El Parlamento de Canarias aprueba hoy por unanimidad una proposición no de ley (PNL) donde, por primera vez, se reconoce a las desapariciones infantiles y la compra-venta de seres humanos como crímenes contra la humanidad, además de una violación continuada de los derechos humanos, se pide el impulso de una investigación de los robos de bebés en territorio nacional, que se cree una base nacional de datos genéticos y se exija la repetición de las pruebas de ADN realizadas hasta el momento.
Más de un centenar de afectados por los casos de los bebés robados se darán cita hoy en la Cámara canaria en la segunda jornada del pleno que se inició ayer. Los afectados, que proceden de distintas partes del territorio nacional y de otras islas, han conseguido que todas las fuerzas políticas, tanto el PP, como el PSOE, Podemos, Grupo Nacionalista Canario, Nueva Canarias y el Mixto, hagan esta declaración institucional sobre "los recién nacidos sometidos a desaparición forzada".
De hecho, el Parlamento de Canarias declarará el día 30 de agosto como "Día en memoria de los bebés robados y sus familias" en Canarias . En su proposición parlamentaria, todos los grupos reconocen como víctimas tanto a los menores sometidos a la desaparición forzada como a sus familias y se exige conocer "la verdad" para evitar "que tales hechos aberrantes vuelvan a repetirse".
Una investigación real
Además, los grupos parlamentarios hacen un llamamiento al Gobierno de España y a la Fiscalía General del Estado para que se emprendan todas las acciones necesarias para impulsar "de verdad una investigación efectiva y real de los casos". Es más, se reitera en la PNL "la necesidad de que se tomen todas aquellas medidas para garantizar el acceso de las víctimas e investigadores a los archivos eclesiásticos y de las clínicas donde se realizaron las desapariciones forzadas infantiles para la compraventa de seres humanos".
Las víctimas por el robo de niños, entre los que se encuentran representantes de colectivos de Madrid y País Vasco, presenciarán el debate, al igual que ocurriera en 2008 en Australia. Entonces, su primer ministro pidió disculpas por el caso de las generaciones robadas delante de la población aborigen, cuyos familiares fueron secuestrados entre 1869 y 1976.
En la proposición parlamentaria se reclama al Gobierno central que siga además el modelo puesto en marcha en Argentina en los años 80, que ha sido avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se impulse la creación de la Comisión Nacional Española por el Derecho a la Identidad (Conedi), con el fin de esclarecer las desapariciones infantiles.
Sobre la creación de la Base Nacional de Datos Genéticos "de titularidad pública", la Cámara canaria pide "que los ciudadanos vean salvaguardados y protegidos con las máximas garantías datos tan personalísimos como los relativos a estos crímenes de la máxima gravedad y fuera del negocio de ningún laboratorio genético privado". Además, reclaman que se impulse la creación de una unidad policial de búsqueda de bebés robados, como se hizo en Argentina en los años 80.
Los colectivos de víctimas de robos de niños esperan que este paso sirva de antecedente para el resto de iniciativas parlamentarias que se están tramitando en otras cámaras autonómicas como Madrid, País Vasco, Cataluña o Valencia. Esta resolución ha contado con el asesoramiento del sociólogo y experto Francisco González de Tena.
Los casos de niños robados o adoptados irregularmente en el Archipiélago oscilan entre la década de los años cuarenta hasta los noventa del pasado siglo y se habla de casas cunas y de hospitales. Este investigador ha manifestado en distintas ocasiones que la trama tuvo ramificaciones en el extranjero tras haberse detectado que hubo niños en Alemania que procedían de lugares como Tenerife. González de Tena cifró en 300.000 los casos de "presunta" adopción desde 1940 hasta 1992.
