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La Audiencia de Cuentas cuestiona la contratación a dedo en el sector público

El órgano fiscalizador pone en entredicho cerca de un millar de altas irregulares en las empresas autonómicas

La Audiencia de Cuentas cuestiona la contratación a dedo en el sector público

La Audiencia de Cuentas cuestiona la contratación a dedo en el sector público

La Audiencia de Cuentas de Canarias cuestiona la política de contrataciones de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma. El órgano fiscalizador critica la colocación a dedo de personal, el incumplimiento de los requisitos legales y la falta de control de Hacienda, pese a que las sociedades mercantiles se nutren de fondos públicos y están sujetas a planes de viabilidad. En el último informe de fiscalización de las cuentas autonómicas se eleva a cerca de un millar las contrataciones ineficaces y que soslayan los procedimientos establecidos en las leyes de presupuestos.

Son varias las empresas que el informe pone en el candelero. La principal es Gesplan, pero también Gestión del Medio Rural (GMR), Cartográfica de Canarias (Grafcan), Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa), Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SA (Visocan), Radiotelevisión Canaria (RTVC) y Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan). En todas ellas se produjeron anomalías en la gestión de personal a tenor de las conclusiones elaboradas por la Audiencia de Cuentas.

El último informe fiscalizador de las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma, correspondiente a 2014, se aprobó el pasado 18 de diciembre y entró en el Parlamento diez días más tarde. Son ahora los grupos políticos los que tendrán que analizar el contenido del mismo y aprobar sus propuestas para que sean elevadas al Gobierno. En la parte referida al sector público autonómico -empresas y fundaciones públicas- es donde la Audiencia pone más reparos y critica el gasto en personal del mismo, como ya ha ocurrido en ejercicios anteriores.

La Audiencia de Cuentas censura que Gesplan diera de alta en el ejercicio 2014 a 882 personas sin cumplir los requisitos establecidos en la ley de presupuestos de ese año, que establecía restricciones al aumento de personal en las sociedades mercantiles y que, en caso de hacerse por la vía de encomiendas de gestión, se debía comunicar y aprobar por las direcciones generales de Función Pública y de Planificación y Presupuesto. Pese a las alegaciones presentadas por la empresa pública a los argumentos del órgano auditor, éste no modifica su conclusión porque no se acredita por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que las contrataciones de Gesplan cumplieran los requisitos y contaran con los informes y el soporte documental adecuado.

Trabajos ambientales

Las 882 altas realizadas por Gesplan en ese año, como en otros ejercicios, corresponden a contrataciones temporales realizadas para trabajos de tipo medioambiental, encuadrados en el convenio colectivo regional del campo. La sociedad alega que con su plantilla fija no podía realizar estos trabajos, demandados por cabildos y ayuntamientos y que en varias ocasiones han sido puestos en el punto de mira porque han servido para contratar a personal que, con el tiempo, se ha terminado quedando en la plantilla laboral de la empresa. Según la Audiencia de Cuentas, en 2014 el incremento de la plantilla en el sector público en términos netos fue de 251 efectivos, de los cuales 219 fueron en Gesplan.

Los casos de enchufismo denunciados por el órgano fiscalizador autonómico se centran en la contratación de 11 trabajadores en los que no consta la aplicación de los requisitos de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Nueve de estas altas se produjeron en GMR. También se produjeron contrataciones irregulares en la radio pública y en Grafcan.

Otros 34 empleados que causaron alta en ese año no contaron con la preceptiva autorización, de tal forma que la Audiencia de Cuentas estima que no se ajustaron a la masa salarial prevista en las empresas afectadas y al plan de viabilidad al que están sujetas. Tampoco hay constancia de que estas contrataciones estuvieran contempladas en los presupuestos de estas empresas. De estas 34 contrataciones, diez correspondieron a GMR, ocho a Grafcan y cuatro a GSC, Grecasa, Visocan y Sodecan en cada una.

El órgano fiscalizador detecta un caso de posible enchufismo en la contratación de un cargo de responsabilidad en la empresa GSC, sin que se cumpliera los requisitos de publicidad y concurrencia que debe seguirse para este tipo de procedimientos y que figuran en un acuerdo del propio Gobierno canario de 2004.

Ante tal cúmulo de irregularidades, la Audiencia de Cuentas establece en sus recomendaciones que se revise el procedimiento de las contrataciones de personal establecido en las leyes de presupuestos dada su escasa eficacia. El órgano auditor recuerda que en el consejo de administración de las empresas públicas se sienta un miembro de la Consejería de Hacienda. Asimismo, recomienda a los centros directivos que tutelan a las sociedades mercantiles y fundaciones que integran el sector público empresarial que realicen "un mayor control" de las contrataciones de personal.

Objetivos poco claros

El órgano fiscalizador se queja de que la mayoría de las entidades del sector público empresarial "no cuenta con objetivos cuantificables ni indicadores que permitan medir su consecución", situación que se viene repitiendo desde ejercicios anteriores. Según la Audiencia, hay sociedades que ni siquiera explican ni estiman el coste de sus actividades como es el caso de Visocan o la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan). Otras empresas como GSC, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y Proexca no aportan en sus balances los objetivos e indicadores del informe económico y financiero que debe acompañar a sus cuentas anuales.

Tampoco se salvan las fundaciones públicas del análisis crítico de la Audiencia de Cuentas. La Intervención General no tiene constancia de la existencia para algunas fundaciones de un programa de viabilidad y saneamiento a corto plazo. Hay entidades como Funcatra (Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo) o la fundación Sagrada Familia que acumulan resultados negativos.

En líneas generales, la veintena de entidades empresariales y sociedades mercantiles públicas que conforman el entramado dependiente de la Comunidad Autónoma arrojan un resultado negativo. Los números rojos se elevaron en 2014 a 36,5 millones de euros. Solo seis de las empresas lograron beneficios: Grafcan, Grecasa, Visocan, Sodecan, Puertos y Gesplan. Las aportaciones públicas llegaron a unos 46 millones de euros.

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