El magistrado Salvador Alba orientó la declaración del empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que resultó clave para que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, presentó contra la juez Victoria Rosell por delitos de retardo malicioso en la Administración de Justicia, prevaricación y cohecho.

Una grabación de audio desvela cómo el juez, que sustituyó a la exdiputada de Podemos por Las Palmas en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, pactó con el dueño del Grupo Ralons, su interrogatorio para perjudicar a Rosell e intentar, a su vez, archivar la causa que afecta al empresario por delito contra la Hacienda Pública.

Ramírez compareció ayer ante la juez Carla Vallejo para aportar un pendrive con una grabación de audio y la transcripción de una reunión que mantuvo con el magistrado, quien, según el empresario, le citó el 16 de marzo para que le explicara el "rollo de los contratos" que mantenía con el director del diario digital Canarias Ahora, Carlos Sosa, pareja de la juez Victoria Rosell.

El encuentro se produjo sobre las 14.00 horas en el despacho de Alba en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Al dueño del Grupo Ralons le pareció "extraño" que Alba le llamara, por lo que decidió tomar "las precauciones oportunas" y grabó la conversación "por lo inusitado de la situación" y ante su temor a ser "objeto de una trampa".

Una vez que Salvador Alba cesó como sustituto de Rosell el pasado 3 de mayo, el empresario considera que éste es el "momento procesal oportuno" para comunicar el contenido de aquella reunión a la nueva magistrada suplente, que ha trasladado el audio y su reproducción en 23 páginas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que adopte las acciones pertinentes. Con su actuación Salvador Alba podría incurrir en presuntos delitos de negociación prohibida a funcionarios públicos, revelación de secretos, prevaricación y coacciones a un imputado, según indicaron fuentes jurídicas.

El documento sonoro revela que el juez acordó con Ramírez en un encuentro previo el contenido de su declaración el 23 de marzo y pactó las preguntas que le iba a formular. Salvador Alba le guió y le animó a presentar los papeles y contratos que demostraran que mantenía una relación comercial con Carlos Sosa -"tenemos que ceñir el período de 2014 a ahora", le indicó el juez- y que, por tanto, Rosell "se tenía que haber abstenido" en el procedimiento contra el empresario "por un evidente interés directo o indirecto", en palabras del magistrado.

"¡Esto me lo calzo! Busco nulidades y las encuentro!", le llegó a decir Alba en el transcurso de la charla extraoficial, en la que le avanzó que su objetivo era concluir que el procedimiento contra Ramírez estaba "contaminado".

Animó a Ramírez a acreditar con documentación los vínculos empresariales que tenía con Carlos Sosa. "Lo hacemos así, y lo llevamos al procedimiento y en el momento que vayamos al procedimiento ponemos en marcha la maquinaria", le dijo el juez.

"Igualdad de armas"

Rosell abrió en abril de 2014 una causa contra el propietario de Seguridad Integral Canaria por presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, tras una querella interpuesta por la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). A fin de concurrir a las eleciones generales del 20 de diciembre, Rosell pidió la excedencia voluntaria el 15 de octubre de 2015 y el Poder Judicial se la concedió el 22 de dicho mes. Seis días después de que dejara el Juzgado, su pareja sentimental, el periodista Carlos Sosa, suscribió con Ramírez un acuerdo para la cesión de una frecuencia radiofónica. Con anterioridad el presidente de la UD Las Palmas había mantenido vínculos comerciales con Sosa a través de otras empresas.

Se da la circunstancia de que, en los últimos dos años, la causa en manos de Rosell se mantuvo paralizada. La Fiscalía de Las Palmas se quejó dos veces del ritmo de dicha instrucción ante el CGPJ, pero el órgano de gobierno de los jueces no apreció que Rosell hubiera cometido alguna infracción.

"A mí lo que me toca los cojones es que se haya estado contaminando ese procedimiento durante dos años, utilizándolo para una cosa o para la otra, que me da lo mismo", le confesó Alba a Ramírez, para, a continuación, insultar directamente a Rosell: "Yo sé que ésta es una cabrona, una hija de puta, pero me da lo mismo. Pero lo ha estado utilizando [la causa abierta contra Ramírez] y eso es lo que no se puede consentir. Entonces los jueces estamos aquí para controlar esto, que no pasen esas cosas, porque oye, aquí hay que ir con igualdad de armas. Si a ti te han estado jodiendo durante dos años, tres años, profesionalmente y personalmente, que sea por algo, pero no porque aquí yo [en alusión a Rosell] tengo esto... no hombre no..."

La grabación recoge una conversación distendida, informal, en la que ambos se tutean y comparten complicidades, incluso hablan sobre el futuro político de Rosell y si podía perjudicar a Alba en caso de convertirse en ministra de Justicia. Él se mostró convencido de que, si Podemos lograba un pacto con el PSOE sería nombrada al frente de esa cartera Gabriela Bravo, que fue en su día vocal del CGPJ y ahora es consejera de Justicia en Valencia.

Asimismo, hablaron de si le daría tiempo a Alba a archivar el proceso contra Ramírez antes de que expirase su plazo como juez interino en el Juzgado de Instrucción número 8. Alba confirmó sus prisas por terminar el procedimiento: "Esto tengo que terminarlo cagando leches". Un sumario, que, por otra parte, en su opinión, "se tenía que haber terminado a los seis meses de empezar" y no permanecer "dos años parado con cuatro gilipolleces, con cuatro chorradas". "¿Porqué paras ese procedimiento? ¿Para que para? Para joderte o para beneficiarte, me da lo mismo la motivación que tenga. Si es para joderte, mal. Si es para beneficiarte, mal. Porque entiendo que se está beneficiando ella, y para eso no estamos. Entonces, en cualquier caso, eso, tiene que terminar", detalla la transcripción.

Asimismo, abordaron quién cubriría a la exdiputada de Podemos y Alba ratifica que sería Carla Vallejo, "amiga" de Rosell, "una extensión del brazo de ésta", comentó el magistrado.

Durante su diálogo entraron de lleno en el motivo de la instrucción en sí, en concreto sobre si Ramírez debía abonar o no las horas extras a los trabajadores si estos no se las reclaman. Salvador Alba comparte el argumento esgrimido por el empresario para no pagarlas. También trataron si Ramírez había incurrido en un delito contra el derecho de los trabajadores, algo que ambos rechazaron.

Igualmente, en otro momento el magistrado se excusa por la fianza de 35 millones de euros que le impuso en diciembre a la empresa Seguridad Integral Canaria para garantizar las posibles responsabilidades civiles de la causa abierta por los delitos de fraude fiscal.

El audio, que se desarrolla durante cerca de 32 minutos, evidencia que se preparó el testimonio de Ramírez del 23 de marzo, en el que la que se daba cuenta de los negocios que el empresario tuvo con la pareja de Rosell. Una declaración que fue determinante para que el Tribunal Supremo decidiera el 26 de abril abrir una investigación a la jueza.

Querella

La Sala Penal del Alto Tribunal admitió así parcialmente la querella que interpuso el exministro y expresidente del PP en Canarias José Manuel Soria contra Rosell . El Tribunal inadmitió por contra los delitos de injurias y calumnias que figuraban en la querella.

En particular, el Supremo valoró la declaración judicial de Miguel Ángel Ramírez y el informe sobre la tramitación de la causa elaborado Salvador Alba. El Alto Tribunal había solicitado el día 13 de abril a Alba para que informara sobre las "vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso" contra Ramírez.

En este sentido, el magistrado emitió un informe en el que hizo hincapié en el retraso "evidente e inexplicable" de este expediente. Desde diciembre Alba y Rosell mantienen una pugna, con escritos ante la cúpula judicial, ya que la exparlamentario le acusó de promover una "investigación inquisitorial contra ella".

En todo caso, sus rencillas vienen de antaño. Él ejerció como portavoz en Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), del ala conservadora de la judicatura, en contraposición con Rosell, quien antes de adentrarse en política fue portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

La decisión del Tribunal Supremo precipitó que el 27 de abril Rosell anunciase su renuncia a su aforamiento por su condición de diputada electa por Las Palmas tras los comicios del 20 de Diciembre. De esta forma, la investigación abierta contra ella por el Tribunal Supremo pasaría a manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), una vez que se haga efectiva su reincoporación al juzgado de Instrucción número 8.

El pasado 3 de mayo Rosell pidió al CGPJ tanto su regreso a la carrera judicial como que se le otorgara otra vez el cese temporal para poder optar a las elecciones generales del próximo 26 de junio.

El último capítulo de esta maraña se produjo el pasado lunes 9 de mayo, cuando Victoria Rosell formalizó ante el Poder Judicial una instancia para renunciar a la excedencia que había demandado y pidió su reincorporación al servicio judicial activo. Este paso conllevaría, además, la salida de su sustituta, la portavoz de Jueces para la Democracia Carla Vallejo, que quedaría adscrita al TSJC.

Con su renuncia Rosell deja entrever que aparca, de momento, su breve carrera política.