Los proyectos de inversión de interés estratégico tanto públicos como privados se podrán ejecutar en cualquier clase de suelo y no estarán condicionados por los planes generales para ser aprobados. El anteproyecto de la Ley del Suelo contempla dos nuevos instrumentos de ordenación que permiten modificar el planeamiento para dar cabida a proyectos de interés insular o autonómico o para cambiar las ordenanzas municipales y alterar la ordenación territorial vigente. Estos proyectos contemplan inversiones en actividades económicas de cualquier tipo, dotaciones y equipamientos en todo tipo de suelo, excepto el de protección ambiental.
El debate generado por la Ley del Suelo llegó ayer al Parlamento y tanto Podemos como Nueva Canarias cuestionaron estas nuevas figuras de la ordenación territorial al considerarlas "arbitrarias", según NC, y un "coladero", desde el punto de vista de Podemos. La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, aseguró que los proyectos de interés insular o autonómico tendrán las suficientes garantías ambientales y se ponen al mismo nivel que el planeamiento para dar respuesta a actuaciones que los planes no contemplan cuando surgen inversiones de interés general o económico.
Como ocurre con los planes generales e insulares, hay una reducción de plazos en los distintos trámites y el procedimiento de la evaluación ambiental será el simplificado. El Gobierno de Canarias se arroga la potestad última de aprobar un proyecto por su interés público si los municipios o los cabildos discrepan de la necesidad de la infraestructura proyectada.
Asunción Delgado, de Podemos, criticó que los artículos 124 y 155 de la ley son "agujeros negros" que se convertirán en un "coladero" para instalar hoteles, regasificadoras, plantas de biomasa, granjas, etcétera, sin ningún control y amparando "disparates".
La consejera de Política Territorial contestó a la parlamentaria de Podemos: "Decir que los hoteles o las granjas son actuaciones disparatadas es decir mucho, depende dónde se coloquen". Por ello, Barreto requirió a la formación morada y al resto de los grupos que se lean todo el anteproyecto de ley y hagan sus propuestas. La consejera se mostró incluso dispuesta a introducir modificaciones en el articulado para alcanzar el máximo consenso posible.
Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, advirtió que el Ejecutivo sustituye el planeamiento urbanístico por el de proyectos, de tal manera que, en vez de la participación y el control de los usos del suelo, un cabildo o el Gobierno "se pueden sacar de la manga cualquier tipo de infraestructura uti-lizando vías discrecionales". Por ello, Román Rodríguez critica que "se institucionaliza la discrecionalidad por encima del planeamiento para cualquier tipo de instalación".
Nueva Canarias mostró su oposición al anteproyecto de ley tal y como se ha tramitado hasta ahora por su "secretismo" y escasa información. Román Rodríguez espera que en el debate parlamentario se introduzcan modificaciones al texto y cuestionó que se deje exclusivamente en manos de los ayuntamientos la potestad para aprobar el planeamiento y que la Comunidad Autónoma haga "dejación" de sus competencias sobre el territorio contempladas en el Estatuto de Autonomía. También criticó la judicialización que sufrirá el urbanismo en Canarias al dejar la Cotmac de realizar sus funciones en el control de legalidad sobre los usos del suelo.
En el turno de preguntas al presidente del Gobierno, la portavoz del PP en la Cámara autonómica, Australia Navarro, defendió el anteproyecto de ley del Ejecutivo porque va en la línea de lo defendido por los populares en la ordenación del territorio. Sin embargo, la dirigente del PP mostró se preocupación por las críticas emanadas desde el PSOE al texto pese a ser socio de gobierno de CC.
Fernando Clavijo se mostró convencido de que los dos partidos que respaldan al Gobierno apoyarán la iniciativa legislativa tras el debate que se va a generar en los próximos meses. No obstante, el presidente sí advirtió que seguirá con "paso firme" con la "columna vertebral" de la ley, es decir, la descentralización, la simplificación y que cada Administración apruebe su planeamiento.
