El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado la ley mediante la que Canarias intentó blindar los núcleos urbanos próximos al mar. Tras el derribo en el año 2008 de las casas de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, los grupos que apoyaban entonces al Ejecutivo autónomo -Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP)- alumbraron una proposición de ley que tenía por objeto dejar en manos de la Comunidad Autónoma la potestad de decidir qué poblaciones en dominio público marítimo terrestre eran posibles y cuáles no. En una sentencia fechada el 22 de enero, el TC señala que esas competencias son de propiedad exclusiva del Estado.
El fallo judicial no tiene efectos prácticos, ya que desde que el Gobierno central, a cuyo frente se encontraba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, presentó el recurso de inconstitucionalidad, la norma quedó en suspenso. Con posterioridad se levantó ese veto de aplicación sobre algunos de sus artículos, pero no en lo esencial, por lo que no se han tomado decisiones urbanísticas amparadas en ella.
Además, el actual Gobierno central del PP aprobó en 2013 una nueva ley de costas, lo que cambia el contexto que existía en el momento en que se diseñó un marco normativo para evitar otro episodio como el de Cho Vito.
Se intentó preservar del efecto de la piqueta a las casas levantadas en núcleos urbanos costeros del Archipiélago mediante una modificación del texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. La redacción del primer artículo de dicho cambio ponía a buen recaudo a la práctica totalidad de los barrios costeros gestados antes del año 1988. Precisamente este punto fue el único sobre el que se mantuvo la suspensión desde el mismo momento en que se registró el recurso de inconstitucionalidad presentado por Abogacía del Estado.
Contradicciones
En lo político, el proceso ha generado notables contradicciones. Fue el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias el que presentó numerosas enmiendas al cambio normativo ideado por el Ejecutivo regional, que ya presidía Paulino Rivero en su primera legislatura al frente de las Islas. Nacionalistas y populares rechazaron todas y cada una de ellas, por lo que la modificación salió adelante.
Cuando hace dos años el Ejecutivo central, ya comandado por Rajoy, aprobó una nueva ley de costas, fue el Gobierno de Canarias -ahora sostenido por CC y PSOE- el que presentó recurso de inconstitucionalidad contra ella por, entre otras razones, contener arbitrariedades como la de dar un trato específico y favorable a zonas costeras de Cataluña, dotar de un deslinde especial a la isla de Formentera o, incluso, prohibir los eventos deportivos en la playa si estos no tienen carácter nacional o internacional.
Los primeros mantuvieron en el recurso algunas de las razones que llevaron a los segundos a presentar en Madrid el recurso de inconstitucionalidad contra la modificación introducida en las leyes canarias en 2009. En aquel entonces el socialista José Fernández ocupaba el cargo de director general de Costas en el Gobierno central y en el momento de recurrir la nueva norma del PP era director general de Protección de la Naturaleza en el Ejecutivo canario, por lo que decidió dimitir. En otras palabras, optó por no avalar lo que él mismo había calificado como contrario a la Constitución unos años antes.
Retornando al sentido de la sentencia emitida la semana pasada por el TC, esta llega a decir que "las competencias en materia de ordenación del litoral no justifican una intervención autonómica en materia de regulación del dominio público marítimo terrestre o de las servidumbres de protección adyacentes, ni siquiera para reproducir la legislación estatal en la materia". Es decir, el TC incapacita a las Islas incluso para copiar lo que dicen las normas de ámbito estatal sobre la materia.
