La Audiencia de Las Palmas ha condenado a siete años de cárcel al exviceconsejero de Justicia del Gobierno canario Francisco José Rodríguez Batllori y a cinco años y medio al expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín en el primero de los juicios derivados del "caso Unión".
La sección sexta de la Audiencia considera probado que Rodríguez Batllori y Martín cometieron delitos de malversación y prevaricación al pagar con cargo a fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de la sociedad Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) las gestiones que el primero hacía como abogado en favor del segundo.
Esta es la primera de las piezas separadas del caso "caso Unión" que llega a juicio, en un macroproceso por corrupción que investiga el presunto saqueo de fondos de las instituciones públicas de Lanzarote por parte de políticos, empresarios y funcionarios.
En este caso, la sentencia considera probado que Rodríguez Batllori cobró ilegalmente 45.835 euros del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa por servicios de asesoramiento a ambas entidades que nunca llegó a realizar y que, en realidad, tampoco le podrían haber contratado, dada su condición de funcionario del Gobierno de Canarias (lo que le impedía cobrar de más de una administración).
El tribunal declara acreditado que el exviceconsejero de Justicia de Canarias, de CC, pudo recibir esos ingresos gracias a la mediación de Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que en aquellos momentos cumplía en prisión dos condenas por delitos de cohecho, malversación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social cometidos desde cargos públicos.
La sentencia dictamina que, a pesar de estar retirado oficialmente de la política por esas condenas, Dimas Martín seguía siendo desde la cárcel "el factótum de Lanzarote", la persona que podía conseguir prácticamente cualquier cosa en la isla gracias al "notable poder" que conservaba sobre los cargos públicos del PIL.
Eso, dice el tribunal en los fundamentos de resolución, "lejos de ser una leyenda urbana", como intentó alegar el propio Dimas Martín durante el juicio, se ha demostrado en este caso que es "una realidad".
La Audiencia entiende además probado que, a cambio de "abrirle el camino a los fondos públicos" que cobró del Ayuntamiento de Arrecife e Inalsa por servicios inexistentes, Martín pretendía aprovecharse de los contactos de Rodríguez Batllori en el Gobierno de Canarias y en el mundo del Derecho para que le concedieran el tercer grado.
La sentencia condena también por malversación a otros tres militantes del PIL que colaboraron desde la dos entidades públicas perjudicadas para que esos manejos fueran posibles: los concejales de Personal y Hacienda de Arrecife, María Luisa Blanco (cuatro años de cárcel) y José Miguel Rodríguez (un año de cárcel), y la consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra (cinco años de cárcel).
El fallo impone asimismo cinco años de cárcel por malversación a Rafael Elorrieta, el entonces gerente de la sociedad de aguas.
Al imponer las penas, el tribunal tiene en cuenta al acusado José Miguel Rodríguez la colaboración que ha prestado durante todo el procedimiento para destapar estos hechos, reconocida por el fiscal.
La Audiencia desestima todos los argumentos presentados por las defensas para invalidar las escuchas telefónicas realizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la investigación de este caso, los registros practicados en la causa e incluso las cartas incautadas a Dimas Martín en su celda de prisión de Tahiche.
En ellas, Rodríguez Batllori pedía ayuda a Martín para conseguir dinero ante las dificultades económicas que en ese momento tenía y le confesaba: "Eres el único amigo con el que puedo contar".
