El Gobierno central rechazó ayer de plano la posibilidad de que Canarias participe en la negociaciones que España entablará en los próximos meses con Naciones Unidas y con Portugal para ampliar la plataforma continental en casi 300.000 kilómetros cuadrados hacia el oeste del Archipiélago y obtener así soberanía sobre el fondo y el subsuelo marinos, así como derechos para la explotación de los posibles recursos naturales existentes, entre ellos gas y petróleo. El Ejecutivo de Madrid entiende que esas negociaciones, de carácter diplomático, forman parte de las competencias exclusivas del Estado y que no afectan de manera directa a Canarias, razón por la que tampoco cabe informar, consultar o pedir opinión a la Comunidad Autónoma.
"Es una competencia exclusiva del Estado y como tal se va a asumir y pedimos que se respete el marco constitucional competencial. Esto es una cuestión tan sencilla como la ampliación de la zona de influencia económica, corresponde al ministerio de Asuntos Exteriores y no hay nada más que hablar", afirmó tajante el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento. Para el gobierno central, se trata de una iniciativa, presentada ante la ONU el pasado 17 de diciembre, que afecta a aguas internacionales y sobre las que el derecho marítimo internacional reconoce para España la posibilidad de obtener la soberanía sobre el lecho y el subsuelo marinos de la plataforma oceánica. Por ello, Madrid entiende que en nada se ve afectado por la nueva ley de Convenios y Tratados Internacionales, aprobada el pasado mes de noviembre y a la que el Gobierno de Canarias apela porque da opción a que las comunidades autónomas puedan intervenir en estos procesos.
Hernández Bento dice que el Ejecutivo canario y su presidente, Paulino Rivero, "quieren hacer creer a toda la ciudadanía de que eso son aguas canarias, pero eso no es así", y señala que "es una pejiguera de la que no se apea" pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional "ya dejó claro" que "no hay aguas canarias más allá de las 12 millas de la costa", en referencia al pleito entre Canarias y el Estado sobre la ubicación de las prospecciones petrolíferas autorizadas a más de 50 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
"No entendemos que sobre esta materia Canarias pueda tener algo que decir, y Andalucía o Extremadura o cualquier otro territorio de España", subrayó Bento, quien aseguró que tampoco Galicia o las comunidades del Cantábrico están participando de las ampliaciones de los dominios marítimos también solicitadas en esas zonas.
El Gobierno de Canarias no esconde que pretende aprovechar la ocasión para abrir un debate más amplio sobre la delimitación de los espacios marítimos del Archipiélago y, al tiempo, desarrollar la llamada ley de Aguas aprobada en el Congreso en 2010 pero sin ninguna operatividad real hasta la fecha. Para el Gobierno de Canarias, esta iniciativa ante la ONU no resuelve ninguno de los pleitos que tiene abiertos el Estado en materia de delimitación de espacios marítimos canarios, y considera que antes de abrir este frente, el Estado debería resolver los que tiene pendientes con Portugal por las Islas Salvajes, y Marruecos por la mediana marítima.
Por su parte, el ministerio de Asuntos Exteriores niega que la ampliación de la plataforma continental haya abierto un pleito con Portugal por el hecho de que una parte de ese territorio marítimo, unos 10.000 kilómetros cuadrados de los casi 300.000 reclamados por España, choque con los dominios reclamados por ese país en la zona.
Fuentes de la Oficina de Información Diplomática aseguran en este sentido que "España empieza ahora una negociación bilateral con Portugal para establecer los límites de cada uno de los países y ese acuerdo se registrará en su día ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU", aseguran en el ministerio. Recalcan que ahora se ha presentado una "propuesta de extensión" de la nueva zona de dominio marítimo español antes de que expirara, el 31 de diciembre, el plazo que se otorgó a España para ello en 2009, cuando se hizo una comunicación previa, y que se informó a Portugal sobre el contenido de esa propuesta.
"Hay voluntad de llegar a un acuerdo sobre el reparto de esa zona", señalan desde el equipo del ministro José Manuel García Margallo, recordando además que "estamos haciendo lo que todos los países ribereños" tanto en relación con la solicitud de ampliar la plataforma continental, como en la búsqueda de acuerdos cuando las zonas de varios países vecinos se sobreponen.
En el mismo sentido se manifiesta Luis Somoza Losada, miembro del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente ahora del ministerio de Economía y Competitividad, y coordinador del equipo científico que ha realizado los estudios geológicos en los que se sustenta la reclamación española. "Lo que se hace es que cada uno de los países hace su propia propuesta de ampliación para iniciar luego una negociación que lo normal es que acabe en un acuerdo para delimitar el espacio de soberanía de cada país", explica este científico. "No es preciso un acuerdo previo, sino que ambos países plantean una reclamación y a partir de ahí se alcanza un acuerdo para delimitar la plataforma de cada país a partir de los puntos equidistantes entre Madeira y La Palma", aclara antes de resaltar que "es una cuestión más técnica que política, aunque ahora se entre en una negociación bilateral entre los dos países".
