El PSOE federal no tiene intención de abrir un frente judicial contra el proceso de privatización parcial de AENA. Los socialistas comparten con el Gobierno canario la preocupación por los efectos de esta "venta" en los aeropuertos del Archipiélago, pero cree que el hecho de que el Estado mantenga el 51% de las acciones de la sociedad mercantil de gestión aeroportuaria (Enaire), impedirá que prospere el recurso interpuesto por la comunidad autónoma. Sin embargo, el Gobierno de las Islas sostiene que existe jurisprudencia que le avala.
El Ejecutivo regional reclama las competencias en materia aeroportuaria, pero los socialistas en el Congreso de los Diputados no están por la labor de entrar en esa batalla por el momento pese a que sí han mostrado su oposición a la medida en varias ocasiones. Así lo expresó ayer el portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso, Juan Luis Gordo, quien solo contempla una hipotética segunda fase privatizadora, que dejaría en minoría al Estado, como momento en que el contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno regional podría tener éxito.
De lo que está seguro Gordo es de que esa circunstancia se producirá. Según él, la "hoja de ruta" del Ministerio de Fomento pasa por sacar a bolsa al menos el 60%. En ese punto coincide plenamente con el Ejecutivo canario, cuyo portavoz, Martín Marrero, situó ayer el punto y final del camino privatizador en el "cien por cien. Parece que nos quieren tomar por tontos", señaló sobre la imposibilidad de que grandes empresas inviertan importantes cantidades de capital para no tener capacidad de decisión en el consejo de administración.
El Gobierno regional se declara fuerte en su demanda, que cimenta en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta expone "que una operación de este tipo, sobre todo cuando el margen porcentual es de un entero, supone que deja de haber gestión directa". En virtud del Estatuto de Autonomía de Canarias, esa pérdida de control estatal supone que las competencias deben pasar a la comunidad autónoma.
Por su parte, los socialistas consideran que el plan de AENA acaba con el modelo público que "cohesiona y garantiza la movilidad y la conectividad". Los efectos de esa decisión se notarán especialmente en el "ámbito insular". De momento, la única respuesta que dará el PSOE, que tampoco recurrirá ante Bruselas, será exigir la comparecencia en el Congreso de la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Marrero alertó de que entre los demandantes de acciones de la compañía se encuentra el magnate estadounidense George Soros, que ha dado una orden para invertir 400 millones . El portavoz aludió al protagonismo de este en el Miércoles Negro de septiembre de 1992, cuando con una maniobra especulativa que le reportó 10.000 millones de dólares hizo tambalearse la libra esterlina. "Imagínense cómo actúa", apuntó. Tampoco salió indemne el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, quien se muestra a favor de la privatización. "Esta semana al menos un importante representante" empresarial del ámbito turístico "se manifestó en sentido contrario", detalló el portavoz, por lo que concluyó que la opinión de Manrique de Lara, "respetable como todas", se opone "al interés general de todos los canarios, incluidos los empresarios".
Mientras, Gordo afirmó que el PP ya planteó llegar al 60% de la privatización en el Consejo Consultivo de Privatizaciones. A su juicio, de momento han parado en el 49% por "tactismo electoral".
