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El Consultivo critica el "control político" que quiere ejercer el Gobierno sobre los cabildos

El dictamen sobre la Ley de Cabildos declara la inconstitucionalidad de seis artículos

Alfredo Belda. LP / DLP

El Consejo Consultivo cuestiona el "control político" que pretende ejercer el Gobierno canario y el Parlamento sobre los cabildos insulares y considera inconstitucional esta pretensión. "Constitucionalmente es imposible que el Parlamento controle políticamente a los cabildos... gozan de la autonomía local, la cual es incompatible con los controles políticos por instancias ajenas", recoge el dictamen del Consultivo sobre el proyecto de Ley de Cabildos Insulares impulsado por el Ejecutivo regional.

El texto considera que las corporaciones insulares son instituciones de la Comunidad Autónoma y, como tales, deben rendir cuentas ante las instituciones canarias. Sin embargo, el Consejo Consultivo, órgano dependiente de la Cámara, pone en cuestión esta máxima, uno de los principales fundamentos de la iniciativa legislativa del Gobierno. El Consultivo rechaza que los cabildos formen parte del "aparato político administrativo" de la Comunidad Autónoma, además de que es inviable su aplicación: "evidentemente resulta imposible someter al control político del Parlamento a quienes no sólo no forman parte del Gobierno y la Administración autonómicos, sino que además se integran en un gobierno insular autónomo, dotado de una legitimidad basada en unas elecciones directas diferentes de las autonómicas", recoge el dictamen.

El informe del Consultivo llegó ayer a la Cámara aprobado por mayoría y con el voto particular de tres consejeros de los siete que forman parte del órgano. El voto discrepante está suscrito por Alfredo Belda con el apoyo de Antonio Lazcano y Augusto Lorenzo. En relación con el control político de las corporaciones insulares, Belda destaca que hay un cierto control indirecto porque el Gobierno puede revocar o suspender las competencias transferidas desde la Comunidad Autónoma y porque los cabildos tiene la obligación de remitir al Parlamento una memoria anual justificativa del costo de funcionamiento y del rendimiento y eficacia de los servicios transferidos. Asimismo existe la Comisión General de Cabildos, que es más bien un órgano consultivo más que decisorio entre las corporaciones insulares y los diputados de la Cámara.

Artículos inconstitucionales

Pero no es sólo este artículo el que cuestiona el Consejo Consultivo de la Ley de Cabildos Insulares. Cinco artículos más del texto son declarados inconstitucionales por parte del órgano por vulnerar la autonomía local e invadir competencias propias del Estado. El principal argumento jurídico utilizado por el Consejo Consultivo es que la Comunidad no puede regular por ley autonómica a unas instituciones que la Constitución reserva a una ley orgánica, junto a los ayuntamientos, como corporaciones locales.

Los artículos cuestionados por el Consultivo recogen el régimen electoral de los cabildos y la elecciones del presidente de la corporación insular. El órgano autonómio recuerda en su análisis jurídicos que estas cuestiones figuran en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que jerárquicamente está por encima de una ley como la propuesta por el Ejecutivo regional. Tanto en unos casos como en otros el principio de la autonomía local sigue siendo el pilar fundamental sobre el que se asientan las corporaciones locales y la competencia sobre las elecciones y su configuración es exclusiva del Estado.

El artículo 7 no sólo se arroga la facultad de establecer una regulación autonómica para el régimen electoral de los cabildos que colisiona con la Carta Magna, sino que además entra en contradicción con la ley estatal cuando prevé regular vía decreto del Gobierno autonómico el régimen, cuantía y límite de los gastos de las subvenciones electorales.

El objetivo del Gobierno es aprobar la ley de cabildos antes de que finalice la legislatura, para la que quedan dos meses.

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