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'Caso Corredor' Investigación por presuntas irregularidades en La Laguna

Pamparacuatro rebaja de cuatro a dos las imputaciones a Fernando Clavijo

El juez no ve indicios de tráfico de influencias ni prevaricación del candidato de CC en la suspensión del precinto de un pub y en un contratado por Urbaser

Pamparacuatro rebaja de cuatro a dos las imputaciones a Fernando Clavijo

Las imputaciones del caso Corredor contra Fernando Clavijo, candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno regional, se desinflan. El juez César Romero Pamparacuatro ha retirado dos de las cuatro imputaciones que pesaban sobre el también alcalde de La Laguna en dos autos firmados el 30 de enero y el pasado día 3, y a los que ha tenido acceso LA PROVINCIA/DLP.

En concreto, Pamparacuatro retira la acusación de tráfico de influencias por la llamada que hizo la portavoz de una asociación vecinal a Clavijo para que la empresa Urbaser, concesionaria de la recogida de basura, contratara a un familiar y la gestión posterior del político.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna tampoco ve ahora indicios de la comisión de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación en la actuación de Clavijo con respecto a un acta sancionadora al pub Utopía, situado en la zona de la marcha lagunera conocida como el cuadrilátero.

De las cuatro imputaciones que determinó el mismo Pamparacuatro en el auto del 11 de noviembre de 2014, el líder nacionalista se queda con dos: presunto tráfico de influencias y prevaricación por una licencia de apertura irregular a un bar de La Cuesta llamado La Estación y supuesto fraude en las subvenciones a dos afectados por la aluminosis del barrio de Las Chumberas, la edil socialista María José Castañeda y el asesor municipal Ricardo González.

Clavijo es el gran beneficiado de estos dos autos del juez mientras, en el lado contrario, sale perjudicada Aymara Calero, actual concejal de Deportes de La Laguna por CC y en el momento de los hechos edil de Urbanismo. Calero se une al caso con tres imputaciones: presunta prevaricación y tráfico de influencias por las irregularidades del pub Utopía y prevaricación en el caso del bar La Estación.

El caso del Utopía. El Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna investiga si el Ayuntamiento benefició a José Antonio Santana, presidente de la Federación Empresarial Canaria de Ocio (Fecao) en la provincia tinerfeña, a la hora de levantarle una orden de precinto contra un pub de su propiedad, llamado Utopía, básicamente por incumplimiento de los horarios de actividad. En el auto de 2014, Pamparacuatro imputó a Clavijo y al propio Santana los delitos de prevaricación y tráfico de influencias al entender que maniobraron para que se retirara esa orden de cierre. De hecho, en las escuchas telefónicas a Clavijo aparece un sms que le envió Santana el 28 de octubre de 2010. "Fernando, mañana me precintan el Utopía a las diez de la mañana. Supongo que ya lo sabías. (Te estaré eternamente agradecido por todo lo que estás haciendo)".

Clavijo se pone entonces en contacto con Aymara Calero, concejal de Urbanismo y la competente en este asunto, para comentarle lo que le ha dicho Santana. Ésta responde que el precinto no va a ser al día siguiente y el alcalde se limita a decirle que lo hable con el propio Santana. Pamparacuatro cambia de parecer ahora y apunta en el nuevo auto del pasado día 3 que "la intervención [de Clavijo] carece de entidad penal alguna". "El alcalde pone en comunicación a la edil con Santana pero en ningún caso se puede vislumbrar una conducta activa dirigida a la concejal que decreta el precinto del pub Utopía tendente a recomendar, instigar, dirigir o exigirle una solución positiva para Santana".

Pamparacuatro subraya que es Aymara Calero la que llama a José Antonio Santana para proponerle una solución temporal que evite el cierre del local: que ponga un recurso contencioso-administrativo contra la sanción y lo comunique a Urbanismo para que suspenda provisionalmente el precinto. Al magistrado tampoco le parece que Clavijo dé orden ninguna para favorecer a Santana, aunque admita tener la certeza de que ambos mantienen una relación de amistad, cuando en una conversación posterior, en el momento en el que Calero le informa de que ya ha hablado con el empresario, Clavijo le responde a la concejal: "Bueno pues que lo meta [el recurso] en el registro de entrada mañana a las nueve de la mañana en una... de asuntos varios... y con eso lo podemos suspender". Según Pamparacuatro, la solución propuesta por la concejal "es adoptada unilateralmente por ella, sin ningún tipo de intervención de Clavijo", de manera que "de las diligencias practicadas no se puede deducir" que el alcalde lagunero presionara a nadie para lograr la suspensión o retraso del precinto del establecimiento.

El juez decide pues retirar la imputación a Clavijo pero las traspasa a Calero al entender que fue ella la que propuso la solución y ante las pruebas que apuntan a que llamó a Santana para que presentara el recurso "casi una semana después de que se tuviera que haber llevado a efecto la orden de ejecución forzosa del precinto". Pamparacuatro mantiene asimismo la imputación que ya pesaba sobre Santana.

Contratación en Urbaser. César Romero Pamparacuatro había imputado a Fernando Clavijo un presunto delito de tráfico de influencias por entender que intermedió con la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de recogida de residuos municipal, para que contratara al sobrino de una representante vecinal del municipio, María Isabel González. Ésta telefoneó al alcalde para pedirle ese favor. Sin embargo, ya la Fiscalía había solicitado al juez que archivara esta imputación al entender que no se daban las circunstancias para considerar esta mediación como tráfico de influencias.

Pamparacuatro no solo acepta la petición de la Fiscalía sino que va más allá y aclara que lo único que hizo Clavijo tras la llamada de María Isabel González fue preguntar a Urbaser cuándo iba a volver a trabajar como eventual en la empresa el sobrino de la mujer. Y es que ya había formado parte de la plantilla de Urbaser, lo que acredita el juez, y entraba dentro de los turnos de rotaciones que utiliza la mercantil, por lo que debía volver a su puesto. Fue el argumento dado por el propio Clavijo en su declaración ante el juez, un argumento aceptado como "verdadero" por Pamparacuatro. Por tanto, entiende que no hay ningún indicio que apunte a que ni Clavijo ni María Isabel González cometieron tráfico de influencias.

El caso del Palco. La Fiscalía había solicitado, por otro lado, a Pamparacuatro que investigara si Clavijo también había podido cometer tráfico de influencias y prevaricación por intermediar para que la discoteca El Palco, propiedad del principal imputado en el caso Corredor, el abogado y empresario Evaristo González, no recibiera una infracción impuesta el 5 de febrero de 2011 por contravenir las normas del ruido y los horarios. En esta gestión también estuvo José Antonio Santana, según la Policía mano derecha de Evaristo González en sus múltiples negocios de la noche.

En los pinchazos telefónicos, Santana le informa a González de que está pendiente de hablar con Clavijo y un tal Santos para hacer desaparecer el acta sancionadora. Esa otra persona es Luis Santos, en aquel entonces jefe de la Policía Local. La Fiscalía pedía averiguar por qué esta infracción no fue tramitada en tiempo y forma, a diferencia de las impuestas esa misma noche a otros locales del cuadrilátero. Sin embargo, el juez no ve "fuentes probatorias" que sustenten ninguna imputación. Este caso del Palco, de todos modos, no suma ni resta para Clavijo porque el candidato a la Presidencia por CC no estaba imputado por él. No hay pruebas de que hiciera ninguna gestión al respecto.

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