El magistrado César Romero Pamparacuatro, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna podría archivar antes del mes de mayo la pieza separada en la que aparece imputado el alcalde de La Laguna y candidato por Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Gobierno regional, Fernando Clavijo. Al menos esto es lo que intuye la mayoría de los abogados personados en este procedimiento conocido como caso Corredor y que han comprobado cómo a lo largo de las últimas semanas los testigos llamados a declarar han desmentido o rechazado el grueso de los hechos denunciados en 2008 por el empresario Carlos Calderón, que regentaba en ese entonces el pub Sketch. Los letrados apuntan, además, a que tras el archivo decida cerrar la instrucción y abrir el juicio oral.
Según el auto de imputación del 11 de noviembre del año pasado, Pamparacuatro imputaba a Clavijo cuatro delitos: tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos. Sin embargo, el propio juez ya hizo decaer dos de los asuntos que relacionaban al alcalde en la presunta comisión de esos delitos.
A principios del pasado mes de febrero, el magistrado dictó un auto en el que retiraba por un lado la imputación contra Clavijo de tráfico de influencias y prevaricación sobre el pub Utopía al entender que el alcalde lagunero no presionó a ningún cargo municipal ni hizo ninguna gestión para que se retirase un acta sancionadora al local propiedad de José Antonio Santana, presidente de la Federación de Empresarios del Ocio (Fecao). Pamparacuatro carga la responsabilidad a la que entonces era edil de Urbanismo, Aymara Calero, hoy concejal de Deportes, a la que acusa de haber propuesto una solución a Santana para evitar el precinto del local y haber retrasado la ejecución de la medida para llevarlo a cabo. Santana sigue imputado por tráfico de influencias y prevaricación.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna también eliminó la imputación contra Clavijo por un presunto tráfico de influencias en el asunto de Urbaser al entender que el político no presionó a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos para que contratara al sobrino de una representante vecinal que le había llamado por teléfono para que la ayudara.
Al candidato nacionalista a la Presidencia del Gobierno de Canarias le quedan dos imputaciones, pero podrían decaer antes de que comience la recta final a las elecciones municipales, insulares y autonómicas del mes de mayo. Los dos asuntos que aún están vivos en este Juzgado y que implican al también alcalde lagunero son un presunto fraude en las subvenciones a dos de los afectados por la aluminosis del barrio de Las Chumberas: el entonces portavoz vecinal y hoy asesor municipal Ricardo González y la edil socialista María José Castañeda -también imputada en relación con este hecho al igual que la concejal Blanca Pérez (CC)-. El juez y la delegada en Santa Cruz de Tenerife de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés Martínez, creen que sus viviendas no estaban tan afectadas como para ser realojados en otros pisos ademas de que disponían de rentas suficientes para no recibir ayudas municipales con las que pagar el alquiler de éstas.
El juez también mantiene la acusación a Clavijo por tráfico de influencias y prevaricación en la concesión presuntamente irregular de una licencia de obra a un bar de La Cuesta. Según el auto de imputación de 11 de noviembre de 2014, Pamparacuatro sostiene que Clavijo maniobró para que los propietarios de este bar evitaran una sanción por hacer obras menores sin haber obtenido previamente la licencia municipal correspondiente.
Fernando Clavijo negó ante el magistrado juez, en su declaración del pasado 9 de enero, que cometiera ilegalidad alguna en ambos asuntos y, además, aportó documentación que cree que lo demuestra.
Que Pamparacuatro pueda archivar parte de la pieza separada 22 en la que se incluye al candidato nacionalista y otros responsables políticos del Consistorio lagunero, no quiere decir que el juez dé carpetazo al caso Corredor. Ni mucho menos. Aún hay mucha tela que cortar y asuntos que seguirán su curso en el seno de este procedimiento, que consta por ahora de 22 piezas separadas y 44 imputados, entre los que se encuentra el abogado y empresario del ocio nocturno, Evaristo González Reyes.
A esta persona, a la que uno de los testigos citados esta semana dijo no conocer de nada en respuesta a una pregunta del juez, pero al que llamó Tito minutos más tarde, se la investiga entre otras cuestiones por presuntamente defraudar a la Seguridad Social cerca de cuatro millones de euros de sociedades empresariales en las que habría colocado a testaferros u hombres de paja para no aparecer él detrás de las mismas. Pamparacuatro le imputa un "amplio catálogo delictivo" que incluye acusaciones por robo con violencia, estafa, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita.
Calderón denunció entonces en comisaría la existencia de una presunta trama de acoso por parte de empresarios del ocio nocturno del Cuadrilátero lagunero -señalando a González Reyes como principal instigador- para que él cerrara su local. Añadía un supuesto acuerdo tácito entre estos empresarios y diversas autoridades políticas y mandos policiales para que no se levantara actas de sanción a sus locales. En esa denuncia situaba como conocedor de ese presunto pacto a Fernando Clavijo cuando éste era concejal de Seguridad Ciudadana. Hablaba Calderón, incluso, de una reunión en la que se trató este asunto y en la que se reveló la identidad de un policía local corrupto que habría estado cobrando a empresarios de la noche para evitar el levantamiento de actas de sanción por el incumplimiento del horario de cierre o ruidos. En esa reunión, dice Calderón, que asistió además de Clavijo el entonces concejal socialista en la oposición, Javier Abreu; el gerente de Urbanismo, Roberto Remiro, y varios funcionarios.
El pasado miércoles Abreu y Remiro confirmaron que la reunión se había producido, pero jamás se habló de pacto alguno para vulnerar la ordenanza del horario de cierre. Como esa reunión, dijo a Abreu, se produjeron muchas otras, pero en ellas se trataban asuntos como los planes de ordenación urbana aprobados por la Corporación o el plan de seguridad con el que se instalaron videocámaras en el Cuadrilátero.
Calderón denunció también la presunta corrupción de dirigentes políticos que "mediaban" para que funcionarios de la Gerencia de Urbanismo hicieran la vista gorda con empresarios "amigos" a los que se les iba a sancionar por saltarse a la torera el horario de cierre y el ruido.
El pasado viernes, incluso, una funcionaria del área de Disciplina de la Gerencia de Urbanismo fue tajante al afirmar que "jamás recibió presiones" o "injerencias" de Clavijo u otro responsable político para no tramitar expedientes de sanción impuestos a locales de ocio de José Antonio Santana, Evaristo González o cualquier otro empresario.
Lo denunciado por Calderón se ha ido cayendo con lo dicho por cada nuevo testigo que pasa a declarar en sede judicial. Hasta los trabajadores más cercanos de este empresario lo han tachado de "mentiroso compulsivo", "fantasioso" y -lo que sería más grave en esta causa por lo que se sugiere en el trasfondo- como un "paranoico" que veía "conspiraciones por todos lados".
Con todo, aún queda por resolver la reconstrucción del auto de 21 de abril de 2010 que ha desaparecido del sumario y que sería fundamental en la causa porque es el documento con el que se habría autorizado los pinchazos telefónicos a los imputados. Ese auto lo habría firmado la primera juez instructora de la causa, María Vega. A ella le sustituyó Matilde Flores Esquivias quien habría firmado también un auto de prórroga de las escuchas el 17 de septiembre del mismo año y que tampoco aparece. Por esta causa, las defensas han presentado recursos de reforma -rechazados por Pamparacuatro- impugnando la reconstrucción de los autos y reclamando la nulidad de todas las actuaciones. Los recursos rechazados se han apelado a la Audiencia Provincial y se prevé que ésta no los resuelva antes de seis meses.
