El juez César Romero Pamparacuatro ha dado por válidas las escuchas telefónicas al candidato a la Presidencia de Canarias por CC, Fernando Clavijo, y al empresario Evaristo González que sustentan el proceso judicial contra ellos y otras 12 personas -entre concejales de La Laguna, funcionarios y empresarios- en la pieza principal del llamado caso Corredor. Según confirmó el portavoz de las defensas, Carlos Álvarez, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, que instruye esta macrocausa judicial con un total de 44 imputados y varias piezas separadas, entre ellas esta de Clavijo, ha dado por reconstruido el auto por el cual la jueza María Vega Álvarez, que abrió el proceso, dio permiso a la Policía, el 21 de abril de 2010, para que interviniera los teléfonos de Clavijo y González. Lo hizo ante los indicios que apuntaban a supuestas irregularidades en la gestión de varios pubs propiedad del segundo y ubicados en la zona de marcha del municipio universitario, conocido como Cuadrilátero.
El pasado 17 de diciembre, la opinión de tenerife adelantaba que había desaparecido el auto que autorizó los pinchazos telefónicos del sumario del caso. La secretaria judicial había comunicado poco antes, el 25 de noviembre, que se había extraviado "por causas desconocidas e inexplicables", motivo por el que Pamparacuatro se vio obligado a recurrir a la reconstrucción de autos. Es un procedimiento recogido por la legislación en el caso de que se pierdan una o varias órdenes judiciales de una causa. Los letrados de los imputados, excepto el de Fernando Clavijo, defendieron que ese auto era irreconstruible porque entendían que no existió al no aparecer el original con la firma de la jueza. Esto habría producido la anulación de las escuchas y el consiguiente archivo del proceso.
La instrucción sigue adelante
Pamparacuatro, sin embargo, ha señalado en este último auto del pasado día 6 que sí existen pruebas suficientes como para acreditar que el permiso de las escuchas existió y, por lo tanto, sigue adelante con la instrucción. El magistrado se apoya en que la Fiscalía aportó una copia del auto que le había sido enviada, que otra copia figura en el sistema informático de gestión procesal llamado Atlante y que también se ha conseguido una réplica del oficio de la Policía Nacional que solicitaba formalmente las intervenciones telefónicas justo el día en que fueron permitidas por María Vega Álvarez.
La defensa que ha llevado la voz cantante en el intento de anular el auto y, por tanto, las escuchas ha sido la de Evaristo González, abogado y empresario que se encuentra imputado por graves y múltiples delitos en varias de las piezas del caso Corredor, el principal acusado en la causa. En la parte que respecta a los presuntos tejemanejes en la noche lagunera, está acusado de tráfico de influencias y prevaricación por mediar directa o indirectamente con responsables municipales y de la Policía Local para evitar sanciones contra establecimientos de su propiedad del Cuadrilátero. El letrado de González presentó el informe de un perito que argumentaba, "de forma brillante" pero sin razón según el juez Pamparacuatro, que la reconstrucción del auto se limita a un conflicto bélico, una calamidad, una catástrofe o la acción de las "hordas marxistas", como figura en la propia legislación. Hay que tener en cuenta que este procedimiento viene de la etapa de la dictadura franquista. El juez instructor rechaza que se tengan que dar estos casos extremos y para eso se apoya en la propia legislación y en varias sentencias que lo avalan.
Se da la circunstancia, además, de que el propio Evaristo González es el principal sospechoso de la desaparición de este auto, lo que le beneficiaría tanto como para dejarlo sin cargos. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna ha abierto una investigación para determinar si el empresario y abogado está detrás del extravío del documento. Pamparacuatro, que en un auto anterior también se sumó a esta sospecha, asegura al respecto en el último del día 6 que da validez definitiva a las escuchas: "Una de las hipótesis es la sustracción del auto del 21 de abril de 2010; es decir, una desaparición intencional. Y es que no hay que olvidar que hasta junio de 2013, fecha en que se realizó la mudanza de la sede del Juzgado [de la calle Seis de Diciembre al nuevo edificio de la Plaza del Adelantado], el ejercicio de la custodia de los autos se realizaba en una sede provisional caracterizada por las nulas medidas de seguridad". "Es evidente que la custodia de los autos no se podía garantizar en los estándares de exigencia requeridos y no cabe excluir la sustracción", añade el magistrado.
La defensa del alcalde lagunero
Fernando Clavijo no se sumó a la teoría del resto de abogados de los investigados de que el auto no existía pues su defensa, a diferencia de la de Evaristo González, no se ha basado en la existencia o no de este auto, sino en la demostración de que los hechos derivados de esas escuchas telefónicas son legales. De ahí el esmero del todavía alcalde lagunero y candidato nacionalista a la Presidencia del Gobierno de Canarias por aportar su testimonio y pruebas documentales que acrediten su postura, lo que hizo el 9 de enero. Después de escuchar sus declaraciones, el juez decidió retirar al líder nacionalista dos de las cuatro imputaciones que pesaban contra él, la de tráfico de influencias en la contratación de un trabajador por parte de Urbaser -empresa encargada de la limpieza del municipio- y tráfico de influencias y prevaricación por un expediente sancionador al pub Utopía del Cuadrilátero.
