El Gobierno regional desconoce si las familias canarias podrán acoger a refugiados, en su mayoría sirios, iraquíes y afganos, que huyen de la guerra en sus países de origen. La viceconsejera de Políticas Sociales, Isabel Mena, dejó ayer esta decisión en manos del Gobierno central, pese a que numerosas familias isleñas se han ofrecido a albergar a los expatriados en sus hogares. La también dirigente socialista indicó al respecto que esa es "una cuestión que debe autorizar el Gobierno de España, tiene que haber un protocolo y, si así lo decide, deberá regular muy bien con qué condicionantes y qué formación se les da a esas familias".
La viceconsejera de Políticas Sociales culpó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de actuar, "ante un asunto tan urgente y grave", con "muy poca eficacia y demasiada lentitud", y aseveró que en la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada en Madrid el pasado martes, presidida por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "no se concretó absolutamente nada", ni cómo ni cuándo se hará el reparto de refugiados entre los distintos territorios del país, ni los fondos que se habilitarán para costear la atención a esas personas.
En este sentido, criticó que el Fondo de Integración para la Inmigración cuenta "cero euros" desde 2012, "cuando el Gobierno de España se cargó esa partida que era fundamental para las comunidades autónomas", por lo que reclamó en el encuentro sectorial que se vuelvan recuperar presupuestariamente dichos recursos.
El Ejecutivo canario inició ayer los preparativos para acoger a los refugiados que asigne el Estado a las Islas, para lo que se reunió con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y contactó con los ayuntamientos y cabildos, al objeto de efectuar un inventario para conocer las instalaciones que disponen para cobijar a los expatriados. En la reunión, el Gobierno decidió crear una comisión permanente de ayuda a refugiados entre las ONG, como CEAR, Cruz Roja y Cáritas, y los ayuntamientos y cabildos que se han ofrecido a colaborar.
Según Mena, entre todos habrá que definir qué inmuebles, como albergues, colegios en desuso, antiguos cuarteles o viviendas deshabitadas, pueden destinarse a esa acogida, porque para el Gobierno canario está evidente que las 35 plazas que CEAR posee en un centro de asilo que tiene en Gran Canaria y en el que calcula que podría habilitar otras diez más, junto a "otras pocas que tiene Cruz Roja, son insuficientes", afirmó Mena.
El coordinador territorial de CEAR, Juan Carlos Lorenzo, estimó en referencia a la posibilidad de que las familias acojan a refugiados que ven más factible que se instalen en pisos de alquiler. Recordó que son familias enteras las que huyen de los conflictos bélicos y "no es fácil" esa convivencia, extremo que se complica teniendo en cuenta de que los trámites para declarar la protección internacional "son largos" y pueden durar como mínimo un año. "Hablamos de una acogida de seis meses en una primera fase y otros seis meses en una segunda", dentro de procesos que, según cada caso concreto, "incluso se pueden dilatar un poco más", expuso Lorenzo.
Integración
El procedimiento se trata de "algo mucho más complejo que la mera asistencia a las necesidades básicas" de esas personas, precisó, ya que se requiere de un proceso de integración transversal e integral, en el que no sólo se produce una intervención social, sino también psicológica, formativa y laboral, como marca el sistema de acogida del Estado.
A pesar de que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, cuantificó en unos 600 los refugiados lo que le corresponderán a Canarias de los 14.931 que la Comisión Europea ha asignado a España, la viceconsejera de Políticas Sociales indicó que aún no existen datos concretos sobre el número de personas que podrían llegar a las Islas, extremo que espera que se dé a conocer tras la reunión del 14 de septiembre de ministros del Interior de la Unión Europa. "Lo que queremos es que no haya ni regateo de cifras ni un racaneo cuando estamos hablando de vidas humanas", recalco.
Al respecto, el coordinador territorial de CEAR precisó que antes de distribuir a los refugiados habrá que conocer sus prioridades a la hora de saber en qué país quieren quedarse, y señaló a Alemania o Suecia como los demandados para estas personas.
De hecho, recordó que el año pasado vino a las Islas una decena de sirios y en 48 horas se volvieron a ir. "Habrá que ver los perfiles de las personas para conocer su elección y si la reubicación en Canarias es la adecuada", apostilló.
