La investigación de la operación Gloria va mucho más allá de las presuntas irregularidades en la contratación de programas por parte del anterior director de la Radio Televisión Canaria (RTVC), Guillermo García, imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos. La juez María de Lorenzo-Cáceres y Farizo, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, ha ordenado al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que investigue si Rubén Fontes, exjefe de Producción del ente público con García, extorsionó a responsables de ayuntamientos de la provincia de Las Palmas para que favorecieran a Siete Mares SL, una de las productoras que está siendo investigada y de las más beneficiadas durante la etapa de García y el propio Fontes en la tele autonómica.
En una providencia firmada el pasado 30 de octubre, la magistrada pide al grupo policial que averigüe si "Rubén Fontes se reunió con autoridades locales instándoles a que contratasen a Siete Mares SL con indicación de que si no lo hacían no contaran con la colaboración de RTVC". Rubén Fontes, que llegó al cargo de jefe de producción de la mano de García en 2009, no tenía ninguna vinculación oficial, ni siquiera a través de una participación económica, con esta productora pero la juez quiere saber si había alguna relación extraoficial o interés económico irregular que justificara que Fontes intentara beneficiarla en todo momento.
La juez ha recibido informaciones que indican que Fontes, ya siendo jefe de producción del ente público, pudo presionar a los responsables de algunos ayuntamientos para que hicieran encargos a Siete Mares en temas como iluminación y coberturas de galas, romerías y otros festejos, al margen de la televisión autonómica, y si les había dicho que si no lo hacían, las actividades de esos municipios no tendrían cabida en los diferentes programas de la tele canaria.
Reunión
María de Lorenzo-Cáceres y Farizo también pide al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía que investigue qué ocurrió y quiénes fueron a la reunión que convocó Rubén Fontes con las productoras canarias nada más ser contratado por RTVC. La magistrada quiere saber "si Rubén Fontes entregó [en esa reunión] una lista de precios [de programas] y si a partir de dicha reunión todas las contrataciones se realizaron a favor de Siete Mares SL con exclusión del resto de empresas que hasta ese momento habían venido trabajando con RTVC".
En ese encuentro, Fontes ya anunció a las otras productoras que iba a empezar a surtirse de los servicios de Siete Mares, una empresa hasta ese momento totalmente desconocida en el sector audiovisual canario.
Asimismo, la juez quiere saber si Fontes les dijo a los representantes de las otras empresas que no presentasen ofertas por un precio inferior al que figuraba en la lista que habría entregado en aquel encuentro.
La instructora de la causa también ha mostrado interés en que se sepa si "un alto cargo del Gobierno de Canarias decidió un reparto de las contrataciones de modo que las contrataciones de eventos en las islas orientales le correspondería decidirlas a Rubén Fontes y el resto, al imputado Guillermo García". Asimismo, pide al mencionado grupo de la Policía Nacional que investigue toda la trayectoria de Fontes, un hombre que pasó de maquillar cadáveres en una funeraria a jefe de Producción de Radio Televisión Canaria y secretario de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria.
En la misma providencia, María de Lorenzo-Cáceres y Farizo cita el próximo día 19 a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, o al representante legal de dicha Consejería y al director del Consejo Rector de RTVC, Santiago Negrín, para ofrecerles que se presenten en la causa en calidad de perjudicados. El Consejo Rector ya ha confirmado que se personará, no así el Ejecutivo regional.
Negrín también tendrá que declarar el mismo día 19 en calidad de testigo, junto al periodista Daniel Cerdán, exdirector de RTVC y actual comisionado de Transparencia de Canarias; y Julián Sosa, empleado de Videoreport Canarias.
La operación Gloria investiga presuntas irregularidades en la contratación de programas de RTVC cuando la dirigió Guillermo García entre 2008 y 2015 por un montante superior a 12 millones de euros, pagados con dinero público. Las pesquisas se centran en tres productoras: Amanecer Latino (2,3 millones), Siete Mares (1,4 millones) y Doble Diez Comunicación (8,5 millones). La juez ha imputado por ahora al exdirector del ente, Guillermo García, y al administrador único de Amanecer Latino, Francisco Padrón, por presunta malversación de fondos públicos. La juez cree que García ayudó a Padrón, su amigo y mentor, a pagar los 1,3 millones que debía la productora de éste a la Seguridad Social. Lo hizo comprando programas a un precio cuatro veces por encima de su valor real.
