La Provincia - Diario de Las Palmas

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Los juzgados canarios bloquean más de 129 millones pendientes de sentencias

Los ingresos en las cuentas judiciales en el Archipiélago aumentan un 1,3%

La Justicia en España atesora más de 3.524 millones de euros en sus cuentas. En los juzgados canarios están bloqueados 129,5 millones, pendientes de sentencias definitivas. Ese dinero corresponde a órdenes de embargos, fianzas para eludir la prisión provisional, cantidades que se consignan a efectos de afianzar la eventual responsabilidad civil que se derive del delito, el depósito para poder recurrir las resoluciones judiciales, el pago de multas y sanciones impuestas o cuando un empresario, en el supuesto de despido improcedente, opta por la indemnización en lugar de readmitir al trabajador. Estos son algunos de los conceptos por los que se debe ingresar una cantidad en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales.

Cada órgano judicial dispone de una cuenta bancaria en el Banco Santander, de cuya gestión se encarga el antiguo secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia, cuerpo que pertenece al Ministerio de Justicia y se encarga de controlar los movimientos y saldos. Esta cuenta actúa como intermediaria entre el pagador y el indemnizado y en ella se efectúen los ingresos y los pagos relacionados con los pleitos en curso.

En el conjunto del país el saldo total de las cuentas superó en el año 2015 los 3.524 millones, casi un 1,3% más respecto al año anterior. El mismo porcentaje de incremento se produjo en los juzgados de las Islas, al pasar de 127,8 millones en 2014 a 129,5 millones en el pasado ejercicio, según datos facilitados por el departamento que dirige Rafael Catalá.

Por provincias, Las Palmas acumuló a cierre de 2015 mayor saldo en depósitos por procesos judiciales en tramitación: 72 millones de euros, un 9% más que el ejercicio anterior. Las cuentas judiciales en Santa Cruz de Tenerife sumaron 57,4 millones, un 6,8% menos.

Litigiosidad

No hay una única causa que explique el aumento que se registra a nivel regional, ya que depende de que se hayan ejecutado más o menos sentencias o de la cuantía de las multas e indemnizaciones aplicadas. El juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González Prieto, interpreta también que ha crecido el saldo porque se ha elevado la litigiosidad, que en Canarias se situó en 196,7 asuntos ingresados por cada mil habitantes en 2015, sólo por detrás de Andalucía (209,4) y Madrid (202), por lo que se encuentran por encima de la media nacional de 179,7 asuntos, detalla el último informe La Justicia Dato a Dato, del Consejo General del Poder Judicial.

En la misma línea se posicionó la coordinadora del sindicato de Comisiones de Base (Co.bas) de Justicia en Canarias, Leo Castro, para quien las elevadas cantidades congeladas en los órganos judiciales obedecen a la alta litigiosidad, no tanto a la lentitud de la Justicia.

No obstante, Óscar González admite que "cuanto más ágil sea todo más cantidad se liberaría, pero esto ya no depende sólo de los jueces". En este sentido, abogó por implantar nuevos órganos jurisdiccionales o bien crear órganos de refuerzo en aquellos juzgados que tengan una pendencia mayor, para que los pleitos "salgan en un plazo más o menos razonable".

Las jurisdicciones donde se producen mayores depósitos y consignaciones son la civil y la contencioso administrativa. En la jurisdicción mercantil existe la particularidad de que a medida que hay más empresas en concurso y más situaciones de insolvencia también habrá más cantidades inmovilizadas.

Con los intereses que generaron los ingresos, la Justicia ganó en 2015 en España 42,3 millones de euros, una bajada del 11% en relación a 2014. Mientras que la caída fue más fuerte en Canarias, donde los juzgados ganaron 1,8 millones, un 70% menos que en 2014 (5,9 millones) y lejos de los 6,5 millones embolsados en el año 2013.

Los letrados de la Administración procuran que cuanto más movimiento tenga la cuenta de consignaciones mejor, es decir que "lo que esté paralizado sea exclusivamente lo que tiene que estar así por la propia dinámica del procedimiento; no hay cantidades consignadas por la falta de diligencia debida", alegaron operadores jurídicos.

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