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La crisis relega a las Islas a la cola en gasto por habitante para educación y sanidad

El BBVA revela que el conjunto de administraciones aportan en el Archipiélago un 15,7% menos para los servicios públicos esenciales que la media regional

La crisis relega a las Islas a la cola en gasto por habitante para educación y sanidad

La crisis relega a las Islas a la cola en gasto por habitante para educación y sanidad

La crisis y los recortes por las políticas de consolidación fiscal han hecho mella en los servicios públicos esenciales prestados por las comunidades autónomas y Canarias es una de las regiones donde más se ha notado. Un estudio de la Fundación BBVA correspondiente al año 2013 la coloca a la cola en gasto público por habitante en el conjunto de las prestaciones que conforman el Estado del Bienestar: sanidad, educación y protección social. Este dato contradice, en parte, el discurso del Ejecutivo regional de que sus políticas en este ámbito han permitido minimizar los recortes presupuestarios ejercidos desde la Administración central, pero le da la razón respecto a que es una de las comunidades peor financiadas por el Estado ya que el estudio se refiere al conjunto de aportaciones de todas las administraciones, local, regional y estatal, a la financiación de estos servicios.

El estudio del BBVA señala que la distancia entre comunidades autónomas en gasto por habitante se aproxima al 60%, tomando precisamente a Canarias como la región donde menos recursos se destinaron a estas políticas, con 5.252 euros, y comparándola con Asturias, que con 8.531 euros per cápita es donde las administraciones mayor esfuerzo hicieron para sostener los servicios básicos.

Esta cifra supone de facto que Canarias ha gastado un 15% menos en servicios públicos fundamentales que el conjunto de las regiones, cuya media fue de 6.230 euros, situándose asimismo por debajo de la media en cada uno de estos capítulos.

Sanidad

Así, el gasto sanitario de las administraciones públicas en las Islas alcanzó ese año los 1.332 euros por habitantes, lo que supone un 1,8% menos que la media estatal, que fue de 1.366 euros. En este capítulo sólo se situaron por debajo las regiones de Andalucía (1.182 euros); Baleares (1.274), Cataluña (1.322) y Comunidad Valenciana (1.301). En esta materia, las regiones con mayor gasto por habitante fueron Asturias (1.714 euros), el País Vasco (1.620) y Cantabria (1.530).

Educación

El gasto en Canarias en Educación se situó en 2013 un 7,5% por debajo del conjunto de las comunidades autónomas, con 846 euros frente a 914 euros por habitante respectivamente. En este capítulo, y en detrimento de los datos que a este respecto ofrece la consejería de Educación, sólo dos comunidades autónomas, la de Madrid y la de Baleares, con 790 y 830 euros por habitantes respectivamente, saldan este servicio con menor gasto que las Islas. Las regiones que más recursos destinan a los distintos niveles y servicios relacionados con la educación son las dos comunidades forales, País Vasco y Navarra, con 1.223 y 1.106 euros respectivamente, además de Asturias (1.066), Extremadura (1007) y Cantabria (1.003).

Protección social

El tercero de los elementos que mide el estudio, la protección social, es en el que peor parada aparece Canarias, que se sitúa con 3.074 euros a 22,3 puntos porcentuales de la media del conjunto de regiones en gasto por habitante, que es de 3.958 euros.

Este es el servicio público esencial donde el Archipiélago en más deficitario respecto al resto de regiones al ser la última en la tabla y muy por debajo del resto. Incluso las que se colocan inmediatamente por encima mejoran sustancialmente el gasto canario en protección social, como son los casos de Murcia y Baleares, que destinan a este capítulo 3.204 y 3.326 euros por habitante, respectivamente. Las regiones con más fondos para este capítulo llegan prácticamente a doblar la cifra de la que disponen las Islas, como son los casos de Asturias y País Vasco, con 5.751 y 5.516 euros respectivamente.

Los autores del informe Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades, el catedrático de Análisis Económico Francisco Pérez, y los economistas del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económica) Vicent Cucarella y Laura Hernández, aclaran que estos servicios objeto de estudio son actividades relacionadas con la prestación y gestión de servicios se salud (asistencia primaria, especializada y hospitalaria, salud pública, investigación clínica), educación (infantil, primaria, secundaria, postsecundaria y superior, becas, servicios auxiliares de educación), y protección social (los derivados d ella jubilación, la incapacidad, la edad avanzada, protección a la familia, desempleo, vivienda o exclusión social).

El informe de la entidad financiera destaca que tras los ajustes producidos después del 2009, como consecuencia de la política de estabilidad financiera y consolidación fiscal a que el Ministerio de Hacienda a obligado a las comunidades autónomas, algunas de ellas, como País Vasco, Navarra y Asturias, alcanzan en 2013 un gasto superior al que alcanzaban otras comunidades, como sería el caso de Canarias, antes de iniciar sus reducciones de gasto.

"Las diferencias territoriales de gasto público no parecen compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos", afirmó en la presentación del estudio del BBVA su director. A su juicio, estos datos deben ser motivo de "preocupación", al tiempo que "exige explicaciones".

Francisco Pérez asegura que pese a los recortes y las diferencias expresadas en el estudio, el estado del bienestar en España "no se ha destruido" porque, según dijo, "al mismo tiempo que se han producido caídas importantes de recursos, también se ha hecho lo imposible por preservarlos. Un "esfuerzo", añade, que se refleja en el hecho de que en 2013 se destinara un mayor porcentaje del PIB dedicado a los servicios públicos fundamentales que en 2007, alcanzando los 28 puntos desde los 23 en que se partía al inicio de la crisis.

El informe llama la atención sobre que la diversidad territorial del gasto público en servicios públicos fundamentales es "muy elevada" en España, así como la intensidad de los ajustes realizados y señala que el origen de estos últimos se encuentra la crisis económica y de las finanzas públicas. Debido a la "prolongada recesión", los ingresos públicos cayeron con fuerza y el gasto real por habitante en servicios públicos fundamentales experimentó una reducción significativa desde el inicio de la crisis, concluye.

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