El exalcalde nacionalista de Santa Cruz Miguel Zerolo ha perdido el último recurso judicial que le quedaba pare evitar sentarse en el banquillo de los acusados por la causa penal de Las Teresitas. Este caso investiga la operación de compraventa con la que en 2001 el Ayuntamiento de la capital pagó 53 millones de euros a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia, Inversiones Las Teresitas, por 11 parcelas de la playa, 34 millones más del valor establecido por la exarquitecta municipal Pía Oramas.
En un auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial notificado ayer mismo, se desestima el recurso de apelación interpuesto por Miguel Zerolo contra el auto de 6 de octubre de 2015 que a su vez desestimó su recurso de reforma contra la resolución de 29 de julio de 2015. Esta resolución acordó seguir las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife por los trámites del procedimiento abreviado, confirmando los indicios de delito en el caso de Las Teresitas.
Por lo tanto, la Audiencia Provincial ha confirmado ahora la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de continuar con este procedimiento "por si los hechos imputados a Miguel Zerolo fueren constitutivos de delito de prevaricación y de delito de malversación de caudales públicos".
Dicho Juzgado anunció el 25 de septiembre del año pasado la apertura del juicio oral, para el que aún no hay una fecha fijada, y se exigió una fianza a los 13 imputados, entre los que se encuentra el exalcalde, de 109 millones de euros. Zerolo se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados a pesar de los intentos de sus abogados a través de distintos recursos para evitarlo. En el auto de la Audiencia Provincial notificado ayer se deja claro que en el caso de Las Teresitas "existe base razonable suficiente para continuar el procedimiento abreviado ante los indicios de comisión de un delito".
El auto de 29 de julio de 2015, con el que se acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y que fue recurrido por Zerolo, relata que "la compraventa que efectuó Inversiones Las Teresitas al Ayuntamiento de Santa Cruz el 18 de septiembre de 2001, en virtud de la cual este adquirió diversas parcelas en la zona de la Playa de Las Teresitas, supuso un desembolso para el Consistorio de 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros)". Asimismo, subraya que "la compra supuso una merma innecesaria en los caudales de esa entidad pública" a tenor de los indicios que expone la juez instructora sobre que "ese importe era muy superior al valor real de las fincas". Además, refleja que para llegar a la compraventa "se adoptaron y dictaron resoluciones administrativas contrarias a derecho".
La Audiencia Provincial considera que "estos elementos son suficientes para considerar la probable presencia de un delito de prevaricación y de malversación, sin que sea preciso detallar todas y cada unas de las resoluciones administrativas o procedimientos vulnerados ni tampoco todas y cada una de las diligencias de investigación practicadas", que es lo que han pedido los abogados de Zerolo.
