"A nadie nos gusta pagar impuestos, pero pagarlos es un enorme acto de solidaridad". Más de siete veces lo repitió ayer el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, que intentó empatizar con cerca de 160 empresarios, asesores fiscales y altos ejecutivos, que acudieron al Foro de Editorial Prensa Ibérica, preocupados por el proyecto en tramitación de reforma de la Ley General Tributaria, normativa cuyos objetivos fundamentales son reforzar la seguridad jurídica, reducir la conflictividad tributaria y prevenir el fraude fiscal incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones impositivas.
Menéndez ha viajado en numerosas ocasiones a las Islas, pero siempre por ocio y sólo le falta visitar El Hierro. Ésta es la primera vez que intervenía ante empresarios isleños en una comparecencia fundamentalmente técnica, en la que repasó la modificación de la legislación referida al IRPF, la nueva normativa del Impuesto sobre Sociedades y pasó de puntillas por la nueva regulación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias en lo referido a su vertiente fiscal. Los asistentes echaron de menos una mayor explicación sobre los litigios vinculados a los incentivos fiscales del REF, una "asignatura pendiente" en la que consideran que hay que hilar fino, ya que causan "un enorme disgusto para el sector empresarial en Canarias" debido a la diferencia de criterios entre los asesores y la Agencia.
El público no se anduvo con chiquitas en el turno de preguntas. No querían cuentos y, por mucho que insistieron, recibieron respuestas genéricas por parte del conferenciante, tanto sobre el REF como respecto al resto de asuntos. Uno de los presentes cuestionó a través de una cartulina anónima sobre la "persecución" tributaria hacia los empresarios. Si bien, el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Germán Suárez, no hablaría tanto de "persecución, pero sí de presión" desde la Agencia.
Risas
Sea como fuere, la consulta suscitó risas en la sala y el exinspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude se apresuró a negar la mayor. Dijo no compartir esa visión y, para contrarrestar esa percepción adversa y en contraposición a la lista de morosos, planteó que "no estaría mal a lo mejor dar un sello de calidad para aquellos contribuyentes que tienen un comportamiento ejemplar".
La idea de premiar gustó a muchos, entre ellos al presidente de IFA Hotels (Grupo Lopesan) Santiago de Armas, que entiende que se deben impulsar medidas que reconozcan la labor y el esfuerzo de los profesionales. Se trata de sancionar a quien incumple, pero también recompensar de alguna forma a quienes acatan la ley.
En cualquier caso, en su intervención Menéndez aclaró también que no se publicará la relación de todos los defraudadores, sino de quienes son reincidentes, que tienen una deuda acumulada de más de un millón de euros e incumplen exigencias legales. Con todo, el máximo responsable de la Agencia Tributaria estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda, rehusó dar la cifra de morosos en el Archipiélago o incluso nombres.
"A mí me da igual, tengo la conciencia tranquila, si se publica que se publique. Lo que no puede ser es que unos paguemos impuestos y otros no", aseguró al término del encuentro el importador y expresidente de la patronal de Las Palmas Sebastián Grisaleña, que denunció "por qué las grandes empresas en España pagan tan pocos impuestos y, en cambio, la mediana y pequeña empresa o el empresario normalito pagan tanto. Si cada empresa paga la parte que le corresponde, seguramente recaudaríamos más y habría más justicia", arguyó.
No obstante, el presidente de la Federacion Provincial de Empresarios del Metal de Las Palmas (Femepa), Vicente Marrero, alertó de que la divulgación de datos fiscales "sería inconstitucional".
Precisamente, en relación a filtraciones en los últimos meses, Menéndez fue cuestionado por la revelación de la declaración de la renta de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. Tras una "exhaustiva investigación" se determinó que la información no procedía del organismo estatal.
Además, para despejar dudas lanzó una advertencia: "Quédense tranquilos, que la Agencia Tributaria trabaja con absoluta autonomía y sin ninguna injerencia".
El mensaje aplacó los ánimos de los empresarios, que, igualmente, salieron del evento satisfechos con los datos económicos "optimistas" expuestos. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, compartió el balance "privilegiado" que se refleja en los incrementos de recaudación. Escenario que, a su juicio, "significa que el tejido productivo mejora y, por tanto, la capacidad de generar empleo seguirá siendo intensa en los próximos trimestres". "La situación económica mejora, pero no es para todo el mundo y ése es el problema", se lamentó el empresario de origen hindú Anil Partap.
Asimismo, el apartado de interrogantes del público sirvió para esclarecer otra sospecha entre los empresarios sobre si los inspectores cobran variables en función de lo que recaudan. Menéndez lo desmintió y explicó que los funcionarios de la hacienda tributaria reciben una parte de su retribución que no llega al 10% y que es variable, no en función de lo recaudado sino según el trabajo desempeñado.
La conferencia económica atrajo a los principales empresarios del Archipiélago y representantes de las patronales, como el presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, y el presidente de los extrahoteleros, Tom Smulders. Hubo escasa presencia de cargos públicos. Aparte de la presidenta de la Zona Especial Canaria, Beatriz Barrera, y el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, acudió el director de la Agencia Tributaria Canaria, Alberto Génova, entre otros. Por el PP se acercaron Mercedes Roldós, Juan Domínguez, Felipe Afonso El Jaber y Rosa Rodríguez.
