La Fiscalía ha pedido al juez del caso Corredor, César Pamparacuatro, que mantenga las imputaciones contra la concejal de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de La Laguna, Blanca Pérez, y el presidente de la Federación de Hostelería y Ocio (Fecao), José Antonio Santana, y rechace sus recursos.

Blanca Pérez está imputada por presunta prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos por las ayudas al realojo de dos afectados por la aluminosis de Las Chumberas: el representante de los vecinos del barrio, Ricardo González, y la concejal socialista de Cultura, María José Castañeda, ambos también encartados. La defensa de Blanca Pérez había recurrido el auto de imputación pero la Fiscalía entiende que "en este momento procesal resulta muy prematuro adoptar la resolución de sobreseimiento libre, tal como solicita el recurrente, toda vez que se ha practicado única y exclusivamente la declaración de los imputados, quedando pendiente de practicar toda la prueba testifical, pericial y documental".

El juez imputó a la concejal y al alcalde, Fernando Clavijo, al hallar indicios de irregularidades en la concesión de las ayudas para que Ricardo González, que también es asesor del Gobierno municipal, y María José Castañeda se costeen el alquiler de la vivienda a la que tuvieron que mudarse por la aluminosis de las casas en las que vivían en Las Chumberas. Asimismo, Pamparacuatro considera que hay dudas sobre si esas casas del barrio estaban tan mal como para que sus propietarios fueran realojados.

En cuanto a José Antonio Santana, la Fiscalía defiende las imputaciones que pesan sobre él de presunta prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad documental al mediar supuestamente con el Ayuntamiento de La Laguna, según aparece en las escuchas telefónicas, para que le retiraran una sanción de un pub de su propiedad llamado Utopía. Según el Ministerio Público, Urbanismo levantó dos expedientes contra el local en 2010 por incumplimiento de horario y utilización de aparatos musicales, incumpliendo la licencia de grupo 2, por lo que debía ser multado con 45.075 euros; el pub, cerrado por cuatro meses y 15 días; y cortada la luz y el suministro de agua. Pero, siempre según la Fiscalía, en el expediente no consta que se procediera al precinto, ni se le cortara la luz y el agua, así como tampoco que se hiciera efectiva la multa.

Por este caso, Clavijo fue primero imputado pero luego Pamparacuatro retiró las acusaciones contra él al no hallar indicios de que influyera en este presunto trato de favor. Sin embargo, sí incluyó entre los imputados a la edil Aymara Calero, a la que responsabiliza de estas presuntas irregularidades.