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El Estado se embolsa 4.200 millones por AENA, incluidos los aeropuertos isleños

Madrid establece en 58 euros el precio de la acción y mañana se culmina la privatización parcial

El Estado se embolsa 4.200 millones por AENA, incluidos los aeropuertos isleños

El Gobierno central acordó ayer fijar en 58 euros el valor de la acción en la oferta pública de venta (OPV) de AENA, el ente gestor de la red aeroporturia española que, tras intentarlo desde hace varios años, privatiza ahora parcialmente y sin desgajar los aeropuertos de las Islas, como reclama el Gobierno de Canarias. La compañía que preside José Manuel Vargas colocará casi 73 millones de acciones en el mercado, lo que siginifica poner el 49% del capital de la compañía en manos privadas en una de las operaciones económicas más controvertidas del actual Gobierno de Mariano Rajoy. En los últimos días, la demanda elevó el precio de referencia de los títulos a una horquilla de 53 y 58 euros, lo que equivale a una valoración líquida de 8.700 millones y un ingreso en caja para el Estado de cerca de 4.200 millones.

El nuevo rango de precios podría dejar fuera a Ferrovial, Corporación Financiera Alba y el fondo británico TCI, que ofrecieron por sus respectivas participaciones precios inferiores a los 53 euros. En este caso, sus acciones pasarían del tramo institucional al de inversores cualificados. En concreto, Ferrovial ofreció un máximo de 48,66 euros por el 6,5% de le empresa (9,75 millones de acciones); Corporación Financiera Alba, 55,33 euros por el 8%, y TCI, 51,60 euros por otro 6,5% de la compañía. Entre los tres inversores controlarían el 21% del capital.

El límite inferior para los minoristas, a los que se reserva el 10% de los títulos, es de 1.500 euros, es decir, cada uno recibiría al menos 25 acciones. Se estima que la compañía debute mañana en bolsa con más de 150.000 pequeños accionistas. El resto de las acciones, hasta copar el 90%, se reserva a inversores cualificados.

Oposición de Canarias

El Gobierno central está a punto de concluir el proceso sin asumir ni uno solo de los postulados del Ejecutivo canario, que exige sacar de la OPV a los aeródromos isleños. El proceso contempla para hoy la adjudicación de acciones y culminará el miércoles con el estreno en bolsa de los títulos al mediodía peninsular (11.00 hora canaria).

La compañía se situará en el puesto 21 del ranking por capitalización bursátil y mantiene la acción de oro para el Estado, pero sobre la futura gestión se abren incógnitas y especulaciones, dado el peso que tendrán a partir de ahora los accionistas que cubren una buena parte de la operación. Además del Gobierno canario, también la patronal turística y los sindicatos rechazan de plano la privatización, en especial los propios trabajadores del ente.

La salida a bolsa se produce sin que el Tribunal Supremo (TS) haya respondido al contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo isleño, que solicita la exclusión de los aeropuertos isleños. El recurso fue admitido a trámite el 15 de enero, pero Canarias amplió la demanda el 2 de febrero solicitando la suspensión cautelar. El Supremo dio 5 días al Estado para presentar alegaciones, plazo que concluyó ayer. Sólo una intervención in extremis del TS evitaría la adjudicación de títulos que AENA y los bancos gestores prevén realizar hoy.

El Ministerio de Fomento mantiene su hoja de ruta, tal como avanzó su titular, Ana Pastor, la semana pasada durante una visita a la capital grancanaria. En ella dejó claro que ni frenará el proceso por el recurso canario, ni contempla la transferencia de competencias a las Islas, tal como reclama el Ejecutivo regional. Según el Estatuto de Autonomía, la entrada del sector privado en la gestión conlleva que las competencias queden en manos de la comunidad autónoma. Madrid, sin embargo, señala que mantiene la titularidad, por ostentar el 51% de los títulos.

En este contexto, el Parlamento de Canarias debate hoy sobre el significado y la repercusión de la privatización parcial en Canarias. Los socios de gobierno, CC y PSC, entienden que el control de casi la mitad de la compañía por parte de capital privado condicionará mucho la gestión. A su juicio, la balanza acabará por inclinarse hacia los intereses de los accionistas mayoritarios, es decir, el beneficio económico primará sobre el social. Además, avanzan que el objetivo a medio plazo es la privatización de al menos el 60% y la consecuencia que se derivaría de ello sería, siempre en su opinión, el cierre de los aeropuertos que no son rentables, entre los que se encuentran los de La Gomera y El Hierro.

El Gobierno de Canarias asume que no hay margen ya para que se active una paralización judicial del proceso como medida cautelar en respuesta a su recurso. Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, se muestran claramente contrarios a la privatización de AENA y muy preocupados por el efecto en un territorio donde estas infraestructuras juegan un papel estratégico tanto para el turismo como para la cohesión territorial. En su recurso ante el TS, el Ejecutivo regional sostiene que el Estado lleva a cabo un "falseamiento del mercado" porque busca un interés económico.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, insistió ayer en reclamar la gestión de los aeropuertos de las Islas y afirmó que el Gobierno central conoce "perfectamente" esta reclamación, a la que siempre ha hecho "caso omiso". Berriel aseguró que ante el "fracaso" de descentralizar los aeropuertos canarios para que puedan participar en su gestión Gobierno regional, cabildos, ayuntamientos y sectores económicos de cada isla, Canarias exige que se cumpla el Estatuto y se transfiera la gestión.

El portavoz del PSOE en materia de Transportes, Julio Cruz, aseguró que la privatización es "una operación de consecuencias impredecibles para Canarias" y tiene "implicaciones que sobrepasan el plano ideológico". Según Cruz, este proceso es "el marco escogido por el PP para un nuevo pelotazo" en lo que supone "un ataque más de la derecha a Canarias".

El Estado trata de contrarrestar ese discurso asegurando que no hay intención de aumentar el porcentaje de privatización y que la red aeroportuaria nunca perderá la titularidad pública, insistiendo en que no hay riesgo del cierre de aeropuertos, aunque sí medidas para aumentar su competitividad.

El secretario de Estado de Transportes, Julio Gómez-Pomar, sostuvo ayer en Tenerife que AENA "no se está vendiendo", "va a seguir siendo una compañía pública" y su gran valor es precisamente su trabajo en red y la explotación de sus aeropuertos. Afirmó que la entrada de capital privado va a constituir un "elemento de dinamización", que va a incorporar, junto a la salvaguarda pública, un "criterio de eficiencia y de dinamismo".

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