Varapalo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al magistrado César Romero Pamparacuatro por utilizar un auto para criticar la falta de medios en los juzgados. El gobierno de los jueces ha querido salir al paso de la actitud del titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna en relación con el auto de imputación del llamado caso Corredor y, sin entrar en las razones objetivas señaladas por el magistrado, le avisa de que "las resoluciones judiciales no son el cauce adecuado para reflejar la carencia de medios". Eso fue lo que hizo Pamparacuatro en su famoso auto del 11 de noviembre, en el que imputaba a trece personas. Entre ellas, al alcalde de La Laguna y candidato de CC a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, al que responsabiliza de los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.
La amonestación al instructor del caso Corredor la decidió la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 9 de diciembre y es una iniciativa considerada "poco habitual" por distintas fuentes judiciales. Aunque no tiene inicialmente efectos disciplinarios para el juez llamado al orden, sí constituye un elemento que incrementa la leyenda de Pamparacuatro como juez controvertido, con algunas instrucciones judiciales que han resultado muy discutidas.
La decisión del Poder Judicial responde de hecho a un escrito remitido el 19 de noviembre por el director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Alejandro Parres García, a través del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste. En él reclamaba amparo por las acusaciones que vertió el magistrado contra este departamento del Gobierno regional responsabilizándolo de los retrasos de las diligencias judiciales. El Gobierno de Canarias solicitó la remisión del escrito al CGPJ para que en su caso "adoptara las medidas oportunas". El Gobierno de Canarias detalló las medidas que había adoptado para atender las peticiones del juez.
Como se recordará, el instructor del caso Corredor levantó una gran polémica porque, aparte de la importancia, el calado y las repercusiones de las imputaciones que hacía, denunciaba con vehemencia en su auto la falta de medios en el juzgado y justificaba el retraso de más de dos años a la hora de comunicar de las acusaciones y levantar el secreto del sumario en la falta de un escáner.
Este retraso ha provocado, entre otras cosas, que la formación política de Clavijo, Coalición Canaria (CC), le haya designado candidato sin conocer una imputación que estaba ya decidida por el juez, pero que no había sido hecha pública, lo que podría influir de manera importante en la campaña electoral en ciernes.
El magistrado dedicaba los siete últimos folios de su auto a justificar el retraso en la publicación de sus decisiones y cargaba directamente contra el Gobierno de Canarias, al que hace responsable de la falta de medios técnicos y materiales para el trabajo de los juzgados.
En particular, apuntaba a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ejecutivo regional como causante de la demora en la comunicación del auto porque "no accedió, a pesar de los numerosos requerimientos y por razones no explicadas, a dotar a este juzgado de los medios que se consideran básicos en el siglo XX".
Como ejemplo de la situación de falta de medios, el magistrado señalaba en el auto que, desde junio de 2012, su equipo había realizado hasta nueve peticiones para que se dotase al juzgado de un "simple escáner" de manera permanente hasta finalizar la diligencia, poder levantar el secreto del sumario y notificarlo a las partes, lo que logró sólo por tiempo limitado y, además, sin conseguir tampoco la asignación de un funcionario para digitalizar los más de 10.000 folios de expedientes administrativos y 80.000 documentos contenidos en el sumario.
Según lo señalado en el mencionado auto por el juez, estas peticiones tuvieron en ocasiones "la callada por respuesta" por parte de la administración autonómica, en otras se respondió que "no existía la posibilidad" de ofrecer el aparato que se solicitaba e, incluso, se llegó a contestar por parte de la secretaria del responsable del departamento que "éste no era motivo para molestarlo".
Distintas fuentes del ámbito de la administración de justicia aseguran que "no es inhabitual" que algunos jueces expliquen en algunos de sus autos las razones técnicas o materiales por las que una determinada diligencia o medida ha tardado en adoptarse, como ha hecho el instructor del caso Corredor, y la repercusión que ello tiene en la instrucción del caso.
Otra cosa es que esas explicaciones deriven en una acusación directa, como hizo Pamparacuatro, contra una institución como causante de esa situación y del consiguiente retraso de la instrucción y de la puesta en conocimiento de las partes de las decisiones judiciales. Esa referencia directa a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia es la que motivó el escrito de protesta por parte del Ejecutivo canario al CGPJ.
En este sentido, cabe recordar que el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, consideró en su momento que la falta de un escáner en el juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna "no puede ser nunca una justificación" para dilatar el levantamiento del secreto de unas actuaciones judiciales. Sobre todo teniendo en cuenta que el juez lo tenía decidido desde un año antes. Añadió que "la falta de un medio no puede restringir el derecho de las partes a conocer el proceso".
