Las divisiones internas en Podemos también se dirimen en los tribunales. La próxima semana se abre el proceso judicial como consecuencia de una denuncia penal por presuntos delitos de falsedad documental y coacciones, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana. La demanda fue presentada por una miembro de la comisión de garantías de Podemos contra la presidenta de este órgano, Isabel Suárez, y el secretario, Desiderio Sarmiento.
La denuncia esgrime una supuesta falsedad documental y coacción así como la comisión de múltiples irregularidades en el procedimiento a través del cual se incoaron varios expedientes de expulsión o suspensión de miembros del partido, algunos de ellos con cargos en diferentes órganos en distintos municipios. Los expedientes se abrieron durante el proceso de conformación de las listas municipales y por incumplimientos del código ético de la formación. Al menos 35 personas están afectadas por estos procedimientos de diferentes municipios e islas.
La demandante, Marion Peschutter, expone que las resoluciones que sirven de base a esas expulsiones de militantes fueron adoptadas en unas reuniones de ese órgano garantista de Podemos que nunca llegaron a producirse. En otros casos, las resoluciones emitidas relacionan como presentes y firmantes de los acuerdos alcanzados a integrantes que nunca participaron de tales decisiones, como es el caso de la propia Peschutter. Esta presuntas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la dirección regional del partido y la comisión de garantías estatal sin que se diera respuesta a las mismas, por lo que se llevó el caso al juzgado.
Otro hecho que también será visto por el juez son las posibles irregularidades cometidas en el proceso de primarias para confeccionar la candidatura de Podemos a las elecciones autonómicas. Además de la plancha oficial encabezada por Noemí Santana, se presentó una alternativa representada por Adolfo Padrón. Esta lista no fue admitida finalmente por los órganos del partido, quedando Padrón fuera de la carrera electoral.
El trasfondo de esta denuncia forma parte de la división interna que se ha producido en el seno de Podemos desde el mismo momento en que se produjo el proceso de constitución de los órganos directivos de la formación y después las primarias para elegir a los candidatos a las pasadas elecciones autonómicas y municipales. En Gran Canaria las discrepancias entre la corriente Contigo Podemos y la dirección regional han sido evidentes en los últimos meses, mientras que la salida de Adolfo Padrón de los órganos de la formación y los impedimentos que le imposibilitaron concurrir a las primarias provocó que articulara el movimiento Bases Podemos, erigiéndose como ariete contra las directrices emanadas del equipo que encabezan Meri Pita, secretaria regional, y Alejandro Pérez, secretario insular de Gran Canaria.
Los expedientes de sanción o expulsión dirimidos por el comité de garantías, que ahora investiga un juez, no sólo se limitan a Gran Canaria sino que afectan a otras islas como La Palma, donde se le abrió un expediente de expulsión a la secretaria insular de la formación en la isla bonita, Mikal Rodríguez, sanción a la que se opone el Consejo Ciudadano insular.
Preguntada la presidenta de la comisión de garantías, Isabel Suárez, se limitó a decir que está a la espera de la decisión de juez cuando la llame a declarar pero sí expresó que muchas de las afirmaciones que se dicen en la denuncia son falsas. "Es una denuncia y no una querella, de momento se ha puesto en manos de los abogados pero muchas cosas de las que se dicen no son ciertas", señala Suárez.
La mayoría de los afectados por los expedientes de expulsión y por la denuncia formulada ya se están reuniendo para unificar criterios y prepararse ante la próxima apertura de diligencias por parte del Juzgado, que tendrá lugar la próxima semana.
El comunicado lanzado el pasado fin de semana por los consejeros del Cabildo grancanario, Juan Manuel Brito y María Nebot, y otros miembros del Consejo Insular de Gran Canaria expresaban las dudas sobre la imparcialidad de la comisión de garantías de Podemos Canarias debido a la denuncia presentada en los juzgados por falsedad documental y otras supuestas ilegalidades. Esta situación ha motivado que la dirección regional de la formación haya trasladado este conflicto interno a la comisión de garantías estatal para que tramite los expedientes y la posibilidad de la expulsión.
