El pacto entre Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) para después de las elecciones de mayo no es resistente a cualquier circunstancia. Se lo advirtió ayer a los populares el presidente del grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias, José Miguel Ruano, durante su intervención para criticar la privatización del 49% de AENA sin atender la demanda de las Islas de mantener en la esfera estrictamente pública a los ochos aeropuertos del Archipiélago. Si continúan en esa línea, advirtió Ruano, quienes se perfilan como nuevos socios de los nacionalistas se verán condenados a "chupar oposición" durante largo tiempo.
Las opiniones en la Cámara tras la puesta en escena de Ruano se dividieron entre quienes la validaron como la prueba del nueve que viene a demostrar que el entendimiento entre Fernando Clavijo y José Manuel Soria no es tan fluido y el no menos abundante colectivo de quienes no se creían nada de lo visto. Eso sí, casi ninguno escapó a la sorpresa al escuchar cómo el presidente de los nacionalistas en el Parlamento sostuvo por dos veces, con sus correspondientes repeticiones, que con estos modos no habrá acuerdo "ni ahora ni nunca" entre ambas formaciones.
La elección en septiembre de Fernando Clavijo como cabeza de cartel de CC para los comicios regionales en detrimento de Paulino Rivero escribió el primer capítulo del retorno al matrimonio entre conservadores y nacionalistas como fórmula para gobernar Canarias. Eso en el hipotético caso de que los ciudadanos les otorguen los escaños suficientes -31 entre ambos- y que no sea el PP la formación que más votos obtenga.
Quien pierde gana
En ese último caso, los populares estarían en disposición de exigir la Presidencia del Ejecutivo, como ya hicieran hace cuatro años, lo que inexorablemente, por el axioma arraigado en la política isleña de que quien pierde gana, condenaría a los populares a pasar otros cuatro años sin tocar poder.
Es cierto que en CC no ha sentado nada bien el escaso oído prestado por Madrid a su rechazo absoluto a la entrada de capital privado en el regulador aeronáutico español. En primer lugar, porque ve alejarse de manera definitiva su aspiración de cogestionar los aeropuertos del Archipiélago y, en segundo, porque se considera un desprecio al propio Estatuto de Autonomía el colocar en manos privadas un negocio rentable y sensible.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, expuso que el resultado bruto de explotación de las instalaciones de AENA en las Islas representó el 13% del total de España, mientras que su peso en el conjunto de la deuda fue de solo el 4%. "Canarias está más saneada y su aportación al sistema es positiva, esa es la razón por la que el Gobierno central se niega a desagregar los aeropuertos" de las Islas, afirmó el consejero.
Berriel destacó además la ausencia de entendimiento por parte de Madrid de la especial importancia que tienen las instalaciones aeroportuarias para un territorio insular. Por su parte, el parlamentario del PP Fernando Enseñat calificó como "rotundamente falso" que AENA "se vaya a privatizar" aludiendo a que la mayoría del capital continúa en la esfera pública. Domingo Berriel hizo suya la afirmación: "Claro que no se va a privatizar, es que ya se ha privatizado", ironizó el consejero.
Los populares negaron que la entrada de capital privado suponga un riesgo para las instalaciones de las Islas que resultan deficitarias. Enseñat afirmó que el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) y la ley que lo desarrolla "prohíben" cerrar un aeropuerto, cuestión que no convenció al socialista Julio Cruz, quien detalló que en el artículo 22 del mencionado Dora se recoge la posibilidad de "desarrollar el procedimiento mediante el cual se instrumentaría el posible cierre o venta de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras aeroportuarias".
Cuando Cruz subió a la tribuna por segunda ocasión, las acciones de AENA, que cerraron la sesión bursátil con una revalorización del 20,7%, ya acumulaban una subida del 17%; "714 millones de euros que han perdido los españoles, los canarios" y que han ido a parar a manos de "fondos de inversión extranjeros". La dudosa procedencia de los inversores fue uno de los argumentos más utilizados por nacionalistas y socialistas para criticar la privatización del 49% del ente aeroportuario.
Desde el grupo Mixto, su portavoz por Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, definió la operación como un nuevo episodio de "socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Es pura ideología", afirmó. Además, expuso sus dudas sobre la posibilidad de que el proceso pueda retrotraerse toda vez que el valor ha pisado el parqué y se mostró seguro de que no se cerrarán aeropuertos deficitarios como los de El Hierro y La Gomera. "Lo que harán será pedir ayudas y subvenciones, porque estos son muy liberales, pero solo hasta que toca poner la mano", predijo.
Fernando Enseñat también aludió a los planes que tuvo sobre la mesa el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 para dejar enteramente en manos del sector privado aeródromos enteros. "A CC no le importó entonces. Paulino Rivero dijo que la entrada de capital privado no era mala si se mantiene la gestión pública", señaló el diputado regional popular.
"Niegan a esta comunidad, lo que no niegan a sus amigos", señaló Cruz, quien relativizó que la mayoría de las acciones sigan en manos del Estado, ya que quienes han decidido desembarcar en la compañía tienen asiento asegurado en el consejo de administración.
