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Infraestructuras Las políticas del Ministerio de Fomento en Canarias

El sector turístico se enfrenta con la patronal por la privatización de AENA

Agustín Manrique defiende el modelo de Fomento porque aporta una mejor gestión

El sector turístico se enfrenta con la patronal por la privatización de AENA

El sector turístico se enfrenta con la patronal por la privatización de AENA

La entrada de capital privado en AENA divide a los empresarios. Las organizaciones que representan al sector turístico muestran sus dudas y los "riesgos" que supone esta operación para los aeropuertos canarios, mientras que la patronal de Las Palmas, por boca de su presidente Agustín Manrique de Lara, alaba la decisión del Ministerio de Fomento y considera que se mejorará la eficacia y la gestión del ente público. Fernando Fraile, presidente de la patronal turística de la provincia oriental, advierte que Manrique debe defender a las sectoriales integradas en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y cuestiona que el actual presidente anteponga posiciones partidistas y personales al interés general del sector turístico.

Manrique afirma que no se trata de privatizar AENA sino de dar entrada al capital privado en el operador hasta el 49%. El presidente de la patronal cree que el jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, intenta "confundir" ya que el objetivo no es privatizar aeropuertos porque la sociedad que gestiona todo el sistema aeroportuario seguirá siendo pública. "Tanto CEOE Tenerife como la CCE de Las Palmas defienden que la entrada de capital privado en AENA aportará una mejor gestión y criterios de racionalización privada a una empresa que ha tenido luces y sombras", agrega Manrique de Lara.

El dirigente empresarial cree que siempre hay "riesgos" esté AENA en manos públicas o privadas pero que el planteamiento actual supone que la mayoría seguirá en manos del Estado, las tasas se controlarán por el Gobierno y el sistema será único y no se van a desgajar los aeropuertos rentables de los deficitarios. "Vamos a un sistema más solvente y seguro en una red única y no como pretenden Canarias y otras autonomías", agrega.

El presidente de la CCE se niega a entrar en "frentismos" entre organizaciones empresariales y considera lógico que los empresarios del sector analicen la situación de AENA con detenimiento y valoren los pros y los contras de los cambios en el gestor aeroportuario.

Sin embargo, las sectoriales turísticas desconfían de la operación puesta en marcha por el Gobierno central. Fernando Fraile cree negativo que se pase de un monopolio público a uno privado ante el riesgo de que AENA termine por privatizarse con el tiempo en su totalidad. Fraile cree que deben existir otras alternativas porque los aeropuertos canarios son estratégicos para las Islas y Fomento debería estudiar la posibilidad de que participen en la gestión la Comunidad Autónoma y otras instituciones y entidades como sucede en los Puertos del Estado.

El presidente de la patronal turística cree que Manrique de Lara tendría que explicar los motivos que le llevan a defender el modelo del Gobierno central, que no debería ser una cuestión en defensa de los intereses de un determinado partido porque Manrique "está representando a la Confederación Canaria de Empresarios, por lo que debe defender los intereses de los sectoriales y no los personales".

"No hay ningún motivo para tener que defender la decisión de un Gobierno sea del partido que sea cuando pone en riesgo más que garantiza el futuro del sector turístico de las Islas, que es lo que a nosotros nos preocupa", advierte Fraile. En la misma línea se pronuncian los empresarios turísticos de Fuerteventura, cuyo presidente, Antonio Hormiga, mostró ayer su total rechazo a la privatización de AENA. También recientemente la patronal turística tinerfeña, Ashotel, alertó sobre los "riesgos" de este tipo de operaciones para el principal sector económico de las Islas.

Precisamente ayer se vieron las caras la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, que mantienen un duro enfrentamiento por el proceso de privatización.

La ministra vino a suscribir distintos convenios para la rehabilitación de viviendas con el Ejecutivo regional y cinco ayuntamientos y a visitar el Centro de Control Aéreo de Canarias. En la comparecencia pública la ministra negó con un rotundo "no" que el Estado ceda a Canarias las competencias en materia de aeropuertos, como exige Rivero, demanda que ayer reiteró delante de ella.

El presidente mostró su rechazo al proceso privatizador y advirtió que la salida a Bolsa de AENA se ha producido con un boletín informativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que se advierte a los inversores del proceso judicial abierto por Canarias, que también ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo. Además insistió en que las Islas están legitimadas para gestionar las competencias en sus aeropuertos si deja de ejercerla el Estado, tal y como establece su Estatuto de Autonomía.

En el rifirrafe, Pastor recalcó que AENA "seguirá siendo pública" y quiso dejar claro en varias ocasiones que su salida a Bolsa se produce por una ley que aprobó el anterior Gobierno socialista en 2010.

La ministra afirmó que "los aeropuertos en red son una garantía de movilidad para los territorios no peninsulares", al tiempo que reiteró que el Ministerio "no va a cambiar de opinión". Pese a ello, el presidente aseguró que Canarias no va a dejar de insistir en reclamar las competencias aeroportuarias, mientras que Pastor defendió los" extraordinarios datos" que arrojan los aeropuertos canarios con su gestión.

El debate político sobre la privatización de AENA reproduce lo ocurrido hace cinco años, en 2010, cuando el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero puso sobre la mesa la posible privatización de los aeropuertos de Barajas y El Prat y una parte de la sociedad gestora. En aquellos momentos, el Gobierno canario negociaba con el entonces ministro de Fomento, José Blanco, la creación de una "AENA canaria", un ente en el que los aeropuertos canarios los gestionaba un consorcio con la presencia de la Comunidad Autónoma, el Estado y los ayuntamientos. La idea era que también hubiera una parte de capital privado, aunque en minoría. El PSOE terminó por aparcar la iniciativa y fue el PP el que la retomó con algunos cambios sobre la idea original.

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