La empresa pública Cartográfica de Canarias SA (Grafcan) ha interpuesto una querella contra el anterior gerente de la sociedad, Bernardo Pizarro, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y administración desleal. Esta iniciativa se debe la gestión irregular de Pizarro en el contrato firmado por la sociedad mercantil para realizar unos trabajos cartográficos en El Salvador y al uso que hizo Pizarro de la tarjeta de crédito de la empresa por la utilización de unos 5.000 euros de forma injustificada en fines de semana y vacaciones.
Las presuntas anomalías en la actuación de Pizarro provocaron su despido el pasado mes de octubre y el inicio de una investigación interna por parte del consejo de administración de Grafcan para determinar las responsabilidades derivadas de su gestión en la UTE (Unión Temperal de Empresas) en la que participa junto a la empresa gallega Toponor en el país centroamericano.
Antes de la constitución del nuevo consejo en septiembre ya se habían detectado las irregularidades, lo que supuso que se le retirase a Pizarro sus funciones de gerente, lo que provocó que éste denunciara a la empresa por despido improcedente para que se le restituyera en su cargo o, en caso contrario, se le indemnizara con 200.000 euros.
Sin embargo, el consejo adoptó el acuerdo de proceder al despido disciplinario del directivo y detectó indicios para acusarle por la vía penal, por lo que encargó a sus servicios jurídicos la interposición de una querella en la que se unen tanto la malversación por el uso irregular de los fondos de la empresa a través de la tarjeta, como la administración desleal por no actuar en beneficio de la sociedad. En este presunto delito figura la firma de tres pagarés por 7,2 millones de euros sin consultar a la empresa, que pueden provocar un quebranto económico en el caso de que se ejecuten. Grafcan se arriesga a perder, por esta operación, su sede en Las Palmas de Gran Canaria que Pizarro usó como aval.
Hace unos días se celebró el juicio laboral en el que se han unido las dos demandas, es decir, el despido improcedente interpuesto por el exgerente y el procedente ejecutado por la empresa pública. La vista se aplazó para la próxima semana por la falta de una prueba.
Una UTE opaca
Lo que más preocupa a la Consejería de Política Territorial, que ahora dirige Nieves Lady Barreto, y de que depende la empresa es la opacidad y poca transparencia con la que ha actuado hasta ahora la UTE en la que participa Grafcan desde 2013 en El Salvador y que supone un serio riesgo financiero para la sociedad. Ni se conocen las cuentas de esta UTE ni el contenido de los tres pagarés firmados por Bernardo Pizarro. El exgerente tenía las facultades necesarias para ello pero aún hoy no se han podido incorporar a la contabilidad de Grafcan los fondos comprometidos por el directivo entonces, lo que ha obligado a formular las cuentas con salvedades.
El equipo directivo de la sociedad mercantil ha encargado a PriceWaterHouseCoopers una auditoría para conocer la situación real de la UTE y cuyos datos deberán estar en las próximas semanas de forma casi obligatoria, ya que a final de mes el consejo de administración tendrá que aprobar las cuentas de 2015 y el objetivo es incorporar a las mismas el contrato de El Salvador, donde Grafcan participa con un 34%.
La Consejería de Política Territorial solicitó un dictamen para comprobar el alcance de las irregularidades cometidas por Pizarro en la gestión de esta contratación foránea y del resultado se apunta a un delito en grado de tentativa, ya que estos pagarés no han sido ejecutados por lo que el posible quebranto económico no se ha producido todavía.
La relación contractual firmada con Toponor finaliza en 2017 y por ahora los trabajos que se han realizado en El Salvador discurren con normalidad. Sin embargo, el desconocimiento de la contabilidad de la UTE inquieta a los rectores de Grafcan ya que la resolución del contrato antes de su finalización puede perjudicar más que beneficiar a la sociedad mercantil de la Comunidad Autónoma.
El proyecto que ejecutan Toponor y Grafcan está presupuestado en 12,5 millones de euros. La parte del trabajo cartográfico que le corresponde a la sociedad mercantil del Gobierno canario está prácticamente realizada, pero cualquier decisión unilateral de salir de la UTE le puede ocasionar una sanción de 1,5 millones de euros por responsabilidad solidaria, amen de perder otros 2,8 millones de euros entregados como aval, para lo cual se hipotecó la sede de la capital grancanaria.
Cuando Pizarro fue relevado de sus funciones el Gobierno se dirigió por escrito al principal directivo de la UTE exigiéndole las cuentas de la sociedad para poder reformular la contabilidad de la empresa correspondiente al ejercicio de 2014. Ahora se quiere realizar esta formulación para 2015.
Unos días después de ser despedido y ante las acusaciones Política Territorial, el propio Bernardo Pizarro se defendió públicamente y aseguró que el consejero delegado de Grafcan en la legislatura anterior, Juan Guedes, conocía desde un principio la existencia de los pagarés firmados y del resto de sus actuaciones en El Salvador. Asimismo, defendía su gestión y la tildaba de "transparente y eficiente" en este y en otros contratos suscritos. El exdirectivo recordaba que las garantías firmadas en los pagarés sólo se ejecutarían en caso de incumplimiento del contrato.
