesar del incumplimiento del precepto establecido en la Ley de Hacienda Pública Canaria, en este caso la mercantil pública tenía "informe favorable de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera" del Gobierno canario.
Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda reconocieron tener conocimiento de este hecho en el momento en que se produjo. La omisión del trámite preceptivo la explicaron por la necesidad de aprovechar el momento en que se abrió una ventana de financiación con condiciones ventajosas.
El respeto total del trámite habría supuesto la pérdida de la oportunidad, por lo que el departamento que dirige Javier González Ortiz optó por acelerar la consecución del capital en los mercados mientras, en paralelo, se daban los pasos necesarios para dar cobertura legal a la operación.
De ese modo, cuando la Audiencia de Cuentas revisó los números se encontró con el déficit formal, que fue reparado en los primeros meses de 2014 e, incluso, "pasó por el Consejo de Gobierno", detallaron las mismas fuentes.
En 2012, la Consejería de Economía y Hacienda determinó que todas las empresas públicas de la comunidad autónoma elaboraran planes de viabilidad que garantizaran el saneamiento de sus cuentas y, por tanto, su contribución a la consecución de los objetivos de déficit que marca Madrid.
Fuentes del Ejecutivo regional reconocen que a lo largo de 2013 fue necesario estrechar la vigilancia para evitar que algunas se apartaran del camino que ellas se habían marcado y que, en la mayoría de los casos, supuso despidos de trabajadores. Sin embargo, el año pasado todas se ciñeron a la hoja de ruta, según las mismas fuentes.
