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El Gobierno ve "razonables" las críticas del magistrado 'antipetróleo' del TSJC

Rivero también pone en duda el anuncio de que Repsol no halló crudo en los sondeos

Rivero y Urkullu temen un pacto PP-PSOE.

Rivero y Urkullu temen un pacto PP-PSOE. EFE

El Gobierno canario cree "razonables" las consideraciones que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Luis Helmuth Moya Meyer, realiza en su voto particular en el último auto sobre los sondeos petrolíferos del pasado 16 de enero. Es más, el Ejecutivo de Paulino Rivero comparte las "dudas" que el juez expresa en el auto y que le condujeron a determinar que el Ministerio de Industria actuó con desviación de poder en la autorización de las prospecciones a Repsol en aguas cercanas a Canarias, y que no es cierto que no se haya encontrado crudo pero se ha optado por ocultarlo a la ciudadanía.

El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, coincidió con el magistrado en que el Ejecutivo siempre denunció que el proceso ha estado "plagado de irregularidades" y que es extraño que Repsol anunciara que no encontró petróleo dos semanas antes de finalizar enero, fecha en que estaba previsto que concluyera el examen de las muestras obtenidas en el pozo Sandía. Además, Marrero señaló tras el Consejo de Gobierno que también es contradictorio que la compañía desista de hacer un segundo sondeo que en su propio proyecto consideraba indiscutible, lo que puede hacer pensar que ha hallado petróleo pero prefiere no decirlo a la ciudadanía.

Al respecto, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, aseguró ayer en Madrid que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha perjudicado la imagen de Repsol en Canarias por sus "presiones" hacia la petrolera para que llevara a cabo los sondeos que, en realidad, según él, no interesaban a los accionistas de la compañía.

Presión de Industria

Rivero cree que Repsol y sus accionistas "son conscientes de que para su imagen no ha venido nada bien" esa presión por parte del regulador para que "siguiera adelante" con el proyecto pese a la oposición de las instituciones isleñas y una gran parte de la opinión pública del Archipiélago.

Recordó en este sentido que él ya anunció hace meses que varios de los accionistas de la petrolera le habían comunicado que "no tenían ningún interés" por el posible petróleo de Canarias, y que era el ministerio que dirige Soria el que les "presionaba" para que no abandonaran el proyecto. Según el dirigente nacionalista, el que Repsol haya abandonado "a las primeras de cambio tiene que ver con esa falta de interés de los accionistas" por las prospecciones.

Por su lado, Soria anunció ayer que su departamento pondrá en marcha el "mecanismo de penalización", es decir, la multa a Repsol por abandonar el proyecto sin hacer uso de la segunda autorización para los sondeos, cuando la operadora le comunique oficialmente el abandono del proyecto. Recordó que este mecanismo está previsto en el real decreto de autorización de las prospecciones y responde a lo establecido en la ley de Hidrocarburos. Soria afirmó que la empresa no le ha comunicado al ministerio su decisión, y recalcó que "seguir o no seguir en nada atañe al Gobierno".

El ministro insistió en sus ataques al Gobierno de Canarias por su "irresponsabilidad" de su campaña anunciando que "como consecuencia de estos sondeos, investigaciones y prospecciones se iba a producir la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España". "Se han hecho las prospecciones y han dado un resultado negativo, pero afortunadamente no ha habido ninguna de las catástrofes anunciadas", dijo el ministro antes de reclamar al Ejecutivo regional que "asuma la responsabilidad de la alarma generada".

En relación con el capítulo jurídico, el Gobierno de Canarias anunció ayer que proseguirá con sus acciones judiciales contra las prospecciones pese al abandono de los sondeos, porque el objetivo de fondo es evitar proyectos de este tipo en el futuro. Sobre el informe entregado el miércoles por el penalista José Antonio Martín Pallín, Martín Marrero confirmó que "apunta con claridad a una situación de prevaricación", aunque aún hay que estudiarlo a fondo para determinar si finalmente el Gobierno acude a la vía penal contra el Estado. De otro lado, Coalición Canaria entregó al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, una carta firmada por Rivero y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, en la que demandan que se cierre la vía a nuevas prospecciones y se cree un santuario de cetáceos.

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