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Renovación turística Cambios en la normativa

La ley de los hoteles de cuatro estrellas tropieza con el Consejo Económico y Social

Recuerda que ya hay abundante normativa que regula los parámetros de calidad de los nuevos hoteles - Cree que los extrahoteleros salen más perjudicados

La ley de los hoteles de cuatro estrellas tropieza con el Consejo Económico y Social

La ley de los hoteles de cuatro estrellas tropieza con el Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social (CES) cuestiona la urgencia con la que el Gobierno canario quiere cambiar la Ley de Renovación y Modernización Turística tras un año y medio de vigencia. El órgano consultivo del Ejecutivo regional advierte que los nuevos estándares de calidad que se introducen para autorizar hoteles inferiores a las cinco estrellas carecen de eficacia si no se concretan en el desarrollo reglamentario que prevé la reforma de la norma. Asimismo, el CES presume que los establecimientos superiores sí cumplen con los nuevos criterios de calidad pero el texto no fundamenta este extremo.

El órgano recuerda que ya hay abundante normativa que regula los criterios de calidad que deben tener los alojamientos turísticos, sin embargo la reforma remitida por el Gobierno carece de la documentación necesaria que aclare si la normativa existente debe supeditarse a la nueva ley o si, por el contrario, se van a exigir nuevas condiciones que tampoco figuran en el texto.

El dictamen del CES sobre la reforma de la ley turística, solicitado por la vía de urgencia, también puntualiza al Gobierno que la obligación por parte de las empresas promotoras de nuevos hoteles de suscribir convenios de contratación y formación del personal con el Servicio Canario de Empleo (SCE) debe ser compatible con el ejercicio de la libertad de empresa y de dirección empresarial para seleccionar y formar su personal. Asimismo, el órgano consultivo recuerda que los servicios de empleo de la Comunidad Autónoma sólo canalizan una parte de las contrataciones.

La reforma de la ley condiciona el incremento de la edificabilidad de un establecimiento a que no incumpla los estándares de equipamiento de los alojamientos establecidos en la normativa sectorial. En opinión del CES, este condicionamiento dificulta la renovación edificatoria. El dictamen también alerta sobre la discrecionalidad administrativa de consecuencias imprevistas que supone que en una zona se restrinja la oferta turística si se considera por parte del Gobierno que hay un exceso incompatible con la competitividad de la zona o área turística.

Inversión por plaza

La modificación a la baja de la inversión necesaria para renovar plazas hoteleras y extrahoteleras recibe también las observaciones críticas del CES. La principal es que el Gobierno no fundamenta las razones por las que se cambian las cantidades mínimas según las modalidades y categorías, al apreciarse una reducción significativa de los niveles de inversión.

Sin embargo, el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma aprecia una clara desventaja competitiva para el sector extrahotelero, al mantenerse el módulo "plaza alojativa" cuando la ratio de inversión mínima debería ser la de "unidad de alojamiento". También el CES es partidario de que se tengan en cuenta las inversiones realizadas con anterioridad a la ley y en el periodo de tres años inmediatos a la entrada en vigor del texto normativo.

La limitación temporal que impone el Ejecutivo para legalizar camas que no cuenten con autorización construidas antes de la primera moratoria de 2001 "resulta extremadamente limitada", según el dictamen, al tratarse de unidades amparadas en las licencias de construcción del complejo en el que se integran o bien construidas en momentos posteriores a dicha licencia.

El CES exige a la Comunidad Autónoma que concrete propósitos, supuestos y procedimientos para desclasificar suelo turístico ya que, en su opinión, no hay garantías de apreciación objetiva. Argumentos como la pérdida del valor turístico o la preservación de espacios con valores naturales, culturales y estratégicos suponen un amplio margen de discrecionalidad por parte de la Administración.

El dictamen está fechado el viernes y el Gobierno tiene previsto remitirlo al Parlamento lo antes posible para que sea aprobado en el último pleno de la legislatura.

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