Los colegios profesionales están a la espera de concretar con el Gobierno regional los detalles del acogimiento familiar profesionalizado para menores en desamparo. La iniciativa ha sido recibida con expectación e interés, aunque ahora hace falta que haya coordinación y un trabajo conjunto entre los colectivos y la Dirección General de Infancia y Familia, que espera contar en una primera fase del proyecto con al menos un centenar de acogimientos de este tipo.
Los colegios advierten que no por ser un profesional de las ciencias sociales se está capacitado para realizar una tarea de esta responsabilidad, por lo que se dirigirán a la Administración para conocer cuáles son los criterios de reconocimiento e idoneidad necesarios para poder optar a esta modalidad del acogimiento familiar.
El decano del Colegio de Psicólogos de Las Palmas y presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, Francisco Javier Sánchez, explica que "parece una buena vía" y que ahora falta establecer protocolos de actuación entre los colegios y la Dirección General "para echar una mano y que el proyecto funcione bien". Los colegios profesionales tomarán la iniciativa para que la Administración explique los pormenores del proyecto y poder comprobar el interés de los profesionales colegiados.
Sin embargo, los posibles interesados en esta iniciativa ven sus pros y sus contras. Juan Carlos Martín, doctor en Psicología y director del Máster de Intervención y Mediación Familiar de la ULPGC, advierte que el acogimiento profesionalizado puede no tener los resultados esperados si no hay un trabajo paralelo con las familias de los niños y adolescentes que se encuentran en desamparo. Martín cree que la labor que se está realizando en el ámbito familiar por la Administración autonómica y por los ayuntamientos es "escasa".
"Canarias está aún en pañales en el trabajo preventivo con las familias en riesgo y en la aplicación de la parentalidad positiva, instrumento aprobado por el Consejo de Europa para evitar situaciones de riesgo en familias con este tipo de problemáticas", añade Juan Carlos Martín. En su opinión, es más económico para las arcas públicas intervenir en las familias que el coste que genera el acogimiento familiar, que en 2015 cuenta con una partida de 8,2 millones de euros en el presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Juan Carlos Martín considera que este tipo de acogimiento resulta a priori "atractivo" pero hace hincapié en que es necesario un elemento de voluntariedad por parte de los profesionales. "Por el hecho de ser profesional no significa que se sea un buen educador, por ello hay que hacer una selección muy cuidadosa porque a lo mejor no todos los profesionales tienen las habilidades para acoger a este tipo de menores en sus casas", advierte.
El decano de la Facultad de Formación del Profesorado y sociólogo, Marino Alduán, pone el acento en que el Gobierno debe impulsar una "acción integral" tanto con las familias como con los menores que están en desamparo donde participen los diferentes tipos de profesionales como psicólogos, psicopedagogos, educadores sociales o trabajadores sociales.
Asimismo, Alduán espera que esta iniciativa del Gobierno no se quede como otras sin la ficha financiera necesaria y ampliable para que la falta de recursos económicos imposibilite que puede perdurar en el tiempo. Según el Ejecutivo, un profesional que acoja a un menor en su casa podría recibir entre 1.800 y 2.000 euros al mes por esta labor.
En esta misma línea, desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas su presidente, David Muñoz, sí admite que han existido contactos previos con el director general del Menor y la Familia, José Gilberto Moreno, donde les ha explicado el objetivo del proyecto. Muñoz cree que se trata de una iniciativa "positiva" para los profesionales del sector, sobre todo para aquellos que están en el desempleo. Ahora hace falta concretar el trabajo a seguir, el plan terapéutico a desarrollar con los menores y será la "experiencia" la que determine si se trata de una buena alternativa para los niños que se encuentran en esta situación de desarraigo familiar.
