La continuidad del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) pende de un hilo. El Gobierno regional cifra que el déficit en el primer trimestre del año alcanza ya los dos millones de euros y prevé cerrar el ejercicio con 4,5 millones en negativo, por lo que la situación es, hoy por hoy, inviable y está abocada a la disolución de la sociedad pública. Así lo considera el consejo de administración del ITC, que preside el consejero de Economía, Pedro Ortega, que da por cerrada la negociación con el comité de empresa, tras seis intentos fallidos para llegar a acuerdos en el convenio colectivo de este año, y ha aprobado iniciar los trámites para liquidar la sociedad pública, remitiéndole el expediente a la Consejería de Hacienda para que este área lo eleve al Consejo de Gobierno.
Tanto Ortega como el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, coincidieron ayer en que la disolución de esta empresa no supone la pérdida de recursos para la I+D+i en las Islas, pues la investigación y el desarrollo "no es solo el ITC", precisó el consejero, quien señaló que "hay treinta institutos de investigación en Canarias, que abarcan múltiples áreas, como el turismo, la cibernética o la oceanografía, y lo que se ha de hacer es reorganizar" los recursos existentes.
Desde la dirección del ITC ya se plantean reubicar a sus investigadores en otras entidades de esta índole o llegar a acuerdos con otras instituciones públicas para seguir desarrollando los proyectos que son rentables.
En cualquier caso, los fondos para el I+D+i no se perderán ni reducirán sino que se canalizarán a través de otros centros, como las propias universidades canarias, según indicó ayer Clavijo. Al respecto, el consejero precisó que el proceso de disolución lleva "tiempo" y si Hacienda sigue adelante con el expediente se va a hacer de forma planificada.
Negativas
Ortega aseguró que la dirección de la empresa lo ha intentado "todo" para que los representantes de los trabajadores acepten sus propuestas "pero la ilusión se pierde cuando te dan portazos", por lo que el consejo de administración remitirá en estos días a la Consejería de Hacienda la inviabilidad económica de esta sociedad pública.
Mientras la dirección del ITC da por concluido el proceso, pues han pasado seis meses desde que empezó la negociación y han presentado seis propuestas con sus respectivas negativas, los representantes de los trabajadores consideran que sigue abierto y ultiman una propuesta que esperan negociar, a más tardar, en la próxima cita prevista para el 22 de julio en el Tribunal Laboral de Canarias. No obstante, fuentes de la empresa precisan que el expediente de disolución ya está en marcha y no van a alargar más el proceso en el Tribunal Laboral canario, porque si no se proceden a los ajustes no va haber recursos para pagar las nóminas de este año.
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento recordó sobre la negociación que se ha propuesto a los trabajadores un aumento de un 7,6% del sueldo con respecto al año pasado y una reducción de jornada que supone un 5% de incremento retributivo. En realidad, no sería un incremento real de los salarios porque los trabajadores aceptaron bajárselos un 14% en 2014 y 2015 por la situación de déficit que atravesaba la empresa.
El convenio finalizó en diciembre del año pasado y los empleados esperaban recuperar la totalidad de su sueldo este año, pero la dirección del ITC lo ha planificado de forma escalonada en tres años de modo que en 2018 lleguen a cobrar ese 14% que perdieron. Según el portavoz del comité de empresa, Antonio Ortegón, los trabajadores están dispuestos a llegar a acuerdos en la parte económica, pero quieren que se garantice la continuidad en el tiempo del ITC, porque la tendencia, desde que empezó la crisis, ha sido recortar los presupuestos un 80% con respecto al 2010 y despedir a 52 trabajadores de los 200 que estaban en nómina, expone. Además temen que el plan de viabilidad que propone la empresa conlleve más despidos.
Desde la empresa se entiende que la estructura actual del ITC está sobredimensionada en determinadas áreas, sobre todo en los servicios centrales - economistas, abogados o administrativos, entre otros- mientras que falta personal en I+D+i. Esta situación interna se ha producido tras los duros recortes derivados de la crisis, realizados en los anteriores mandatos del Gobierno canario, ya que una de las mayores medidas de ajustes se basó en las bajas incentivadas y la mayor parte del personal que se acogió fueron investigadores formados en I+D+i que tenían posibilidades de trabajar en otras empresas.
Con esta estructura interna, el próximo año se prevé un déficit de otros dos millones de euros, por lo que, según fuentes de la empresa, junto los reajustes económicos se debe realizar un plan para reorganizar la estructura interna, pues en ningún caso el Gobierno ha pretendido liquidar el ITC sino propiciar que llegue a ser viable, aclaran.
En este sentido, indican que aunque no se puede garantizar el nivel de empleo público, el Gobierno se plantea como una opción la movilidad funcional y las personas que sobren en esta empresa se puedan reconducir a otras, pero lo que parece inviable es seguir manteniendo a un personal que, en la actualidad, no es necesario.
Según el comité de empresa, el Gobierno puede obtener recursos para financiar el ITC y se señala a los fondos del ITE, que tienen reservada una parte para la I+D+i, o los 123 millones tras elevar el techo de gasto. Para Ortegón, da la sensación que la tendencia del Ejecutivo es ir dejando a la mínima expresión esta sociedad. Advierte, en este sentido, que ya están preparando con los servicios jurídicos de CCOO la posibles acciones legales si se persiste en ese empeño, además de movilizaciones.
