Los empresarios aplaudieron ayer la decisión del Gobierno de Canarias de permitir ahora la construcción de establecimientos de cualquier categoría de estrellas sin tener la obligación de renovar otro complejo obsoleto. Aún así sienten que han ganado una batalla, pero no la guerra. No están del todo contentos porque interpretan que la nueva normativa aumenta el intervencionismo del Ejecutivo regional, que se atribuye la potestad de acreditar la "excelencia y ecoeficiencia" de los proyectos inversores antes de su ejecución.
La modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística, que se tramitará por la vía de urgencia, se aprobará a finales de marzo en el Parlamento, antes del cierre de la legislatura. Con la reforma se acaba el bloqueo a los nuevos hoteles de cuatro estrellas, principal demanda de los empresarios grancanarios y del Cabildo, pero la revisión del texto, aprobado en mayo de 2013 por la Cámara, no aclara aún los parámetros de calidad que se exigirán a los establecimientos.
Hasta que eso se resuelva a través de un reglamento único para el sector turístico y que aglutine la normativa dispersa sobre ahorro energético y de agua, entre otros criterios, los proyectos deberán disponer de un informe y la autorización de la administración regional, que certifique que el hotel reúne las condiciones necesarias para su edificación. Este punto es discutido por las patronales, que cuestionan la intervención de la institución y exigen que se concreten los criterios de calidad. Para ello, solicitan al Gobierno que cuente con los profesionales del sector, que son quienes mejor conocen las tendencias el mercado.
Sin arbitrariedades
"Los criterios de calidad deben estar perfectamente objetivados y no puede haber arbitrariedades", subrayó el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile, que reivindicó "consensuar" esas reglas de calidad.
En este sentido, destacó que "es muy importante tener un reglamento cuanto antes para que haya seguridad absoluta y quien quiera construir un hotel no tenga problemas para legalizarlo". "El Gobierno tiene que ser consciente de que no nos está haciendo un favor a nadie, sino que está facilitando las cosas para que se genere empleo y riqueza", añadió Fraile.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, ve una "buena noticia que se levante la moratoria", pero le preocupa la definición de calidad, por lo que insta al Ejecutivo a valorar la opinión de los expertos turísticos al detallar los estándares que se reclamarán a los establecimientos.
Además, desaprobó que las actuaciones deban tener un "visado" del Gobierno, pues estima que éste "no está capacitado para certificar que un proyecto es excelente". En consecuencia, denunció que "las autorizaciones van a seguir sujetas a discreción del Ejecutivo".
En la misma línea se pronunció el presidente del grupo Ifa Hotels (Grupo Lopesan), Santiago de Armas, que alertó de la incertidumbre que se crea ante la falta de precisión de los requisitos de calidad. A su juicio, "no se puede dejar en manos del Gobierno qué es eficiente o qué tiene calidad". "Esto debería estar mucho más regulado y tasado para que sepamos todos a qué atenernos", apostilló Armas, que no comparte que los proyectos deban someterse a reglamentos de otros sectores hasta que se elabore el que acompañe a la ley.
"Los inversores no son tontos, saben lo que hacen y lo que el mercado demanda", destacó el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Germán Suárez, para quien la revisión de la ley no implica "en absoluto" abandonar la renovación de los inmuebles viejos.
"Se va a mantener el espíritu de la ley, que ahora se flexibiliza", alegó el presidente de los hoteleros de Fuerteventura, Antonio Hormiga. La presidenta de los constructores de Las Palmas, Salud Gil, se alegró por el cambio legal, pero "ahora hay que ver la letra pequeña". "Hay que ser muy cautelosos para que el reglamento que se redacte no añada más criterios de los que están en las normas en vigor", advirtió.
