La actual ley de Radio Televisión Canaria (RTVC), aprobada por el Parlamento regional a finales de diciembre, ha dejado en funciones al director general del ente, Guillermo García, y le impide hacer nuevos contratos sin que se lo comunique a la Cámara autonómica. En las disposiciones transitorias de la norma, ya vigente, se establece textualmente que la "dirección actual del ente público RTVC, a la entrada en vigor de la presente ley, continuará en funciones hasta tanto se constituya el Consejo Rector".
Este nuevo órgano colegiado que regirá el ente público estará compuesto por cinco miembros, propuestos dos por CC, dos por el PP y uno por el PSOE. El pleno del Parlamento deberá refrendar a los candidatos y entre ellos elegirá al presidente del Consejo que sustituirá en el cargo a García. Con toda probabilidad será el jefe de informativos de Radio Club Tenerife (Cadena Ser), Santiago Negrín, designado por Coalición Canaria.
La ley precisa que, durante el periodo que esté en funciones, Guillermo García "sólo podrá celebrar contratos y negocios jurídicos que resulten imprescindibles para dar cobertura a las necesidades del ente público, dando cuenta de oficio de esa necesidad al Parlamento de Canarias".
Con ello, todos los contratos de RTVC desde enero hasta que se constituya el Consejo Rector, cuya composición debe aprobarse en la Cámara canaria antes de que se cierre el actual periodo sesiones a finales de marzo por la convocatoria de las elecciones autonómicas de mayo, deberán ser comunicados al Parlamento, extremo que no se había producido hasta ahora, ni tan siquiera a petición de los propios diputados, como Águeda Montelongo.
La parlamentaria del PP, que ha demandado en numerosas ocasiones la destitución de García, tuvo que trasladarse a las dependencias de la Televisión Canaria el año pasado para revisar los expedientes.
Según fuentes del ente público, como la programación es trimestral y el actual periodo acaba en marzo, no se han hecho nuevos contratos con productoras. Si no se nombra al Consejo Rector antes de esa fecha, lógicamente deberán suscribirse más acuerdos para dar continuidad a la programación, los cuales deberán ser enviados al Parlamento canario.
La contratación a dedo ha sido una práctica habitual en el ente público, denunciada por el PSOE cuando estaba en la oposición y por el PP en la actual legislatura, partido que el pasado 16 de diciembre llevó numerosa documentación a la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en los contratos con varias productoras.
A estas dudas sobre la corrección de los contratos, detectados por un informe de la Audiencia de Cuentas, se sumó recientemente el PSOE, aun siendo socio en el Gobierno regional. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Fajardo, requirió el pasado 11 de noviembre al Ejecutivo canario documentación sobre los contratos realizados desde que el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, nombró en 2007 a Guillermo García. La decisión del PSOE se produjo después de que a principios de noviembre se conociera que García había contratado con Francisco Padrón, antiguo jefe suyo y dueño de Amanecer Latino SL, la producción de diez series (338 episodios en total) por un precio de 2,3 millones de euros -cinco de esos contratos se rubricaron en apenas siete meses, entre febrero y septiembre de 2008- que en su mayoría se emitieron por el segundo canal (TVC2) de la cadena pública en horas de la madrugada, cuando no por el canal internacional de internet (TVCNet).
Información denegada
El ente está obligado a hacer entrega al Parlamento de todo el material que se le reclama o bien en las dependencias del órgano legislativo o bien en las oficinas de RTVC. La Consejería de Economía y Hacienda, de quien depende el ente, respondió el pasado 17 de diciembre al PSOE que Televisión Canaria carecía de recursos humanos para examinar tal cantidad de documentación, en torno a 140 expedientes, y no contaba con presupuesto para pagar las horas extras del personal que lo hiciera lo que, además, podía paralizar la gestión del ente si se ponían a examinar todos los documentos.
Además, cuestionó el "interés parlamentario y funcional" de tal demanda de información y abundó que "en ningún caso" debía ser "por un mero deseo" de conocimiento desvinculado de la función parlamentaria.
Esta respuesta ha causado un gran malestar a Fajardo, que la tilda de "increíble". De hecho, nada más recibirla contestó con un escrito al Parlamento, el pasado 28 de enero, en el que alega que no pueden negarle información a un representante del pueblo canario y que tampoco es un trabajo excesivo porque todos los expedientes de contratos a productoras deberían, en teoría, estar perfectamente archivados y ordenados.
Ante ello, el portavoz socialista emulará a la diputada popular, Águeda Montelongo, y se trasladará a la sede de la Televisión Canaria desde que le den cita, acompañado de las diputadas Belinda Ramírez, Encarna Galván y Rosa Guadalupe. Y como el Gobierno ha puesto en "entredicho" la motivación que le mueve para pedir esta documentación, Fajardo solicita un funcionario público para que levante acta de todos los expedientes que se pongan a su disposición.
Hasta hace escasas fechas, el PP y el Grupo Mixto eran los únicos en la Cámara canaria que habían criticado la gestión de Guillermo García al frente del ente público, así como denunciado las presuntas irregularidades en las contrataciones con productoras. No obstante, los socialistas han dado un vuelco a su postura, al parecer por indicación de su candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, que ha mandado un mensaje a sus compañeros de la Cámara canaria para que abandonen la tibieza con la que habían tratado este asunto.
Por su parte, el director del ente siempre ha rechazado las acusaciones de trato de favor y niega que los contratos con las productoras canarias se hayan hecho por "amiguismo". En otras ocasiones ha manifestado que su deber es contratar a quienes sustentan la industria audiovisual canaria y se ha hecho con las empresas más importantes, por estructura y por personal.
Los rifirrafes entre Guillermo García y Águeda Montelongo han sido notorios en la comisión parlamentaria que controla el ente. Uno de ellos, el pasado febrero, dio lugar a que la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces reprobaran unánimemente el trato que le dio García a la diputada del PP, al calificarla de "espía al estilo Mortadelo" por realizar visitas "furtivas" al centro de producción de Tenerife.
En otra comisión de control, también tuvo un enfrentamiento con la diputada socialista Belinda Ramírez, que ha sido la encargada de hacerle notar que ya no cuenta con el respaldo socialista.
