Repsol no halla petróleo y abandona las prospecciones junto a las Islas

Repsol no ha encontrado petróleo en aguas cercanas a Canarias. La multinacional ha hallado gas pero no en cantidades suficientes como para que su explotación sea rentable. La compañía tiene previsto anunciar hoy que el resultado de las muestras obtenidas de los sondeos a 3.093 metros de profundidad es negativo y da por finalizado su proyecto de investigación. Tras dos meses desde el inicio de las prospecciones -el pasado 18 de noviembre- el Rowan Renaissence, buque contratado para realizar las perforaciones en el pozo Sandía, que se encuentra a una distancia de entre 50 y 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, pondrá rumbo a Angola.

Repsol cierra de este modo un complicado proceso que empezó hace trece años desde que, en diciembre de 2001, el Consejo de Ministros le concediera a la petrolera presidida por Antonio Brufau los permisos para investigar la existencia de hidrocarburos frente a las costas de ambas islas. Una autorización que el Tribunal Supremo paralizó en 2004, al dar la razón al Cabildo de Lanzarote y a la agrupación insular del PSOE-PSC de la Isla, que presentaron un recurso alegando que no existía un control ambiental de los trabajos previstos por la compañía.

El asunto quedó paralizado durante ocho años, hasta que en febrero de 2012, José Manuel Soria, un mes después de que fuera nombrado ministro de Industria, Energía y Turismo, anunció que retomaba los permisos para realizar los sondeos, y el 16 marzo el Consejo de Ministro aprobó el Real Decreto que los autorizaba, después de que se subsanaran los defectos de los permisos que se habían otorgado en el año 2001.

A partir de entonces empezó una dura batalla entre el Estado y el Gobierno de Canarias, principalmente, a costa de las prospecciones que se mantiene hasta hoy. Enfrentamientos dialécticos y jurídicos que han puesto en la cuerda floja las relaciones institucionales entre ambas administraciones. El grado de enfrentamiento con el gabinete de Mariano Rajoy y, en especial, con el ministro José Manuel Soria, a su vez máximo dirigente del PP canario, ha sido tal que el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, ha acusado en numerosas ocasiones al Estado de dar un "trato colonial" al Archipiélago, imponiendo unos sondeos a la que la mayoría de los ciudadanos e instituciones de las islas se oponen, por temor "a algún incidente que ponga en peligro la rica biodiversidad de la zona o las costas del Archipiélago, que son el soporte principal del turismo en Canarias".

El presidente regional expresaba así su malestar, una vez más, en la última carta que le envió a Rajoy el pasado noviembre, a punto de comenzar los sondeos en la zona de Sandía, misiva en la que también alertaba de que si el Estado no paralizaba las catas corría el peligro de la aparición de "brotes separatistas" en las Islas.

Las primeras manifestaciones ciudadanas en contra de los sondeos se produjeron pocos días después de que el Estado los volvió a autorizar, en marzo de 2012. Miles de personas se concentraron en todas las Islas, así como en ciudades como Madrid y Barcelona, en protesta por la decisión del Ejecutivo.

Recursos

Mientras, se presentaron distintos recursos del Gobierno, los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y las organizaciones ecologistas alegando riesgos medioambientales y económicos, que fueron desestimados por el Tribunal Supremo, en junio de 2014, después de que el Ministerio de Medio Ambiente calificara como favorable la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por Repsol. Con este informe medioambiental, prácticamente se daba luz verde a los sondeos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

Decenas de miles de canarios volvieron a salir a las calles de todas las capitales isleñas para protestar contra las prospecciones y la declaración medioambiental.

El propio informe del Ministerio recogía que en el peor de los escenarios las costas de Fuerteventura serían las más perjudicadas por un derrame de crudo. No obstante, Soria y el PP canario defendieron en todo momento que el riesgo asociado a los sondeos petrolíferos era mínimo y, en cambio, debía valorarse la repercusión que tendrían en términos de inversión y actividad portuaria y logística, lo que representaría más empleo en el Archipiélago.

En pleno agosto, mes vacacional, Industria concedió la autorización definitiva a Repsol, entre nuevas críticas del Gobierno e instituciones isleñas que demandaban la celebración de un referéndum sobre el petróleo, y que Madrid consideró ilegal, ya que las competencias sobre hidrocarburos son estatales. Por ello, el Gobierno canario propuso hacer una consulta popular que debía celebrarse el 23 de noviembre, y que el Tribunal Constitucional suspendió a principios del mismo mes.

El gabinete de Rivero optó entonces por realizar una encuesta pública sobre los sondeos. Al mismo tiempo esperaba por la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la suspensión cautelar de la autorización a las prospecciones. Pero, en diciembre el TSJC desestimó este nuevo recurso y los sondeos, que ya llevaban casi un mes en marcha, siguieron adelante.

Rivero emprendió una nueva batalla y anunció la interposición de denuncias penales contra las autoridades y funcionarios responsables de una supuesta "arbitrariedad" en la autorización de las prospecciones petrolíferas, ya que mientras las permitían en Canarias, se descartaron en el Mediterráneo. Según Rivero, estas catas se harían cerca de comunidades gobernadas por el PP, como Baleares, que ha mostrado una fuerte oposición a los sondeos, y el Gobierno central quiere evitar fricciones con dirigentes de su propio partido.

Todo esto y más ha sucedido hasta ahora, sin que se hayan producido vertidos ni, finalmente, se haya encontrado petróleo.