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Canarias oferta plazas de funcionarios tras siete años sin convocar oposiciones

El Gobierno prevé cubrir unas 200 vacantes en Tributos, Justicia, recursos humanos o servicios sociales

Canarias oferta plazas de funcionarios tras siete años sin convocar oposiciones

Canarias oferta plazas de funcionarios tras siete años sin convocar oposiciones

Las oposiciones a funcionarios vuelven a la Comunidad Autónoma. Después de siete años suspendidas por la crisis y la contención del déficit el Gobierno canario estudia una propuesta de oferta de empleo público para distintos puestos en la Administración General con el fin de cubrir vacantes en varios servicios. Se baraja entre 100 y 200 plazas de distintas categorías en la Agencia Tributaria, prevención de riesgos laborales, Justicia, servicios sociales o Medio Ambiente. A esta oferta se une la nuevas plazas en Educación, aprobadas el viernes, y los puestos aún pendientes de Sanidad correspondientes a la convocatoria de 2007.

La última oferta de empleo público fue en 2008, el primer año de la crisis, en la que se convocaron 173 plazas en distintos cuerpos y escalas, de las que 93 eran por turno libre, 48 de promoción interna y 23 de puestos desempeñados por funcionarios interinos. Desde 2009 las ofertas de empleo público se suspendieron y las tasas de reposición han sido del 10% anual, lo que ha supuesto una importante restricción para cubrir las jubilaciones y bajas que se han acumulado en estos años.

Después de unos titubeos iniciales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas abrió la mano en el presupuesto del Estado de 2015 y ha subido la tasa de reposición al 50% y ha aumentado el abanico de servicios prioritarios en los que se puede convocar ofertas, lo que posibilita que Canarias pueda volver a convocar plazas tras una larga sequía. En estos años la Comunidad Autónoma sólo ha convocado plazas limitadas en Educación en algunos ejercicios y ha continuado con la convocatoria de 2007 en el Servicio Canario de Salud.

Prioridades

Ahora la prioridad ya no es sólo los servicios públicos esenciales sino también la lucha contra el fraude fiscal, la Administración de Justicia, asesoramiento jurídico, control y gestión de recursos y subvenciones públicas y recursos humanos. Por ello, Función Pública analiza las opciones que existen tanto desde el punto de vista administrativo como presupuestario para realizar la convocatoria.

Los sindicatos aguardan con expectación la nueva oferta de empleo público. En estos siete años ha habido un envejecimiento progresivo de la plantilla de empleados públicos de la Comunidad Autónoma y una pérdida de puestos de trabajo que está provocando una mayor carga de trabajo para los empleados.

La principal prioridad del Gobierno es consolidar y ampliar la plantilla de la recién creada Agencia Tributaria Canaria. Desde el 1 de enero se reasignaron todos los efectivos de la antigua Dirección General de Tributos al nuevo organismo. La lucha contra el fraude fiscal y una mayor eficiencia en la recaudación se han convertido en objetivos prioritarios y por ello una parte de la oferta de empleo público se destinará a la agencia.

En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2015 se contempla que la reposición del 50% de los servicios que el Gobierno considera prioritarios deberán contar con sendos informes de la Dirección General de Función Pública y de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

Sin embargo, también se refleja que en los departamentos y organismos y entidades de la Comunidad Autónoma se amortizarán las plazas equivalentes a las jubilaciones que se produzcan, a excepción de los sectores prioritarios y que establece la propia ley y que hacen mención, entre otros, a Justicia, Educación, Sanidad, investigación, asesoramiento jurídico, gestión de los recursos públicos, prevención y extinción de incendios, control y lucha contra el fraude fiscal y el Cuerpo General de la Policía Canaria.

En la contratacion de personal temporal, la Comunidad Autónoma mantiene la restricción en las nuevas contrataciones durante este ejercicio, a excepción de los servicios públicos esenciales y la dotación de aquellos sectores prioritarios siempre y cuando haya cobertura presupuestaria.

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