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Entrevista.

"Aplicaremos medidas para redistribuir la riqueza aunque nos llamen populistas"

"Hay ideas sobre la mesa como la bonificación del IGIC, pero cambiar el IRPF compete al Estado", indica Néstor Hernández, comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza

Néstor Hernández, en un momento de la entrevista en su despacho.

Néstor Hernández, en un momento de la entrevista en su despacho. SANTI BLANCO

¿Qué sentido tiene un comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza cuando ya hay varios altos cargos, entre viceconsejeros y directores generales, que se encargan de estos asuntos?

Los cargos a los que se refiere tienen que ver específicamente con las políticas paliativas para cubrir las necesidades básicas y la atención a los servicios públicos. El pacto de gobierno establece la creación de este comisionado porque cree necesario ir más allá y elaborar un plan de inclusión social y contra la pobreza. Ya hubo uno hace varios años pero ahora el incremento de la tasa de paro y de la exclusión acreditan que hace falta abordar esta problemática. Por desgracia encabezamos los peores ratios del Estado y somos los que menos esfuerzos hacemos para cubrir estas políticas. Este Gobierno considera que es necesario incrementar el gasto social del presupuesto pero también coordinar un plan donde se implique a todo el Gobierno. También estamos con el borrador de la ley del tercer sector donde figuran todas las organizaciones sin ánimo de lucro en las que se integran las ONG, las cooperativas, las empresas de inserción laboral, etcétera.

Venimos de una legislatura en la que faltaron recursos para las políticas sociales y hubo también una estrategia contra la pobreza ¿qué va a cambiar ahora?, ¿se va a hacer tabla rasa?

Se va a profundizar en la estrategia a través de los planes de choque con los 60 millones que nos han permitido incrementar el presupuesto por el techo de gasto. En el comisionado vamos a abordar otras estrategias. Claro que evaluaremos el funcionamiento de las políticas que se han hecho, pero también tenemos que abordar un plan que tenga un mayor recorrido y que sea transversal. No hay ninguna política redistributiva que no tenga que ver con la corresponsabilidad fiscal. Los datos de pobreza, paro y exclusión social están sobre la mesa, por lo que habrá que hacer un esfuerzo en la redistribución de la riqueza. El margen que tiene el Gobierno de Canarias no es mucho pero lo tenemos en impuestos como el IGIC y debemos instar a otras administraciones para variar las tablas del IRPF. Un plan como este debe plantear estrategias nuevas y no sólo centrarse en las políticas paliativas. Las medidas se están estudiando en varias mesas de trabajo pero un ejemplo de ellas puede ser la bonificación del IGIC para los jóvenes autónomos en su primer año. Otra idea puede ser intentar incluir las cláusulas sociales en los pliegos de condiciones técnicas, es decir, lograr la inserción laboral de parados con más dificultades. El consejero de Agricultura planteaba hace poco la necesidad de replantearse el REA para permitir el incremento del consumo de productos canarios. El plan contra la pobreza debe ser un documento de futuro.

Pero supongo que serán conscientes de cómo está la concentración de la riqueza en Canarias y la libertad de contratación ¿cómo piensan abordarlo con las organizaciones empresariales?

Nosotros no le vamos a decir a los empresarios a quiénes tienen que contratar. Somos plenamente conscientes de que hay temas competenciales en los que no podemos entrar, pero en el margen que tenemos para actuar lo haremos. Quizá nos puedan llamar intervencionistas pero lo vamos a hacer en varios sentidos. Vamos a respetar la libertad de contratar pero habrá que poner ciertas condiciones pese a que haya quienes ya las tachen de populistas. A pesar de todo la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública no disgusta a la mayoría de las organizaciones empresariales porque el poder legislativo tiene competencias para legislar a favor de una distribución de la riqueza más justa. Es difícil de explicar a la ciudadanía que en una situación muy favorable para el sector turístico como la de ahora eso no tenga un traslado a los datos de pobreza y exclusión social. ¿Significa que le pidamos a los empresarios del sector que contraten más? No necesariamente, pero tendremos que sentarnos para abordar qué otro tipo de estrategias se pueden aplicar. Un ejemplo es la necesidad de que los hoteleros compren más productos canarios para suministrar sus establecimientos.

Usted estuvo la pasada legislatura fuera de la actividad política ¿qué pensaba cuando se denunciaba que la PCI se acababa a mitad de año o que Canarias estaba a la cola en dependencia? ¿Cree que era mala gestión?

Creo que hay un poco de todo. Me indignaba porque también lo vivía en un centro escolar. El Gobierno hizo esfuerzos como la apertura de los comedores escolares pero faltaron recursos suficientes. Me reafirmo en que no hay justicia social sin redistribución de la riqueza. Me indigna tanto los sueldos del Ibex 35 como la desaparición por parte del Estado de los 42 millones del Plan Integral de Empleo con una tasa de paro como la que tenemos. Lo que es necesario es legislar para que los recursos disponibles se repartan de forma más justa y que el esfuerzo de los que más tienen vayan hacia los que menos tienen. La libertad y la dignidad la dan un empleo y un salario dignos.

¿No ve la estructura económica de Canarias excesivamente rígida y lenta para asumir pronto la diversificación que tanto pregona el Gobierno?

Es cierto que tenemos muchos inconvenientes como la dependencia energética, que nos encarece mucho la producción, y la diversificación que se topa con el peso excesivo del turismo y los servicios. Sería un error pensar que es un problema y es todo lo contrario, habría que utilizar el turismo como palanca para intentar diversificar la actividad económica mediante el reciclaje, el desarrollo del software o vincular las empresas hoteleras al consumo de productos agrícolas canarios. Además del incremento presupuestario que ha hecho el Gobierno en políticas sociales, también hay un aumento significativo de las partidas en investigación y desarrollo que no es casual.

¿No se han perdido años importantes para impulsar esa diversificación? El hecho es que Canarias no se mueve de un 28 o 30% de tasa de desempleo.

La economía avanza también muy rápido y tendremos que adaptar las instituciones para, sin que entre en juego una cuestión de arbitrariedad, sí que haya cierta discrecionalidad para adaptar lo que tenemos a la coyuntura por la que atravesamos. La mejor garantía para conseguir empleo es la formación sin duda alguna. Para reducir las altas tasas de paro que tenemos la apuesta debe ser más inversión pública para que las personas con menos formación puedan acceder al mercado laboral.

¿Cual va a ser el nivel de coordinación con los cabildos y ayuntamientos en este plan contra la pobreza cuando el nivel de solapamiento de competencias sigue siendo tan elevado?

Hay unas carencias muy importantes en coordinación interadministrativa. Hay que simplificar y clarificar competencias y en seis meses vamos a hacer un análisis para que de una vez por todas deje de existir esta disfunción porque la ciudadanía no lo entiende. Cada administración tiene que asumir su responsabilidad presupuestaria, reelaborar las cartas de servicios y establecer modelos comunes de evaluación. La tarea es compleja y encima la complica más el Estado con la reforma local.

La burocracia administrativa también afecta a los expedientes sociales y ahí tenemos los problemas surgidos en las miles de peticiones atascadas de la dependencia ¿cómo se va a abordar este asunto?

Tiene que haber financiación porque hay falta de personal. Algunos se quejan de que hay muchos funcionarios, ya está bien de ese debate porque al final todos vamos a que nos solucionen los problemas los empleados públicos. Por ello se necesita más dinero para contratar las plazas que hagan falta cubrir para tramitar los expedientes. Hay plazas dotadas en el presupuesto en servicios sociales que están sin cubrir y eso no puede ser. También hay que hacer un esfuerzo presupuestario en informatización porque hemos visto departamentos con 35.000 expedientes que se siguen tramitando en papel y que tienen que firmarse de forma manual. Ha faltado gestión política y más fondos para agilizar el proceso. En los ayuntamientos existen los decretos de emergencia por una causa mayor pero en materia de servicios sociales eso no está contemplado. Los empresarios se quejan de que hay que simplificar los procesos administrativos pero también hay que abreviar los trámites referidos a las personas.

¿Se está cumpliendo el itinerario laboral de la prestación canaria de inserción para facilitar la incorporación al mercado?

La PCI tiene un límite temporal pero es verdad que con los recursos existentes esta segunda fase no se ha desarrollado convenientemente y lo digo con toda claridad. Tenemos que vincular la PCI necesariamente a la inserción laboral y se debe estrechar la colaboración con el Servicio Canario de Empleo, que debe acceder a los beneficiarios con el fin de analizar las situaciones y buscarles soluciones.

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