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La crisis incrementa el paro en los trabajadores sociales hasta un 40%

El gran perjudicado ha sido el trabajo con las familias en riesgo

David Muñoz

David Muñoz

La situación de precariedad por la que atraviesan los servicios sociales de los ayuntamientos vuelve a la palestra. Según el presidente del Colegio Oficial de Trabajadores y Asitentes Sociales de Las Palmas, David Muñoz, desde el inicio de la crisis en 2009 el paro ha aumentado un 40% en este colectivo profesional, lo que da idea de las dificultades que existen para llevar a cabo una labor que no sea únicamente la asistencial. "Los profesionales nos hemos visto obligados a trabajar sobre lo inmediato, es decir, las ayudas básicas para las familias, mientras la falta de recursos humanos y económicos nos impide realizar una labor más preventiva sobre las situaciones de riesgo de los hogares", afirma Muñoz.

La recesión de los últimos años no ha sido únicamente económica. Mientras las necesidades sociales han ido en aumento en forma de paro, pobreza y exclusión, los recursos han ido disminuyendo y han sido los profesionales sociales los que han vivido este escenario en primera línea desde los ayuntamientos.

Evitar el aumento de menores en desamparo y tutelados por la Comunidad Autónoma sólo es posible desde un trabajo de acompañamiento y seguimiento de aquellos núcleos familiares que se encuentran en situación de riesgo por desestructuración, maltrato, desempleo o falta de habilidades por parte de los padres para dar una educación positiva a sus hijos. Para David Muñoz, la única vía es "reforzar los equipos de trabajo multidisciplinares y trabajar los factores psicosociales que llevan a un menor a tener que salir de su hogar para ser acogido por la Comunidad Autónoma".

En los últimos años se ha multiplicado de forma exponencial la demanda de ayudas básicas para alimentos y otras necesidades esenciales, labor en la que se han tenido que centrar los servicios sociales, descuidando otras facetas más preventivas que son determinantes a medio plazo para evitar que aumente el número de familias en riesgo de exclusión y que haya menores obligados a salir de sus casas.

Según las cifras oficiales, en Canarias hay unos 2.300 menores en desamparo acogidos por la Comunidad Autónoma. Alrededor de 1.800 de ellos están en hogares de acogida extensa (familiares) o ajenos. Con la acogida profesionalizada se intentar reforzar este sistema como alternativa a los centros tutelados públicos.

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