El Gobierno acepta los fallos que obligan a baremar otra vez el concurso de radios

El Gobierno canario no recurrirá en casación las 22 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificadas hasta ahora, que afectan a 133 frecuencias de radio de las 155 licencias adjudicadas por el Gobierno de Canarias en 2012. Esta decisión supone la repetición de la baremación del concurso público convocado en 2010 por la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del anterior Gobierno dirigido por Paulino Rivero.

Los servicios jurídicos consideran acertados los pronunciamientos esenciales contenidos en las sentencias dictadas hasta ahora, ya que aún quedan más por resolver, y coinciden en su fundamentación y en que la interposición de un recurso "tiene escasos visos de prosperar".

También estiman que el resultado no sería otro que la retroacción de las actuaciones en los términos ya acordados en dichas sentencias. Por ello, consideran que el recurso de casación únicamente supondría "un retardo para proceder a una nueva valoración, lo que afecta a la solución de la cuestión de fondo suscitada", y concluyen "que no procede interponer recurso de casación contra ninguna de las sentencias señaladas".

Sentencia del TSJC

El 24 de junio de 2016 la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia en recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 30/2012, de 4 de abril, por el que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, convocado por la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios en julio de 2010, dirigida por Martín Marrero.

La sentencia se centra en si los criterios de valoración aprobados por la mesa son ajustados a las bases publicadas con la convocatoria del concurso y se considera probado que existieron criterios y subcriterios que fueron improcedentes jurídicamente.

En definitiva, los pronunciamientos de la sentencia, que el Gobierno presume ajustados a derecho, entienden contrario a las bases la introducción por la mesa de valoración de algunos de los subcriterios, lo que supone la vulneración de la vinculación legal que tiene el concurso a las bases, por lo que se ve procedente retrotraer las actuaciones a la fase de constitución de la mesa y evaluación de las ofertas. La retroacción tiene como límite las empresas que hayan licitado en las localidades afectadas.

Por todo ello, el Gobierno estima que la sentencia tiene declaraciones suficientes que, por su acierto jurídico, desaconsejan un recurso de casación. Esto conlleva a que la ejecución de la sentencia produzca como resultado que la mesa pueda asignar la misma puntuación, lo que no afectaría a las licencias otorgadas, o pueda producir un resultado distinto, lo que supondría corregir la actuación erróneamente realizada.

Se entiende por ello que, de forma añadida, la ejecución de la sentencia no perjudica y sí puede suponer beneficio para el interés general y el estado de derecho.

En conclusión, una vez analizado y estimado el contenido de la sentencia del TSJC, primera de las notificadas junto con otras, la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno canario, que dirige José Luis Méndez, participa de las consideraciones expresadas por los servicios jurídicos, para no interponer recurso de casación contra esa sentencia y las de contenido similar, que puedan llegar.

Ofertas

El Gobierno de Canarias resolvió en abril de 2012 el concurso público para el otorgamiento de 156 licencias de radio con modulación de frecuencia. El concurso fue convocado el 28 de julio de 2010 y se aceptaron 642 ofertas concursantes, para concurrir a las 156 licencias que asignó al Archipiélago el Plan Técnico Nacional, aunque se adjudicaron 155, porque en el municipio de Garafía (La Palma) se presentaron solo dos propuestas para las tres frecuencias planificadas, por lo que una quedó desierta. Además, 40 solicitudes fueron inadmitidas porque el despacho de abogados que las representaba lo hizo fuera de plazo y el Gobierno detectó irregularidades que terminaron en los tribunales.

Con el concurso, el Gobierno canario pretendía poner fin a las radios piratas. Las licencias se otorgaron con una duración de 15 años desde la fecha de la formalización de la adjudicación.

Este concurso público fue muy controvertido, pues desencadenó una avalancha de reacciones de rechazo, tanto pública como judicialmente, ya que 486 solicitudes se quedaron fuera y sin frecuencias. La decisión de los tribunales, que no recurre el Gobierno canario, supone la retroacción de las actuaciones e implica que se volverán a valorar las 642 ofertas para obtener las 156 licencias, pero eliminando los criterios que ahora la Justicia considera nulos.