Los cabildos ven "imposible" asumir el copago en dependencia que planea el Gobierno autónomo y exigen una reunión para analizar este asunto. A esta determinación llegó ayer la Federación Canaria de Islas (Fecai) tras una reunión mantenida en Tenerife. El presidente del organismo y a su vez mandatario de la corporación de El Hierro, Alpidio Armas, fue el encargado de informar sobre los acuerdos alcanzados en este encuentro y, tras su finalización, advirtió de que el decreto que prepara el Ejecutivo regional sobre esta materia genera dudas, sobre todo en la parte que tiene que ver con la financiación y que afecta "directamente" a las instituciones insulares.

Para buscar respuestas sobre la medida que pretende aplicar la Consejería de Políticas Sociales, los miembros de la Fecai quieren sentarse con la responsable del área, Inés Rojas, con el fin de que "se clarifiquen las competencias, porque no lo tenemos muy claro". "Lo que sí tenemos claro es que no debemos ser los que tomamos decisiones respecto a la valoración de los dependientes", subrayó Alpidio Armas.

Según apuntó, ese decreto implica además "que los cabildos tengan que poner dinero, y no sabemos cómo está articulado", y defendió que ven "la imposibilidad de asumir lo que propone" el borrador, de ahí que la Federación quiera reunirse con el Gobierno canario y aclarar "lo que tenemos que hacer cada uno".

El presidente mostró su confianza en poder debatir el copago y consensuar sus condiciones porque se trata de una materia "sensible" pero, en caso de que la Comunidad Autónoma siga adelante con la medida, "veremos lo que hacemos". Armas insistió en la necesidad de llegar a un acuerdo entre las partes, "porque hablamos de personas dependientes y con mucha dificultad", y afirmó que los cabildos están dispuestos a tomar "la responsabilidad que nos toque", pero eso no quita que "queramos que el Gobierno también haga la suya", advirtió.

Por otro lado, también informó de que en la reunión de ayer -a la que no asistieron los presidentes de las islas orientales- se trató el acuerdo de La Palma para pedir la supresión del tacógrafo en la Isla, tal y como ya hizo Tenerife.