La reforma de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias protagoniza hoy el último pleno parlamentario de esta legislatura con diferencias entre los socios de gobierno y un nuevo enfrentamiento entre los empresarios del sector turístico y el Ejecutivo regional. Los socialistas mantienen una enmienda que pretende regular por ley las plantillas mínimas de los hoteles pese a las reticencias de Coalición Canaria, que rechazó la propuesta en la ponencia. La patronal tinerfeña turística, Ashotel, advierte que esta pretensión por parte del PSOE es claramente inconstitucional porque vulnera los artículos 38, 139, 149.7 y 53.1 de la Carta Magna.
La diputada socialista Gloria Gutiérrez no se arredra ante las críticas empresariales y advierte: "No tenemos miedo de Ashotel, que se ha desarrollado por estructuras caciquiles". La parlamentaria no entiende a qué vienen las amenazas de la patronal porque "tan constitucional es el artículo 38 como el 35, que consagra el derecho al trabajo y a recibir una remuneración suficiente para el trabajador y su familia".
Pese al rechazo de los nacionalistas, las negociaciones entre los dos socios de gobierno se mantendrán hasta antes del pleno y, en este sentido, Gutiérrez reconoció un acercamiento con CC que implica cambiar algunos matices en el texto de la enmienda para cambiar el término "plantillas mínimas" por "suficientes" o "necesarias".
La diputada socialista critica que entre 2008 y 2013 se hayan perdido 42.000 empleos en el sector turístico a pesar de los récords de visitantes y el aumento de los beneficios de las empresas. "No nos vamos a arrodillar ante las presiones", asevera.
Sin embargo, lo más probable es que la enmienda socialista se rechace ya que el Gobierno también muestra sus reservas. El departamento que dirige el consejero Domingo Berriel considera que introducir por ley una regulación de las plantillas que deben tener los establecimientos hoteleros tiene un importante "calado", por lo que se requiere un informe jurídico en profundidad y con detalle para poder calibrar su encaje en el ordenamiento legal. Por ello, la parte nacionalista del Ejecutivo no cree que sea oportuno aprobar la enmienda mantenida unilateralmente por los socialistas.
A las críticas de la patronal que preside Jorge Marichal se unen las de los empresarios de la provincia de Las Palmas, que dirige Fernando Fraile, que cuestionan la disposición adicional segunda, en la que se abre la posibilidad de forzar el traslado de establecimientos hoteleros que se encuentren en suelo protegido o estratégico. La enmienda presentada por el PP fue rechazada por el resto de los grupos y el texto se queda tal y como se redactó por el Ejecutivo.
Los hoteleros consideran que este artículo busca un encaje al problema surgido con el BIC del Oasis de Maspalomas, mientras el Gobierno mantiene que se trata de una "herramienta" más de la que dispone el planificador para habilitar nuevo suelo turístico como alternativa a la expropiación o al convenio urbanístico, ya previstos en la ley.
