La Consejería de Economía y Hacienda, de la que depende Radio Televisión Canaria, le negó copias al PSOE -socio en el Gobierno regional- de los contratos realizados por el ente público desde 2011 hasta la actualidad, entre otros expedientes, por escasez de recursos humanos, así como de presupuesto para pagar "las horas extras del personal" que supondría tan "titánica labor de examen, preparación y selección, objeto de la solicitud de documentación".
El escrito, respondiendo a la demanda de información del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Fajardo, remitido el pasado diciembre por la Secretaría General Técnica de la consejería, cuestiona además "el interés parlamentario y funcional" de tal solicitud, y observa que "en ningún caso" ha de ser "por un mero deseo" de conocimiento "desconectado de la función parlamentaria".
La consejería expone que las peticiones del diputado "consisten en más de 140 solicitudes documentales", no sólo de contratos sino de las copias de sus expedientes administrativos o la suscripción previa de los contratos, por lo que examinar y seleccionar tal cantidad de documentación, "teniendo en cuenta los recursos humanos después de los recortes presupuestarios soportados", comportaría "sin género de duda una paralización completa de los servicios esenciales" que el medio debe prestar por imperativo legal.
Por ello, emplaza a Fajardo a que concrete cuáles son los documentos prioritarios o que le dé más plazo para recabar todos los expedientes y ponerlos a su disposición en las dependencias del ente. Cabe recordar que la diputada el PP, Águeda Montelongo, que ha pedido reiteradamente la destitución del director general, Guillermo García, se trasladó el pasado mayo a la sede de RTVC para analizar los contratos desde 2009, ante la escasa información que se le dio en el Parlamento, y en diciembre denunció ante la Fiscalía Anticorrupción presuntos indicios de irregularidades en los contratos a dedo a productoras.
El portavoz del PSOE, Manuel Fajardo, explicó ayer que el pasado 11 de noviembre reclamó información al Gobierno sobre los contratos del ente porque vio uno de los expedientes y no le pareció correcto. Ante la respuesta que recibió en diciembre, Fajardo remitió un escrito desde la "indignación"- precisó ayer-, al presidente del Parlamento, Antonio Castro Cordobez, fechado el 28 de enero, en el que evidencia su malestar porque el Gobierno haya puesto "en duda" la motivación de sus solicitudes de información. Recalca que no le consta precepto jurídico alguno por la que se pueda denegar información por dicho fundamento. Subraya que su demanda no puede suponer la "paralización de la gestión" del ente porque "teóricamente la documentación debe estar ordenada, foliada y archivada", y enfatiza que "cada una" de sus solicitudes es prioritaria. Por ello, exige la puesta a su disposición "a la mayor brevedad" de los expedientes e informa que se trasladará a las dependencias para examinarlos.
