En diciembre de 2010 Coalición Canaria votó a favor de la privatización parcial de AENA en el marco del acuerdo que mantenían los nacionalistas con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El argumento utilizado por CC para respaldar una operación de la que ahora reniega era que, a cambio, la Comunidad Autónoma entraba en la gestión de los aeropuertos isleños, junto a los ayuntamientos, con la creación de un órgano a nivel autonómico. Cinco años después, la actitud beligerante del Ejecutivo regional en contra de los planes del Ministerio de Fomento se encona aún más por la negativa de la ministra Ana Pastor a que las comunidades puedan intervenir en el proceso de entrada de capital privado en el gestor aeroportuario.
El año 2010 marcó un punto de inflexión en el Gobierno del PSOE. Eran momentos convulsos para la economía española por la agudización de la crisis, el acoso de los mercados y la presión de la Unión Europea para cumplir con los objetivos del déficit público. Las arcas estatales necesitaban recursos con urgencia y desde el Ejecutivo socialista se impulsó varias medidas fiscales y económicas, entre ellas privatizar parte de AENA y del organismo de Loterías y Apuestas del Estado, dos de las entidades públicas más rentables. La previsión del Gobierno era inyectar 14.000 millones de euros, 9.000 millones de ellos procedentes de la entrada de capital en el gestor aeroportuario y por la privatización de los aeropuertos de Barajas y El Prat.
El PSOE tenía en 2010 dos socios estables: el PNV y Coalición Canaria. Los nacionalistas isleños respaldaban las políticas de Zapatero a cambio de los convenios de carreteras y aguas, planes de empleo, fondos para la renovación del sector turístico o la bonificación de las tasas aéreas. De hecho, el presidente Rivero negoció con el entonces ministro de Fomento, José Blanco, el diseño de una "AENA canaria" en la que entraría capital privado pero la mayoría seguiría siendo pública. El jefe del Ejecutivo afirmó por entonces que "la entrada de capital privado en la gestión de los aeropuertos no es mala, siempre y cuando haya control público".
El decreto publicado en el BOE el 3 de diciembre de 2010 establece en uno de sus apartados la posibilidad de crear "un órgano de impulso y seguimiento de la actividad del aeropuerto en el que, junto al gestor aeroportuario, participarán la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y, en su caso, los municipios del entorno".
El proceso iniciado por el Gobierno central en 2010 no fructificó y el PP lo retomó tras su llegada a la Moncloa aunque, sin embargo, lo ha ido demorando hasta ahora. Los populares han mantenido el objetivo inicial del anterior Gobierno de alcanzar el 49% de la privatización de AENA, pero por el momento han descartado ceder la gestión de aeropuertos determinados como pretendían los socialistas.
El nuevo conflicto político abierto por esta operación entre el Gobierno del PP y el pacto CC-PSOE se enmarca en las deterioradas relaciones existentes entre ambas administraciones. En 2010 los nacionalistas, en ese momento sin ya el PP en el Gobierno canario, transigieron a cambio de una serie de contraprestaciones por su apoyo a los presupuestos del Estado de 2010. CC vendía en ese momento que su respaldo aportaba "estabilidad" al país en un contexto complicado para hacer frente a las presiones provenientes de Bruselas y el acoso de la prima de riesgo.
La imposibilidad de negociar y de que las comunidades autónomas puedan intervenir en la operación ha sido lo que ha llevado al Gobierno canario a recurrir al Tribunal Supremo la entrada de capital privado en AENA. Se trata de un capítulo más en el cúmulo de encontronazos que han protagonizado los dos gobiernos en esta legislatura.
No obstante ahora, igual que antes, el Gobierno central asegura que la titularidad del gestor aeroportuario seguirá siendo pública. Pero también el presidente Rivero sigue manteniendo que los aeropuertos canarios deben seguir siendo controlados por el sector público ante el riesgo que podrían correr los aeródromos de La Gomera y El Hierro.
En apoyo de la postura del Gobierno de Canarias los trabajadores de los aeropuertos canarios se manifestaron ayer en contra de los planes de Fomento. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias califica la venta del 49% de las acciones de "catástrofe, pues supondría dejar en manos particulares un servicio público esencial para las Islas".
