El dueño del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, compareció ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para explicar cómo grabó al magistrado Salvador Alba en su despacho de la Audiencia de Las Palmas. El empresario, que compareció como testigo, entregó varios elementos empleados para hacer la grabación y respondió a varias cuestiones técnicas planteadas por la Guardia Civil, las cuales son necesarias para practicar la prueba pericial encargada la instructora, Margarita Varona, con la finalidad de verificar la autenticidad del controvertido audio.

La magistrada instructora, a petición del departamento de Ingeniería del servicio de Criminalística de la Guardia Civil, interrogó al testigo por la fecha de la grabación, por la colocación del dispositivo, por el número de veces que lo accionó y por el procedimiento seguido para pasar el archivo a la copia aportada en un pen drive, entre otras cuestiones relacionadas con el documento, cuyo contenido ha motivado que el TSJC abra diligencias previas contra Alba por amañar supuestamente el contenido de una declaración judicial para perjudicar a la exdiputada de Podemos y magistrada Victoria Rosell (Alba se hizo cargo de su juzgado y de una causa por fraude fiscal que afecta a Ramírez durante su excedencia).

El empresario reveló a la instructora Margarita Varona que tenía la grabadora en el bolsillo izquierdo de su chaqueta. Alba, en ese momento, estaba sentado frente a él y en diagonal, a una distancia no superior a un metro, sin que entre ambos estuviera la mesa u otro elemento similar.

Ramírez asegura que desactivó el dispositivo cuando entró una tercera persona, Emilio Moya, presidente de la Audiencia de Las Palmas. Esto ocurrió en plena conversación con Alba. De ahí que parase el dispositivo y volviera a accionarlo desde que pudo, "con disimulo", para que el juez no se percatase de que lo grababan en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas. Puso en marcha el dispositivo antes de entrar y la grabación estuvo interrumpida no más de 15 minutos, según recoge el acta de la comparecencia realizada ayer en la sede del TSJC.

Ramírez sostiene que llegó a su empresa sobre las dos de la tarde y, sobre las 16.30 horas, le entregó la grabadora al jefe del departamento de sistemas y le encargó que pasara el contenido a un pen drive. Luego, sobre las cinco o seis de la tarde, le dieron la copia en un pen drive, sin que estuviera presente en dicho procedimiento de transmisión de audio.

El empresario aclaró que la grabadora no contiene el archivo porque éste se borró tras pasarlo al pen drive, pues se trata de un dispositivo que su empresa suele utilizar en otras "operaciones". Asimismo entregó el manual de instrucciones y el cable USB, que sirve tanto para conectarlo al ordenador como de sistema de alimentación para cargarlo.

Toda esa información ha sido requerida por la Guardia Civil para realizar el informe solicitado, cuya finalidad es verificar si el audio está o no manipulado. Alba, en una pericial privada, afirma que es montaje y Ramírez, también con peritos de parte, lo niega.