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El Gobierno inyectó fondos a la empresa del 112 para evitar su disolución

La Audiencia de Cuentas refleja por segundo año la crisis financiera de GSC - El Ejecutivo redujo su capital social y dispuso 700.000 euros

Rescate de un helicóptero de emergencias en la cumbre de Gran Canaria.

Rescate de un helicóptero de emergencias en la cumbre de Gran Canaria.

El Gobierno canario se vio obligado en 2015 a reflotar la situación financiera de la empresa pública que gestiona el Servicio de Urgencias Canario y el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias 112 al entrar en causa de disolución por la acumulación de pérdidas de hasta 4,4 millones de euros. El Ejecutivo redujo el capital social de la entidad con una disminución del valor nominal de las acciones, inyectó 700.000 euros de los presupuestos autonómicos de 2015 para compensar pérdidas de ejercicios anteriores y aplicó reservas por más de 9.000 euros.

El informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias de la Cuental General de la Comunidad Autónoma de 2014 refleja la crisis financiera de la sociedad mercantil Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), la empresa con más plantilla del sector público autonómico -247 empleados- y a la que el Gobierno destina más fondos de los presupuestos autonómicos -69,5 millones de euros en 2016-. Es el segundo año que el informe del órgano fiscalizador recoge la situación de quiebra de GSC ya que al cierre del ejercicio de 2014 el patrimonio neto de la misma era inferior a la mitad de su capital social, lo que legalmente supone la disolución. En sus alegaciones, la Intervención General aporta la auditoría realizada a la sociedad mercantil y las medidas incluidas en el plan de viabilidad puesto en marcha. Además de los planes económicos y financieros, la empresa también ha realizado ajustes de personal -la plantilla se ha reducido en más de 30 empleados- y reducciones y congelaciones salariales.

En junio de 2015 la junta general de GSC, formada por altos cargos de las consejerías de Sanidad y Seguridad, acordó reducir el capital social de la misma a 474.361 euros que, junto a la inyección directa de fondos públicos y la aplicación de reservas, restablecieron la situación patrimonial de la sociedad mercantil. Ya en el informe de fiscalización de 2013 se reflejaba que el Ejecutivo inyectó 3,2 millones de euros a GSC para compensar sus resultados negativos, que se elevaron a 5,1 millones de euros al final de ese ejercicio.

El informe de la Audiencia de Cuentas de 2014 también cuestiona los impagos a los proveedores que acumula GSC. De hecho, se trata de una situación generalizada entre las empresas públicas de la Comunidad Autónoma, aunque el 39% de los impagos procede de la sociedad que gestiona las emergencias y el 112. La dirección de la empresa alegó que se trató de problemas de tesorería.

Pese a este complicado escenario económico y financiero, el informe de la Audiencia también alude a la sociedad que gestiona las emergencias en las contrataciones dudosas del sector público autonómico. El órgano auditor refleja en el informe la contratación de un cargo de responsabilidad sin que se cumplieran los requisitos de publicidad y concurrencia. Además, de otras 34 contrataciones realizadas sin la preceptiva autorización, cuatro correspondieron a GSC.

Huelgas y conflictos

En relación con la situación de la empresa pública, el presidente del comité de empresa de la misma, Andrés Hernández, denuncia que cuando la sociedad entró en situación de inviabilidad, debido a los recortes presupuestarios y la acumulación de pérdidas, los representantes de los trabajadores quedaron fuera de las negociaciones para el plan de viabilidad. "El Gobierno y la dirección de la empresa hicieron y deshicieron a su antojo y tuvimos que presentar numerosas demandas y juicios por no dejarnos participar". Hernández denuncia la permanente falta de información y el oscurantismo que rodea a la gestión de GCS, lo que ha provocado en los últimos años varios conflictos colectivos y avisos de huelga.

La llegada del nuevo Gobierno y que las consejerías de Sanidad y Seguridad las gestionen partidos diferentes no ha cambiado el panorama, según el presidente del comité de empresa. De hecho, hasta ahora el diálogo con los responsables políticos ha sido escaso. Hernández advierte que la empresa necesita inversiones porque las comunicaciones del centro coordinador (Cecoes) están deterioradas y necesitan una renovación que es fundamental para que el servicio de emergencias funcione de manera óptima.

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