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Pamparacuatro pide la grabación que dio origen a la causa 5 años después de pasar por la fiscal

El juez solicita a Carlos Calderón, empresario que desencadenó la investigación, que aporte el audio original de la reunión con Fernando Clavijo para saber si lo manipuló

Pamparacuatro pide la grabación que dio origen a la causa 5 años después de pasar por la fiscal

César Romero Pamparacuatro, juez instructor del caso Corredor, que afecta entre otros a Fernando Clavijo, candidato de CC a la Presidencia de Canarias, ha pedido la copia original de la grabación que dio origen a la causa cinco años después de que fuera aportada a la Fiscalía como prueba de las presuntas irregularidades en el control de los locales de la zona de marcha de La Laguna conocida como cuadrilátero.

El titular del Juzgado de Instrucción número uno de La Laguna accede de esta manera a la petición de la Policía Nacional de obtener tanto el audio original como el dispositivo con que se hizo para comprobar su autenticidad y si fue manipulado, como señaló uno de los testigos.

A algunos de los letrados defensores de los 45 imputados que tiene en total la causa les ha llamado mucho la atención que se vaya a practicar esta prueba tanto tiempo después de que fuera llevada a la Fiscalía y desencadenara la denuncia del Ministerio Público que abrió este proceso judicial. Quien llevó esa cinta a la Fiscalía en 2009 fue Carlos Calderón, en aquel entonces propietario del pub Sketch, hoy cerrado. Calderón llevaba en ese audio la grabación de una reunión que mantuvo con Fernando Clavijo, cuando éste era concejal de Seguridad, así como con mandos policiales y otros responsables municipales. El empresario lo hizo sin que los demás presentes supieran que estaban siendo grabados y la llevó primero a la Policía, en 2008, y luego a la Fiscalía, en 2009, como presunta prueba de que el Gobierno lagunero favorecía a unos empresarios -en especial a Evaristo González, el principal imputado en el caso Corredor- en detrimento del resto de dueños de pubs y discotecas. También denunciaba que algunos agentes locales cobraban supuestamente dinero de forma ilegal para levantar actas sancionadoras por incumplimiento de las normativas municipales.

En ese encuentro acompañaba a Carlos Calderón su pareja de entonces, el periodista Isaac Tacoronte, quien posteriormente declaró ante la Policía que creía que esa grabación había sido, además de tomada sin consentimiento de los participantes, manipulada.

Estas circunstancias llevaron a la defensa de Fernando Clavijo a pedir la anulación de las escuchas obtenidas posteriormente, durante dos años, con la intervención de sus teléfonos, base principal sobre la que se sustentan la mayor parte de las imputaciones de la causa. Según el letrado del alcalde lagunero, una grabación "ilegal", "manipulada" y "hecha por las sospechas de una tercera persona" que aún no ha declarado no puede desatar luego toda una investigación porque vulneró sus derechos fundamentales "de forma muy grave". Incluso, la defensa de Clavijo cree que la reunión grabada por Calderón se remonta al año 2005, es decir, cinco años antes de la denuncia de la Fiscalía y nueve años antes de que Fernando Clavijo supiera que había sido imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y fraude.

El abogado del alcalde aclaró en su recurso contra esta grabación y los posteriores pinchazos telefónicos que a pesar de que en su momento se ordenó un informe pericial sobre el audio para dictaminar si, como declaró Tacoronte, había sido alterado, además de las diligencias de cotejo de voces, no le constaba la incorporación de dichos informes a las actuaciones.

Ahora se confirma, con la providencia de Pamparacuatro firmada el pasado 30 de enero y a la que ha tenido acceso LA PROVINCIA/DLP, que esas pruebas no se habían realizado. De hecho, el informe policial que se adjunta a la providencia señala que se solicitaron el pasado 22 de diciembre. En este último documento, la Sección Acústica de la Policía Científica señala que "para poder determinar una posible manipulación de la grabación aportada resulta conveniente disponer del dispositivo con el que se realizó, así como el original de la misma". También solicita la Policía Nacional que se aclare a quién pertenece cada voz para poder llevar a cabo un análisis comparativo. Ante esta solicitud, el magistrado ha requerido en la providencia a Carlos Calderón que aporte el dispositivo y la grabación.

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