La juez Matilde Rocío Flores Esquivias, quien precedió al magistrado César Romero Pamparacuatro al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, ha comparecido en sede judicial para ratificar que el 17 de septiembre de 2010, y mediante un auto, "autorizó" prorrogar las escuchas telefónicas de varios de los investigados en una trama que hoy se conoce como caso Corredor, una causa en la que figura como imputado el alcalde de La Laguna y candidato por Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Gobierno regional, Fernando Clavijo, y otras 43 personas entre las que están las concejales Blanca Pérez (CC) y María José Castañeda (PSOE), además de funcionarios, técnicos municipales, mandos policiales y empresarios vinculados a la hostelería y el ocio nocturno.
En su comparecencia, Flores Esquivias no solo se limita a señalar que autorizó las prórrogas sobre las escuchas telefónicas ese mes, sino que reconoce que también autorizó en esa misma fecha pinchar un nuevo número de teléfono tras solicitarlo la Policía Judicial que investigaba el asunto.
Pamparacuatro dictó a finales del pasado mes de enero una providencia en la que requería a esta juez, que le precedió en su plaza de La Laguna, si el 17 de septiembre de 2010 había autorizado mediante un auto la prórroga de las escuchas telefónicas que se mantenían a parte de los investigados en este procedimiento. El magistrado, en el caso de que Flores Esquivias respondiera afirmativamente, quería averiguar también si ésta conservaba copia del citado auto de prórroga para que, llegado el caso, lo aporte al procedimiento.
En este sentido, y aunque Pamparacuatro lo comunicó ayer a las partes, la juez compareció el pasado día 13 ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla donde manifestó que de este procedimiento recordaba que las "diligencias eran secretas" y que se solicitó por parte del equipo de Policía Judicial comandado por la Fiscalía "una prórroga de intervención telefónica sobre varios números de teléfono", así como también se le pidió mediante oficio policial una autorización para la "intervención de un nuevo número" de teléfono.
Tras el preámbulo declaratorio, Flores Esquivias manifiesta que igualmente recuerda que "dictó el auto concediendo las prórrogas" en las escuchas telefónicas de los investigados y también autorizó la nueva intervención, lo que, asegura, "quedó unido a los autos" firmados por ella misma.
De igual manera, la juez hace constar en su comparecencia que "se libraron los oficios correspondientes a la Policía", documentos estos en los que se hace constar la autorización judicial para prorrogar las intervenciones telefónicas así como el permiso concedido para pinchar el nuevo número de teléfono. No obstante, Flores Esquivias admite "no recordar" quién firmó dichos documentos, dudando si fue la secretaria judicial o ella misma quien los rubricó.
La juez añade, tal y como se solicita en el requerimiento de Pamparacuatro, que "no tiene copia de la resolución", pero señala que no obstante "hará una búsqueda más exhaustiva" en su vivienda y, en el caso de que encontrara dicha resolución -prosigue- la enviará al citado Juzgado de La Laguna.
Por último, Matilde Rocío Flores Esquivias afirma que con "seguridad" el auto sobre el que se acusa el exhorto "quedó grabado en el sistema informático" Atlante.
El magistrado Pamparacuatro había recurrido a este exhorto antes de pronunciarse sobre la nulidad de parte de las escuchas telefónicas -las referidas en esa prórroga en concreto- o, incluso, de toda la causa, como han pretendido en diversos recursos la totalidad de los letrados de la defensa de los imputados después de que se conociera que había "desaparecido" o no "existía" el auto inicial del 21 de abril de 2010 que debía autorizar las intervenciones telefónicas de los investigados, como pidió la UDEF en un oficio.
El juez, que cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal, habría encontrado una tabla de salvación con lo declarado por Flores Esquivias en su comparecencia. Sin embargo, incorporar al sumario este auto en concreto, que de momento no ha aparecido en papel y que solo estaría grabado en un sistema informático que en aquella época no estaba validado, encontrará la misma oposición de las defensas que la desplegada en la reconstrucción del auto del 21 de abril de 2010, según manifestaron ayer varias fuentes.
Extravío
El extravío de los autos que se quieren reconstruir es clave en el procedimiento pues contendrían el grueso de los indicios que sir-vieron al magistrado para continuar con la causa y dictar el auto de imputación el pasado 11 de noviembre.
Hoy por hoy hay abierta una investigación paralela sobre la desaparición del primero de los autos que autorizaba las escuchas y existen tres hipótesis: que nunca se hubiera firmado, que no se incorporara a la causa por error o que se sustrajera intencionadamente del sumario. Así las cosas, estaría en cuestión un presunto delito de prevaricación de la instructora inicial del caso, María Vega; una falta en la custodia de documentos, o un robo.
Por otro lado, el equipo de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de La Laguna ha entregado al magistrado César Romero Pamparacuatro, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, la documentación aportada por el Ayuntamiento de esa ciudad respecto al levantamiento de actas por infracción de los locales dedicados a la hostelería y el ocio nocturno en la zona del Cuadrilátero.
Los investigadores, a través de un oficio, entregan a Pamparacuatro el informe que solicitó a primeros de este mes de febrero para cotejar los expedientes que obran en las áreas de Seguridad Ciudadana, en la Gerencia Municipal de Urbanismo y en la Secretaría de la Gerencia Municipal de Urbanismo de la citada corporación local. Los expedientes corresponden al periodo entre 2004 y 2007 y en ellos aparecen varios datos de la investigación.
