Los empresarios de la construcción muestran su preocupación porque la nueva Ley del Suelo no sea bien recibida por el "aparato burocrático" de la Administración autonómica y de los cabildos y ayuntamientos. "Tememos un rechazo inicial del sistema a la nueva norma porque es un cambio en la política del territorio, después de mucho tiempo y de muchas leyes que han supuesto un intervencionismo en la actividad empresarial", explica la presidenta de la patronal, Salud Gil.
Este "choque" entre la política del territorio que se ha desarrollado hasta ahora y la que propugna la nueva norma "debilita posiciones que en el pasado tenían un peso específico que ahora se pierde", afirman los constructores en sus alegaciones a la norma. Por eso reclaman una "labor pedagógica y formativa" para realizar el proceso de adaptación necesario que evite las reticencias que puede despertar entre los técnicos y funcionarios encargados de aplicar la ley una vez que entre en vigor. Para Gil, la redacción de la normativa la han realizado expertos "que conocen la realidad" frente al aparato burocrático de la Administración, que se ha estancado en el inmovilismo y en las tramitaciones excesivas.
La patronal exige también al Gobierno canario que no dé un paso atrás en el desmantelamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) previsto en el anteproyecto de la Ley del Suelo. En sus alegaciones, los constructores advierten que este órgano se convirtió en el "bastión del inmovilismo" y celebran que se inicie un camino "que despoja de complejos inconsistentes" a la ordenación del territorio.
Los empresarios avisan en una de sus alegaciones que el reglamento que prevé la ley para desarrollar el órgano colegiado que asume las nuevas funciones de la Cotmac no debe servir para salvaguardar o resucitar "tics regulatorios" que pueden acabar con la reforma emprendida por la ley. Para la patronal es de "vital importancia" que este órgano se limite a la emisión del informe único de competencia estrictamente autonómica y no interfiera ni obstaculice el planeamiento como hasta ahora.
La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas (Aecp) rechaza que el texto de la Ley del Suelo que propone el Gobierno suponga "barra libre" para la construcción y la liberalización del territorio, como afirman los sectores y organizaciones críticas con la nueva norma. Sin embargo, la Aecp cree que la polémica que está generando el texto puede "debilitar la valentía" mostrada por el Ejecutivo de Clavijo.
Otra alegación presentada por los constructores se refiere al artículo 16.2, que prohíbe a las empresas públicas la ejecución material de obras o la redacción de planes de ordenación. Los empresarios habían criticado en numerosas ocasiones la competencia desleal que supone que las sociedades públicas redactaran planes o contrataran personal para acometer infraestructuras, como ocurría en la legislatura pasada con Gesplan.
Sin embargo, la coletilla con la que acaba el artículo, que abre la puerta a actuaciones extraordinarias, no gusta y se solicita que se redacte de otra manera para que no suponga una "espita abierta" a la discrecionalidad por parte de la Administración.
