La inestabilidad laboral en las administraciones públicas canarias se ha cronificado con la crisis debido a las escasas ofertas de empleo público de los últimos seis años y a la baja tasa de reposición, lo que ha impedido la sustitución de las jubilaciones de los funcionarios. Será el próximo año cuando se ya podrán reponer el 100% de las plazas que queden vacantes, una vez que el Estado ha desbloqueado las restricciones que pesaban sobre la función pública. En total son más de 15.000 los empleados públicos que no tienen su plaza fija.
Según los datos de las centrales sindicales el 22% de la plantilla de los docentes no universitarios es interina o sustituta. Hay alrededor de 24.000 maestros y profesores en la enseñanza pública de las Islas, lo que supone que más de 5.000 empleados no tienen aún su plaza en propiedad.
El caso más llamativo es el de sanidad, en el que los sindicatos estiman que cerca del 40% de la plantilla no es aún personal estatutario con plaza fija. Los problemas se han ido acumulando como consecuencia de una oferta de empleo público que data de 2007 y que aún no se ha terminado. Hay varias impugnaciones sobre la mesa de la categorías que aún quedan por convocar -enfermería y auxiliar administrativo- y recientemente los tribunales anularon unas oposiciones similares en Castilla y León, lo que arroja aún más incertidumbre sobre el proceso. De los 25.000 sanitarios, más de 8.000 se encuentran ocupando plazas de interinos o están realizando sustituciones con contratos que pueden ser de días u horas.
En el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma hay unos 3.500 interinos y temporales de los 10.000 de la plantilla total. Funcionarios interinos son cerca de 200, el resto son laborales que se encuentran en algunas de las modalidades de temporalidad o indefinidos que no han consolidado su plaza.
Los problemas se pueden incrementar si en Canarias sucede como en Andalucía, donde los sindicatos y representantes de los interinos han exigido que se aplique la sentencia europea que limita el uso abusivo de la contratación.
