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El Gobierno canario descarta ya que las familias puedan acoger refugiados

Políticas Sociales expone que los expatriados que vengan serán unidades familiares que permanecerán un largo periodo y requerirán ayuda especializada

El Gobierno canario descarta ya que las familias puedan acoger refugiados

El Gobierno de Canarias descarta que las familias de las Islas cobijen en sus hogares a refugiados, en su mayoría sirios, iraquíes y afganos, que huyen de los conflictos bélicos en sus países, debido a que son familias enteras, cuyo acogimiento no va a ser por un periodo corto de tiempo y requerirán de un apoyo especializado por la grave situación que han vivido.

Tras la reunión de directores generales de Inmigración, convocada por la Secretaría de Estado para la Inmigración y Emigración, el pasado miércoles, y después de escuchar a técnicos y ONG, se ha considerado que lo más conveniente es que la asistencia a los refugiados sea en las infraestructuras y viviendas que las instituciones y organizaciones están poniendo a disposición del Gobierno canario, que coordina el dispositivo para atender al cupo de expatriados que el Estado asigne a las Islas, que, en principio, pueden rondar las 600 personas si bien el número está aún por definir.

Así lo explicó ayer la directora de Políticas Sociales e Inmigración, Carmen Acosta, quien recalcó que es una decisión estatal y lo que sí se contempla para los ciudadanos que quieran cooperar es el "acompañamiento familiar", con el fin de apoyar a los refugiados en su vida cotidiana, bien con el idioma o para ayudarlos en sus visitas a centros de salud o educativos que acogerán a los menores, entre otras cuestiones.

Pero la convivencia en los hogares de familias de refugiados con familias canarias no es lo más idóneo. "Necesitan un apoyo especializado de profesionales para esos niños y adultos que pueden tener secuelas de los bombardeos", explicó Acosta.

Además, el proceso de integración es, siguiendo el protocolo estatal, de seis meses en la primera fase de acogimiento, otros seis meses en la que se trabaja la autonomía, y una tercera etapa de acompañamiento puntual en función de la mayor o menor vulnerabilidad de la persona solicitante de la protección internacional. En este caso "no son niños saharauis que vienen dos meses", puntualizó, sino familias enteras que vienen a integrarse en la sociedad en la que piden asilo.

Viviendas vacías

Lo que sí está analizando el Gobierno canario es el ofrecimiento de distintos ciudadanos de ceder viviendas vacías que poseen a los refugiados. "Habrá que contactar con Cataluña para ver cómo están planteando la cobertura legal de esa propuesta", expuso Acosta, a quien le pareció "genial" la iniciativa del presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, para intentar que los bancos cooperen dejando sus inmuebles vacíos a los asilados, si bien recalcó que es una cuestión de las entidades financieras.

En este contexto, puntualizó que Canarias tiene una Bolsa de Vivienda Vacía cuya disponibilidad se está analizando, pero en ningún caso en detrimento de restar recursos a los canarios que lo necesiten, sino "que es una cuestión humanitaria puntual".

Por el momento, el Gobierno regional desconoce exactamente el número de refugiados que le corresponderá acoger a las Islas, aunque sí se sabe que vendrán de forma "paulatina de Grecia, Italia y Hungría". El área de Políticas Sociales coincide con las ONG en que se deberá conocer antes sus preferencias sobre los países o comunidades donde quieran residir. "Los que estaban en Ceuta y Melilla quisieron irse a Alemania", indicó Acosta.

Terrorismo

En cualquier caso, los refugiados que vengan estarán perfectamente identificados por los países por donde han entrado para evitar, entre otras cuestiones, que se puedan colar terroristas camuflados entre estas personas, un temor que han expresado distintos países. En la reunión que mantendrán el lunes los ministros del Interior de la Unión Europea se clarificará cómo se va a prestar esa ayuda a los refugiados. El cupo asignado a España es de 14.931 personas, que el Gobierno central deberá repartir entre las comunidades.

El Ejecutivo canario se ha puesto en contacto con ayuntamientos, cabildos, ONG, la iglesia o el Ministerio de Defensa a fin de realizar un inventario de las infraestructuras que pueden ceder y los recursos humanos de los que disponen.

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