Salvador Alba: "El regreso a los juzgados no debería ser tan fácil"

Ni animadversión ni amistad que ciegue pero sí defensor de la teoría del "enfriamiento" para los jueces que deciden recuperar su plaza tras su paso por la política. El magistrado Salvador Alba, sustituto provisional de Victoria Rosell en el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, coincide con el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en que se han de estudiar cambios en el régimen actual de excedencias de la judicatura imponiendo bien una incompatibilidad absoluta o bien su distanciamiento de los juzgados durante unos años. Alba defiende que es "legítimo" pasar de la justicia a la política, pero también que no debería ser tan fácil regresar.

"Entiendo que [el regreso a los juzgados] no debería hacerse con la facilitad con la que permite el ordenamiento jurídico. Pero la salida de la judicatura para ir a la política o a cualquier otra actividad me parece absolutamente legítima", manifestó ayer en declaraciones a la Cadena Cope en Canarias.

Alba, exportavoz en Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), emitió la pasada semana, a requerimiento del Tribunal Supremo, un informe sobre la situación en la que encontró la causa abierta contra Miguel Ángel Ramírez, propietario del Grupo Ralons y presidente de la Unión de Deportiva Las Palmas, por un presunto delito fiscal en una de sus empresas, Seguridad Integral.

En el informe -ayudó a la Sala a admitir la querella presentada contra Rosell por José Manuel Soria por los delitos de prevaricación, retardo malicioso y cohecho- adjuntaba pruebas de que el procedimiento sufrió durante la instrucción de la actual diputada de Podemos un retraso que tildó de "inexplicable", tras una actividad procesal "nula" durante todo un año, entre julio de 2014 y julio de 2015, durante el que las acusaciones llegaron a pedir fianza y el impulso del proceso hasta siete veces, reclamaron documentación que no se recaba o no se da traspasó a las partes escritos aportados por la policía. Amén de que deja en evidencia relaciones comerciales entre Ramírez y la pareja de la juez, Carlos Sosa.

Rosell, que sostiene que esta es una querella política del exministro canario con la que persigue minarla ante los votantes, acusa a Alba de actuar contra ella por "animadversión" y por su amistad con el exdirigente popular y su interés en "ostentar cargos jurídicos". Además de enviar al Supremo un informe plagado, asegura, de falsedades.

En su intervención radiofónica, Salvador Alba se defiende. Conoce al exministro, dice, igual que a "Juan Fernando López Aguilar", eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia, por sus antiguas responsabilidades en la APM. "Pero, insisto, no me une amistad con ningún político y, en cuanto a la señora Victoria Rosell, no tengo animadversión por ningún compañero. Al contrario, siento respeto por todos ellos y por el trabajo que desempeñan. Uno hace las cosas que le mandan. A mí me ha ordenado emitir ese informe el Tribunal Supremo", remarcó en la cadena Cope.

Abstención

El magistrado declinó valorar ayer si Rosell cometió o no alguna infracción profesional o penal en su desempeño como instructora de la causa contra Ramírez, porque considera que eso debe determinarlo al Consejo General del Poder Judicial o el tribunal competente. Tampoco quiso opinar si la juez en excedencia debió o no abstenerse de seguir dirigiendo esa instrucción en vista de las relaciones empresariales que unían a su pareja con el principal inculpado.

Al preguntarle, sin embargo, qué hubiera hecho él respondió: "¿En un asunto en el que yo tengo sentado a un investigado que tiene relación con mi pareja? ¿Me está preguntado eso? No sé si esa relación existe o no [en el caso de Victoria Rosell]. Eso está bajo investigación judicial, pero si el supuesto es el que a mí se me expone aquí, evidentemente yo me tendría que abstener".